En un duro comunicado conjunto, el G-7 (sin Carbap) consideró "inviable el sistema de cogestión sindical que el proyecto instaura, lesionando el derecho de propiedad". Además, aseguran que fue presentado "de manera intempestiva, sin respetar los compromisos de consulta previa". Además, evaluaron que algunos mecanismos propuestos en el proyecto "atentan contra el clima de paz social".
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