Una “cadena de demoras” para dejar escapar y premiar a Romero en la causa PROFE

El ex ministro de Salud de Ángel Rozas, Jorge Humberto Romero, fue premiado con una prescripción a través de una cadena de demoras que involucró a varios magistrados y funcionarios de la Justicia penal. La puntada final la dio la fiscal de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, Dolly Roxana de los Ángeles Fernández, en la causa en la que con mayor claridad había comprobado el Tribunal de Cuentas que Romero cometió un impactante “fraude contra la administración pública”. Se trata de la causa Programa Federal de Salud (PROFE), en la que se tenía mucha expectativa de que el ex ministro fuera condenado, aunque simbólicamente sólo fuera una mínima reparación para las víctimas, que eran beneficiarios de pensiones no contributivas, que se vieron estafados. Una cadena escandalosa de postergaciones, ausencias por posible enfermedad, inhibiciones de camaristas y un Ministerio Público que nunca se preocupó por advertir la larga hilera de dilaciones oficiales posibilitaron la caída de una de las causas más impactantes iniciadas contra Romero. El CENTRO MANDELA oportunamente intentó comunicarse con la fiscal justamente para evitar que la causa terminara como terminó. Se pretendía transmitirle que impulsara la acusación para que la causa no prescribiera. Se falló en el intento, lo que claramente puso en evidencia que la fiscal Fernández se inclinaba por la caída del expediente, sobre la que se tenía sospecha fundada de que eso podría ocurrir. La causa fue iniciada por un Juez de Instrucción. El fiscal que intervino tenía una función distinta al actual sistema de investigación penal preliminar. Fueron infinitos los tiempos que se tomaron los funcionarios judiciales para evitar la condena del ex ministro. En la impunidad programada quedaron involucrados el Ministerio Público, las Cámaras del Crimen Nº 2 y 3 y el Superior Tribunal de Justicia. Permitieron que venciera el largo plazo para juzgar a Romero. El círculo parecía irreversiblemente cerrado. Las conclusiones de la investigación realizada por el Tribunal de Cuentas fueron contundentes. La Justicia penal comenzó a investigar en 2004. Recién en 2011 la causa contra Romero fue elevada a juicio, o sea diez años después de cometidos los hechos ilícitos en 2001. En definitiva, por el maldito camino de la prescripción se extinguió la causa contra Romero, de manera que nunca más podrá ser juzgado ni condenado por el manejo irregular de los fondos del PROFE. El final de la historia cerró blondamente en el acuerdo entre la juez Zalazar y la fiscal Fernández, que compartieron que “la fecha de prescripción es de marzo de 2018, razón por la cual (…) opera el sobreseimiento total y definitivo por prescripción del Sr. Jorge Humberto Romero”. Conviene señalar que la fiscal Dolly Fernández aspira a ser nombrada juez en los próximos días. El 9 de abril, a las 17, será entrevistada para su “valoración personal”, previo a que el Consejo de la Magistratura la proponga para cubrir la vacante existente en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, espacio que conoce muy bien y en el que se mueve con experiencia y habilidad comprobada.

Fuente: Centro Mandela