El 21 de diciembre de 2016, Odebrecht S.A. anunció la firma de un acuerdo con el Ministerio Público Federal de Brasil, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con la Procuraduría General de Suiza para la resolución de la investigación sobre la participación de la empresa en la realización de actos ilícitos practicados en beneficio de las empresas pertenecientes al grupo económico. Ese acuerdo permitió a las autoridades estadounidenses, suizas y brasileñas tener un detalle minucioso de la macro trama de corrupción armada por Odebrecht en, por lo menos, 28 países con el objetivo de obtener licitaciones de obras públicas a cambio de coimas para presidentes, gobernantes y alcaldes, entre otros funcionarios públicos.
En Uruguay no surgieron pruebas de que se hayan pagado coimas
La vinculación de Odebrecht con la empresa OAS se desvaneció al quedar por el camino la construcción de la regasificadora de Puntas de Sayago de la que estaba encargada. Sin embargo, ya se sabe que el sistema bancario y sociedades offshore instaladas en Uruguay fueron utilizadas para transferencias millonarias provenientes de coimas en Brasil y en Argentina. Gran parte de ese dinero terminó en Suiza. Con la información obtenida por el acuerdo, la Fiscalía de la Confederación Suiza investiga ahora la "conexión uruguaya" con las coimas de Odebrecht. Según datos del Banco Central del Uruguay (BCU), hay por lo menos tres entidades financieros de origen suizo operando en el país bajo zona franca. La Fiscalía de la Confederación Suiza solicitó al juzgado especializado de Crimen Organizado de 4° Turno, cuya titular es la jueza María Helena Mainard, que indague a tres personas vinculadas con bancos extranjeros para que relaten si tuvieron alguna vinculación con transferencias realizadas por Odebrecht, según indicaron a El País fuentes del caso. Mainard prefirió no dar informaciones sobre las identidades de las personas que serán citadas porque entendió que se trata de información reservada entre dos Estados.
Sherkson y Havinsur
Se investigan cuatro transacciones por parte de Odebrecht a las empresas uruguayas Sherkson y Havinsur, que a su vez enviaron los fondos a cuentas suizas que culminaron en manos de ejecutivos procesados por corrupción en Petrobras de Brasil. El fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, envió un exhorto a Argentina para obtener más información, porque no son delitos precedentes de lavado de dinero cometidos en Uruguay. También hay exhortos recibidos de Brasil. Por otra parte, el diario argentino La Nación informó que la sociedad uruguaya del lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez, Sabrimol Trading, recibió más de US$ 10,8 millones entre 2012 y 2014 destinados a pagar coimas a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, que encabezaba Julio De Vido, según surge de nuevos documentos que obtuvo y verificó el matutino en las últimas semanas. Pablo Correa, abogado de "Corcho" Rodríguez en Uruguay, dijo que su cliente no es investigado por la Justicia local. "Y, además, no hay pruebas que lo incriminen. Nunca fue citado a declarar", agregó.
Lava Jato
La constructora Odebrecht formó un cártel con otras grandes compañías que manipularon contratos millonarios con la complicidad de ejecutivos de la petrolera estatal Petrobras. Entre las obras donde se fraguaron los contratos están la Refinería Abreu e Lima, en el estado de Pernambuco, noreste del país, y el complejo petroquímico Comperj, en el este de Río de Janeiro. El caso de las coimas fue descubierto por una investigación realizada por el juez brasileño, Sergio Moro, en una operación conocida como "Lava Jato" (Lavado Rápido).
Repartió sobornos millonarios a políticos
La constructora Odebrecht es una de las tres grandes multinacionales brasileñas junto a Petrobras y la minera Vale y su expansión internacional se inició en la década de los años 1980. En el marco de la causa "Lava Jato" por la que fue condenado Marcelo Odebrecht el propio Lula fue indagado. En la condena del juez Sergio Moro se afirma que Odebrecht utilizó cuentas en el exterior para pagar decenas de millones de dólares en sobornos a políticos de Brasil y en el exterior a cambio de obras. Pero no solo Suiza procura obtener información bancaria de Uruguay. Perú, donde hay expresidentes y dirigentes políticos acusados de recibir coimas millonarias de Odebrecht, está interesada en datos de cuentas utilizadas para transferencias millonarias. El martes 16, la coordinadora del Equipo Legal de la Procuradoría ad hoc de Perú para el caso Lava Jato viajó a Uruguay para participar del interrogatorio al uruguayo Andrés Sanguinetti que fue el contacto de Odebrecht en la Banca de DAndorra (BPA). Según informó Perú21, la dligencia se realizó en la Ciudad de la Costa (Canelones) tras un pedido de los fiscales Carlos Puma y Norma Mori, quienes como miembros del equipo especial tomarán las declaraciones de Sanguinetti sobre presuntas coimas que hizo la constructora a funcionarios peruanos en la BPA.
El 6 de abril de 2018, la Justicia de Andorra liberó a Sanguinetti.
En ese momento, su abogado, Jorge Barrera, informó que Sanguinetti era funcionario de la filial local del banco de Andorra, "por lo que estaba sujeto a subordinación y tenía a tres jerarcas por encima de su puesto de trabajo", motivo por el que "no tenía posibilidad de abrir cuentas y no podía responder por actos en los cuales actuó como subordinado". Luiz Eduardo Da Rocha Soares, un exdirectivo de Odebrecht, exculpó a Sanguinetti de participar en sobornos.
Empresario uruguayo declaró ayer que no trasladó dinero K
Carlos Adrián Calvo, el banquero uruguayo acusado en Argentina de estar vinculado a constructores y financistas kirchneristas, declaró ayer en la Justicia de Crimen Organizado que no trasladó bolsos con dinero hacia Argentina como declaró Lázaro Báez, uno de los hombres de confianza de los Kirchner. Defendido por el penalista Alejandro Balbi, Calvo señaló a la jueza Dolores Sánchez y al fiscal Luis Pacheco que Báez lo acusó de trasladar dinero para justificar un problema fiscal que tenía en su empresa. Calvo señaló que no conoce a Báez y agregó que nunca transportó dinero ni conoce la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, feudo de los Kirchner. Declaró que los dichos de Báez son mentira y advirtió que conocía muy pocos casos de argentinos que quieran ingresar dinero a Argentina y no al revés. Consultado sobre cuántos viajes hizo en promedio a Buenos Aires entre 2010 y 2015, Calvo señaló que se trasladó en alguna oportunidad por su trabajo en el banco Macro, pero que en 2012 y 2013 no viajó al sufrir una dolencia la madre de sus hijos. Agregó que, antes de ese problema, viajaba desde Montevideo a Buenos Aires una vez por mes. Preguntado sobre cuál era su vinculación con Reloway Company, Calvo dijo que esa sociedad es una SAFI (sociedad anónima financiera de inversión) comprada en 1998 a pedido del contador Fernando Butti que trabajaba para Lázaro Báez. Según Calvo, los que compraban esas sociedades eran argentinos y agregó que, en un momento, Butti le trasmitió que Reloway era accionista de una sociedad argentina llamada Badial. Así se llama la constructora de Lázaro Báez. El banquero negó que conociese a otros funcionarios K como José López, Roberto Baratta, Daniel Pérez Gadín y Oscar Centeno, el chofer de "los cuadernos de las coimas".
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