El Preámbulo de nuestra Constitución es la síntesis del programa de la nación. En doce breves renglones nos dice y le comunica al mundo para qué nos unimos y formamos un Estado-Nación.
“Proveer la defensa común” reza uno de los objetivos, que como todos los otros, son de ejecución continuada y nos obliga a su cumplimiento sin plazos. Siempre nos faltará hacer mucho más para alcanzar metas tan trascendentes.
Como resultado de la decadencia del país – que arrastramos por décadas y que cada día se agudiza más – la defensa, como ‘afianzar la justicia’, ‘la unión nacional’, ‘promover el bienestar general’ y demás proclamas se nos presentan más lejanas.
En la materia de la defensa nacional a la declinación se le aduna una decisión política de debilitarla como concepto y tornarla crecientemente adolescente en orden a sus capacidades.
Y como si algo faltara, le trazaron por ley un deslinde arbitrario para disociarla de la seguridad interior y para maniatarla en caso de ataque exterior pues las fuerzas armadas sólo pueden defendernos en caso de que el agresor sea una ‘Estado extranjero’, ignorando las variopintas amenazas como las bandas transnacionales no estatales o paraestatales organizadas para cometer los más graves y complejos delitos.
Es indudable que este menosprecio por la defensa nacional responde a una motivación ideológica – cuando no a comportamientos inspirados en la venganza- , fogoneados por el fracaso político, social, económico y sobre todo cultural de las fuerzas armadas en el ejercicio del poder político en los setenta. Y, obviamente, todo coronado por la derrota militar en las Malvinas.
A cuarenta años de esas frustraciones, parece llegada la hora de poner un cese al hostigamiento, reubicando a la Defensa nacional en su sitio.
Las tareas de colaboración que realizan las fuerzas armadas con motivo del Covid-19 las han rehabilitado sin necesidad de reformas legales. El alborozo y el respeto que inspira su presencia en las zonas más vulnerables de los conglomerados urbanos es la mejor reivindicación institucional.
Sin embargo, en ese marco el gobierno dio un gran paso atrás al derogar la reforma que había impulsado el presidente Macri en 2018 mediante los decretos 683 y 703 de ese año. La abrogación del actual presidente se formalizó a través del decreto 571/2020 que retrotrae la normativa al DNU de Kirchner 727/2006.
La cuestión no es menor. El decreto de 2006 y su restauración por el de 2020 acotan la respuesta militar a un ataque o amenaza de una fuerza armada de un Estado extranjero. El decreto de 2018, en cambio, autorizaba la respuesta militar ‘ante cualquier forma de ataque extranjero’, extendiendo el eventual despliegue al apoyo en la lucha contra el narcotráfico con base fuera de nuestras fronteras.
La doctrina militar moderna recoge la experiencia de que las agresiones foráneas son más sofisticadas que la que corresponde a las fuerzas regulares de un Estado extranjero. Hoy una banda organizada para cualquier tráfico ilegal posee un poder letal que hasta supera a las capacidades de nuestras FFAA.
Este retroceso se suma al artificioso límite entre defensa nacional y seguridad interior. Es cierto que los militares no se preparan para perseguir malhechores u homicidas, pero existen ciertas zonas grises en las cuales el delito interior requiere por su gravedad, entidad o peligro social de la logística en inteligencia militar como un auxiliar indispensable. Una calamidad – provocada o natural – también reclama del apoyo militar. Esto es lo que la doctrina llama ‘seguridad ampliada’.
La pesca ilegal se lleva 1.500 millones de dólares ante nuestra flagrante indefensión. En momentos de famélicas finanzas públicas, la pasividad con la que se contempló el paso por el estrecho de Magallanes de 30 pesqueros de altura chinos hiere nuestra sensibilidad ciudadana. Este es solo uno de los ejemplos del daño que causa la ideología a nuestros intereses.
Paradojalmente, el presidente se propone demarcar el límite exterior de nuestra plataforma marítima, extendiéndolo acordemente a la Convención del Mar auspiciada por la ONU ¿Será otra ley para la tribuna?
Recientemente Brasil aprobó su Nueva Política de Defensa, dándole el relieve que corresponde. Llamativamente – una lección para los ideólogos vernáculos – en esa política firmada por Bolsonaro sobresale la continuidad de lineamientos que hace una década estableció el presidente Lula.
También en estos días, los británicos hicieron un ejercicio de simulación de la invasión de la isla Weddell perteneciente al archipiélago malvinense. La realidad extramuros nos obliga a repensar integralmente la defensa nacional y la seguridad interior. Las amenazas están. No son fantasmas.
Defensa con la vocación pacífica que es mandato constitucional y decisión estratégica de nuestro país. Pero, la paz exige asegurarla. No es un don que se recibe, sino una situación que se construye.
