“Sin duda esta afirmación se relaciona a los cuestionados viajes realizados por el ex Gobernador y hechos sometidos a la presente investigación”, señaló Carrió. Además, la líder de la Coalición Cívica citó declaraciones de la ex de Scioli recolectadas de distintos medios tales como “...recibí amenazas...no tengo porqué recibir amenazas. Yo he sufrido un montón con él. No quiero pasarla más mal. Hasta acá llegué” (...) “No me interesa que alguien que se cree que tiene más poder que todos en el país, puede hacer lo que él quiere. Hago este anuncio para protegerme. No hago denuncia porque se que no van a hacer nada” . En el entorno de Carrió, no se han contactado con Berger pero la colega Pía Shaw contó en "Intratables" que la ex de Scioli estaría dispuesta a hablar en la justicia.
Estos son los puntos clave del escrito:
Estas últimas y recientes declaraciones, vienen a sumarse a las reproducidas por la misma cuenta, el pasado día 15 de mayo de 2018 cuando dijo “nunca supe que viajaba como azafata”. La testigo, víctima de amenazas por parte de Daniel Scioli y, en lo referido a lo investigado en esta IPP, al afirmar que no sabía sobre su condición de azafata en los vuelos sometidos a la investigación, no deja margen de duda sobre la legalidad del contenido de su declaración. Atento las expresiones públicas de la nombrada, y a resultas de las que realice en sede de esta fiscalía, disponga el señor Agente fiscal, todas las medidas de seguridad necesarias que garanticen su integridad física y la de su hija. En octubre de 2018, el fiscal Garganta le pidió a la jueza Marcela Garmendia eleve a juicio oral un tramo de la megacausa que investiga corrupción durante el gobierno de Scioli, en la que el ex gobernador está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias. Para el fiscal, Scioli benefició con fondos públicos a la empresa Miller Building, que le pagaba al ex gobernador alquileres millonarios por la locación de un inmueble en Villa La Ñata. "Scioli mantenía una relación personal y comercial con Ricardo Miller (titular de Miller Building) antes, durante y aún después de que el empresario fue beneficiado irregularmente con el otorgamiento de obras públicas para la construcción de centros sanitarios de Unidades de Pronta Atención (UPA) ", señaló Garganta. Durante el proceso, Scioli fue a declarar y presentó escritos. "No intervine directamente en la gestión de los expedientes de las licitaciones, ninguna contratación fue irregular y contaron con la expresa conformidad y ratificación de la Fiscalía de Estado, la Asesoría General de Gobierno y la Contaduría General de la Provincia", señaló. La causa se inició por una denuncia de Elisa Carrió que puso bajo la lupa presuntas "cajas negras" de la gestión de Scioli. En este tramo del expediente, Garganta se enfocó en la construcción de ocho UPA. Junto con Scioli están imputados su ex jefe de Gabinete, Alberto Pérez, el ex ministro de Salud Federico Alejandro Collia, entre otros 47 ex funcionarios y empresarios. La jueza Garmendia, que debe decidir si hace lugar al requerimiento de Garganta y definir si manda a juicio a Scioli y al resto de los imputados, empezó a notificar a los involucrados de a uno a la vez en vez de a todos simultáneamente. Cerca del entorno de Carrió creen que esta decisión de Gardenia podría demorar la posibilidad de que Scioli esté por primera vez en el banquillo de los acusados en 2019, un año electoral.
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