La decisión del juez
Daniel Malatesta, único integrante de ese tribunal de alzada, es extensiva al exministro de Comunicación y Cultura durante la gestión Urribarri y actual diputado provincial por el peronismo,
Pedro Báez. Además, alcanza al secretario del bloque de senadores del oficialismo y cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, sindicado como el beneficiario de los fondos que se pagaron en concepto de publicidad. Urribarri, Báez y Aguilera son investigados por la contratación irregular de publicidad a partir de una denuncia que realizó en 2013 el ex diputado nacional por Entre Ríos, el radical
Jorge D'Agostino, que ahora preside el Comité Nacional contra la Tortura. Urribarri y Báez están acusados de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública, por el
desvío de 24,2 millones de pesos.
Los fiscales ya adelantaron que pedirán que sean condenados a ocho años de prisión cada uno. Los hechos investigados ocurrieron entre 2010 y 2015, y refieren a las contrataciones directas de publicidad oficial, que habrían sido "direccionadas" a la empresa de un familiar de Urribarri.
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