Por Miguel Ángel Pichetto
El Gobierno ha hecho saber que espera contar con el apoyo de la oposición en la negociación de un nuevo acuerdo con el FMI, que podría incluir una propuesta para flexibilizar las reglas vigentes del organismo, en particular las que impiden extender los vencimientos más allá de los diez años. Al mismo tiempo, insiste en culpar al gobierno anterior del endeudamiento público existente, dispensando –implícitamente– de toda responsabilidad a quienes lo precedieron.
Frente a afirmaciones de este tenor, cabe precisar algunas cifras, utilizando como base las fuentes oficiales. En primer lugar, la deuda pública actual, según la última información disponible a febrero de 2021, asciende a 334.861 millones de dólares, la mitad originada en gobiernos previos a 2003, un 32% en los gobiernos de Kirchner y Fernández, y un 18% en el gobierno de Macri. Por otra parte, durante la vigencia del stand-by, entre marzo de 2018 y septiembre de 2019, la deuda con los privados se redujo en más de 17 mil millones, y los fondos obtenidos se utilizaron para cancelar deuda –mejorando su perfil en términos de tasas y plazos–, financiar el déficit fiscal inercial –creciente desde 2010– e inversión pública. Ha sido un grave error denunciar el acuerdo en la justicia, cuando es claro que se trata de un acto de administración de gobierno, no judiciable, que involucra al mismo tiempo a funcionarios del Fondo, perjudicando la posición del país en la negociación de un nuevo acuerdo.
Si bien la firma de un nuevo acuerdo con el FMI no sería necesaria para hacer frente a los vencimientos del stand-by de este año, que podrían asumirse con el excedente producto de los mayores precios de la soja y el maíz, y con los nuevos DEG que distribuirá el propio Fondo para hacer frente a los efectos de la pandemia en todo el mundo, facilitaría una nueva renegociación de la deuda del Club de París, que tiene también importantes vencimientos este año, y evitaría los costos asociados a un nuevo impago de esta deuda.
Este nuevo acuerdo con el Fondo, en forma de Facilidad Extendida, es un paso inevitable en el proceso de normalización de las finanzas públicas y de la macroeconomía, iniciado durante el Gobierno anterior, y su aplazamiento sólo puede conllevar mayores costos para la economía argentina. Más allá de permitirle extender los plazos de pagos, ayudaría a poner en orden las finanzas y encontrar un camino para detener el proceso inflacionario actual.
Para ello, tendría que reducir considerablemente el déficit fiscal con medidas dirigidas a contener el gasto improductivo, disminuir sensiblemente el déficit de las empresas públicas, implementar políticas tarifarias razonables, que disminuyan los subsidios del Estado y promuevan la inversión, eliminar los controles de precios que van llevando progresivamente a una desaparición de la oferta o a la pérdida de la calidad de los productos afectados; y eliminar los planes sociales permanentes o sin contraprestación, que explican en parte que, en el curso del último año se hayan retirado del mercado de trabajo, según datos recientes del INDEC, unas 420.000 personas.
Además, un Acuerdo de Facilidades Extendidas permitirá al Gobierno plantear a la sociedad la necesidad de encarar reformas de fondo en la legislación: cambios en las leyes laborales, cuya aplicación ha hecho que el empleo informal sea superior al empleo “en blanco” y deje a millones de trabajadores fuera del sistema previsional; una transformación tributaria, que ponga en orden las decenas de impuestos, tasas y otras gabelas que, a nivel nacional, provincial y municipal, desalientan o impiden la inversión y por ende la creación de trabajo; y una reforma sostenible del esquema previsional que, bajo su formato actual, condena al conjunto del sector pasivo a la pérdida progresiva de sus ingresos reales y genera el principal rubro del déficit fiscal.
La Argentina requiere de acuerdos políticos estratégicos, que trasciendan las necesidades coyunturales de los gobiernos de turno, contemplen como principio fundacional el orden fiscal y permitan construir una arquitectura institucional para el futuro, con el propósito de posicionar al país en una trayectoria de crecimiento estable que elimine, de una vez y para siempre, cualquier posibilidad de volver a caer en el mundo oscuro de los ciclos de endeudamiento y default, de la inflación persistente, y del empleo precario y la pobreza estructural.
Miguel Ángel Pichetto
Auditor General de la Nación
Fuente: Diario 26
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