El decreto 297/20 estipuló el confinamiento de las personas, limitaciones a la movilidad y la suspensión de muchas actividades laborales, profesionales, productivas y de servicios, restricciones que continúan al día de hoy en el AMBA y varias provincias. Pero la “prolongación indefinida de la suspensión de actividades” implica una carga materialmente insoportable para el contribuyente lo que transforma en “inaceptable la legitimidad del Estado para continuar con la exigencia de tributos” a ciudadanos y empresas a los que el mismo Estado les impide generar recursos.
“Después de 120 días de prohibición de las actividades de trabajadores y empresas, el cobro de impuestos es confiscatorio de los ahorros y las propiedades”, explicó el diputado Iglesias.
Por ello es que el proyecto suspende la aplicación de los impuestos nacionales (cargas sociales, monotributo, proporcional de impuesto a las ganancias, entre los principales) hasta que se decrete el final de la cuarentena. “La obligatoriedad de tributar en simultaneidad con una prohibición indefinida de las actividades laborales y productivas excede los límites de lo razonable y lo posible“, se fundamenta en el texto, que fue acompañado por las firmas de Soher ElSukaria, Carla Piccolomini, Adriana Ruarte, Waldo Wolff, Pablo Torello, Omar De Marchi, Francisco Sánchez, Alfredo Schiavoni, Álvaro de Lamadrid, Fabio Quetglas y Jorge Enríquez.
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