El Diputado Nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC)
y presidente del Partido UNIR, junto a los Diputados Alicia Terada;
Héctor Stefani; Pablo Torello; David Schereth y Adriana Ruarte proyecta
la extinción de dominio de los condenados por corrupción luego de que el
proyecto original de Ley de Extinción de Dominio original perdiese
estado parlamentario al no obtener tratamiento hasta la finalización del
período ordinario de sesiones del año parlamentario 2019.
Asseff explica que “el proyecto lleva así más de tres años de trámite
legislativo sin resolución, por lo que, ante la necesidad de otorgar a
la Justicia herramientas eficaces para desfinanciar a las organizaciones
criminales y resguardar el patrimonio estatal y atento que dicha
normativa ejecutiva fue declarada invalida por la Comisión Bicameral de
control permanente, presentamos este proyecto de ley con respuestas
superadoras a las modificaciones introducidas por la Cámara alta, como
así también actualizando y reviendo todo aquello que ha trabado y
perjudicado el trámite ordinario”.
La norma propuesta por el Titular del Partido UNIR busca la extinción de dominio a favor del Estado Nacional de bienes incorporados
al patrimonio del demandado con posterioridad a la fecha de presunta
comisión del delito investigado que, por no corresponder razonablemente a
los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representar un
incremento patrimonial injustificado, permitan considerar que provienen
directa o indirectamente de una acto delictivo.
El Diputado de JxC explica que el destino de lo producido por los bienes sometidos a la acción de extinción de dominio ingresará a rentas generales de la Nación salvo cuando exista una asignación específica para su uso.
“La extinción de dominio constituye un instituto jurídico, autónomo e
independiente de cualquier otro proceso, dirigido a eliminar el poder y
capacidad de la delincuencia. La corrupción y los delitos contra la
Administración Pública, el narcotráfico, la trata de personas, el
terrorismo y demás delitos graves afectan el normal funcionamiento de
las instituciones democráticas y republicanas, causando enormes pérdidas
para el Estado, en todas sus dimensiones, que, en definitiva, resultan
en mayores costos para los ciudadanos”. Concluye Asseff.
Link:
https://drive.google.com/file/d/1dkDwh-f2tOGQwt7DxtVs482WaQ_nh2sO/view?usp=sharing
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