Esta idea se podría proponer también a nivel nacional. La entidad que agrupa a jueces y funcionarios del poder judicial santafesino pedirá al Ministerio de Seguridad de la provincia la creación de un grupo profesionalizado y con capacidad para investigar las amenazas sufridas por magistrados y fiscales que intervienen en causas que comprometen a posibles organizaciones delictivas. La demanda llega después de un año en el cual se sumaron "varias" situaciones de intimidación con el claro objetivo de "amedrentar el accionar de una investigación", advirtió el presidente del Colegio de Magistrados santafesinos, Ariel Ariza.
La conducción del colegio se reunió ayer para terminar de definir los detalles del escrito que presentarán sobre el fin de la semana a los integrantes de la Corte Suprema provincial y a los ministros de Seguridad y Justicia de la provincia.
La idea es que el máximo tribunal acompañe el pedido de jueces y fiscales a las autoridades provinciales, que mostraron haber tomado nota del problema. El ministro de Justicia provincial, Juan Lewis, se adelantó ayer y manifestó que se está trabajando para poner en marcha un nuevo sistema de protección de testigos, querellantes y jueces.
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