*Diputado nacional-Vicepresidente de la Comisión de Defensa
“Proveer la defensa común” reza uno de los objetivos, que como todos los otros, son de ejecución continuada y nos obliga a su cumplimiento sin plazos. Siempre nos faltará hacer mucho más para alcanzar metas tan trascendentes.
Como resultado de la decadencia del país – que arrastramos por décadas y que cada día se agudiza más – la defensa, como ‘afianzar la justicia’, ‘la unión nacional’, ‘promover el bienestar general’ y demás proclamas se nos presentan más lejanas.
En la materia de la defensa nacional a la declinación se le aduna una decisión política de debilitarla como concepto y tornarla crecientemente adolescente en orden a sus capacidades.
Y como si algo faltara, le trazaron por ley un deslinde arbitrario para disociarla de la seguridad interior y para maniatarla en caso de ataque exterior pues las fuerzas armadas sólo pueden defendernos en caso de que el agresor sea una ‘Estado extranjero’, ignorando las variopintas amenazas como las bandas transnacionales no estatales o paraestatales organizadas para cometer los más graves y complejos delitos.
Es indudable que este menosprecio por la defensa nacional responde a una motivación ideológica – cuando no a comportamientos inspirados en la venganza- , fogoneados por el fracaso político, social, económico y sobre todo cultural de las fuerzas armadas en el ejercicio del poder político en los setenta. Y, obviamente, todo coronado por la derrota militar en las Malvinas.
A cuarenta años de esas frustraciones, parece llegada la hora de poner un cese al hostigamiento, reubicando a la Defensa nacional en su sitio.
Las tareas de colaboración que realizan las fuerzas armadas con motivo del Covid-19 las han rehabilitado sin necesidad de reformas legales. El alborozo y el respeto que inspira su presencia en las zonas más vulnerables de los conglomerados urbanos es la mejor reivindicación institucional.
Sin embargo, en ese marco el gobierno dio un gran paso atrás al derogar la reforma que había impulsado el presidente Macri en 2018 mediante los decretos 683 y 703 de ese año. La abrogación del actual presidente se formalizó a través del decreto 571/2020 que retrotrae la normativa al DNU de Kirchner 727/2006.
La cuestión no es menor. El decreto de 2006 y su restauración por el de 2020 acotan la respuesta militar a un ataque o amenaza de una fuerza armada de un Estado extranjero. El decreto de 2018, en cambio, autorizaba la respuesta militar ‘ante cualquier forma de ataque extranjero’, extendiendo el eventual despliegue al apoyo en la lucha contra el narcotráfico con base fuera de nuestras fronteras.
La doctrina militar moderna recoge la experiencia de que las agresiones foráneas son más sofisticadas que la que corresponde a las fuerzas regulares de un Estado extranjero. Hoy una banda organizada para cualquier tráfico ilegal posee un poder letal que hasta supera a las capacidades de nuestras FFAA.
Este retroceso se suma al artificioso límite entre defensa nacional y seguridad interior. Es cierto que los militares no se preparan para perseguir malhechores u homicidas, pero existen ciertas zonas grises en las cuales el delito interior requiere por su gravedad, entidad o peligro social de la logística en inteligencia militar como un auxiliar indispensable. Una calamidad – provocada o natural – también reclama del apoyo militar. Esto es lo que la doctrina llama ‘seguridad ampliada’.
La pesca ilegal se lleva 1.500 millones de dólares ante nuestra flagrante indefensión. En momentos de famélicas finanzas públicas, la pasividad con la que se contempló el paso por el estrecho de Magallanes de 30 pesqueros de altura chinos hiere nuestra sensibilidad ciudadana. Este es solo uno de los ejemplos del daño que causa la ideología a nuestros intereses.
Paradojalmente, el presidente se propone demarcar el límite exterior de nuestra plataforma marítima, extendiéndolo acordemente a la Convención del Mar auspiciada por la ONU ¿Será otra ley para la tribuna?
Recientemente Brasil aprobó su Nueva Política de Defensa, dándole el relieve que corresponde. Llamativamente – una lección para los ideólogos vernáculos – en esa política firmada por Bolsonaro sobresale la continuidad de lineamientos que hace una década estableció el presidente Lula.
También en estos días, los británicos hicieron un ejercicio de simulación de la invasión de la isla Weddell perteneciente al archipiélago malvinense. La realidad extramuros nos obliga a repensar integralmente la defensa nacional y la seguridad interior. Las amenazas están. No son fantasmas.
Defensa con la vocación pacífica que es mandato constitucional y decisión estratégica de nuestro país. Pero, la paz exige asegurarla. No es un don que se recibe, sino una situación que se construye.
*Diputado nacional-Vicepresidente de la Comisión de Defensa
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