También hay intendentes de Chaco; de Santa Fe; de Entre Ríos; de Corrientes y de Córdoba; de Tucumán, Chubut y de Santiago del Estero; de Misiones y La Pampa.
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de 47 actuales y exintendentes, entre ellos 10 de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la megacausa que investiga el uso de fondos públicos para obras medioambientales.
En su fallo, la Sala I, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, confirmó la medida dictada por el juez Claudio Bonadío contra:
Ricardo Casi (Colón); Héctor Olivera (Tordillo); Jorge Eijo (General Belgrano); Gustavo Walker (Pila); Francisco Iribarren (Florentino Ameghino); Marta Médici (Alberti); Ricardo Curetti (Carmen de Patagones); Carlos Racciatti (Lezama); Francisco Durañona (San Antonio de Areco) y Francisco Gutiérrez (Quilmes). Todos estos de provincia de Buenos Aires, pero hay más intendentes del Chaco como Daniel Capitanich (hermano del coqui), también el santiagueño de Añatuya, Julio Castro, y el santafesino de Casilda, Juan Carlos Bacalini.
Los beneficiados con la falta de mérito se encuentran José Inza (Azul); Pablo Zurro (Pehuajó); Alberto Connochiari (Leandro N. Alem); María Giannini de Lafleur (Carlos Tejedor); Walter Torchio (Carlos Casares); Gastón Arias (Brandsen); Néstor Álvarez (Guaminí); Martín Caso (Rojas); Gustavo Trankels (Tornquist); Marcos Fernández (Monte Hermoso); Enrique Tracik (Hipólito Yrigoyen); José Medina (General Arenales); Juan Carlos Bartoletti (General Viamonte); Gustavo Cocconi (Tapalqué) y Francisco Echarren (Castelli).
Asimismo, la Cámara revocó el procesamiento dictado contra el jefe comunal de Carmen de Areco, Marcelo Skansi.
El juez Bonadío investiga el destino de más de 600 millones de pesos durante la gestión kirchnerista, otorgados a alcaldes y exalcaldes para proyectos de reciclado entre 2013 y 2015.
Por la misma causa, en diciembre de 2017, Bonadio había firmado los procesamientos de Fernández y Capitanich, y le dictó la falta de mérito a Abal Medina, aunque ante la apelación del fiscal Carlos Rívolo también quedó procesado.
Igual suerte corrieron ex secretarios de Medio Ambiente como Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; y Andrés Meiszner, ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete.
De acuerdo con la Cámara, la maniobra “apuntó al empleo del marco legal de los PMIGIRSU para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales".
Además, remarcaron que “funcionarios federales, en infracción de los deberes a su cargo, habían facilitado la irregular transferencia de sumas de dinero que, a la par de no haber sido aplicadas para la ejecución de las obras comprometidas, se habrían desviado hacia fines que a la fecha resultan desconocidos".
Los beneficiados con la falta de mérito se encuentran José Inza (Azul); Pablo Zurro (Pehuajó); Alberto Connochiari (Leandro N. Alem); María Giannini de Lafleur (Carlos Tejedor); Walter Torchio (Carlos Casares); Gastón Arias (Brandsen); Néstor Álvarez (Guaminí); Martín Caso (Rojas); Gustavo Trankels (Tornquist); Marcos Fernández (Monte Hermoso); Enrique Tracik (Hipólito Yrigoyen); José Medina (General Arenales); Juan Carlos Bartoletti (General Viamonte); Gustavo Cocconi (Tapalqué) y Francisco Echarren (Castelli).
Asimismo, la Cámara revocó el procesamiento dictado contra el jefe comunal de Carmen de Areco, Marcelo Skansi.
El juez Bonadío investiga el destino de más de 600 millones de pesos durante la gestión kirchnerista, otorgados a alcaldes y exalcaldes para proyectos de reciclado entre 2013 y 2015.
Por la misma causa, en diciembre de 2017, Bonadio había firmado los procesamientos de Fernández y Capitanich, y le dictó la falta de mérito a Abal Medina, aunque ante la apelación del fiscal Carlos Rívolo también quedó procesado.
Igual suerte corrieron ex secretarios de Medio Ambiente como Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; y Andrés Meiszner, ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete.
De acuerdo con la Cámara, la maniobra “apuntó al empleo del marco legal de los PMIGIRSU para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales".
Además, remarcaron que “funcionarios federales, en infracción de los deberes a su cargo, habían facilitado la irregular transferencia de sumas de dinero que, a la par de no haber sido aplicadas para la ejecución de las obras comprometidas, se habrían desviado hacia fines que a la fecha resultan desconocidos".
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