Catarata de amparos en Sociales

Luego de reclamar por más de 2 años sus títulos universitarios y sin obtener respuesta por parte de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA, 80 Graduadxs sin papeles presentaron sendos Recursos de Amparos ante el Rectorado exigiendo vía judicial lo que en lo administrativo no tuvo resolución.

Si bien, hubo reuniones con las autoridades, la decana Carolina Mera el 11 de marzo de este año habia prometido que se entregarían los títulos adeudados y se regularizarían los trámites, promesas que no fueron cumplidas. Esta problemática que estaría perjudicando cerca de 1200 alumnos repercutiría negativamente en una posible reelección de la decana, “hay mucha insatisfacción por la inoperancia política y ciertos gestos hacia la comunidad educativa”.

“Vemos un patrón claro para los que hacemos el amparo inmediatamente se mueven nuestros papeles en el sistema SIET, pero para los que no lo hacen el trámite queda stand bye”, comenta Denise Sanviti, graduada en Ciencias Políticas que viene desde octubre de 2019 solicitando su título. Como también aclara que “no está en contra de la UBA sino todo lo contrario, agradece, pero se necesitan los títulos, ya que muchos alumnos no accedieron a trabajos o maestrías y se estarían violando los derechos estudiantiles”. Sanviti, que forma parte de Graduadxs sin papeles y que vienen reclamando colectivamente, tuvo una sentencia favorable del Juez que intimó a la UBA a cumplir la entrega de los títulos en un corto plazo.

Según la ley 26.002/2005 que modifica el art. 40 de la ley N° 24.521/95 de Educación Superior sobre Régimen de Títulos, debería no demorar no más de 120 días a partir del inicio del trámite por parte del estudiante, pero las demoras llevan más de 1 ó 2 años pre pandemia y empeoró durante la pandemia de Covid-19.

Cada recurso de amparo con honorarios cuesta aproximadamente. entre 35.000 – 80.000 pesos que deberá asumir la UBA. Y no solo estaría sucediendo en Sociales, sino que también se están sumando amparos de Psicología, Económicas, Filosofía y Letras de la UBA. De las Artes, Universidad de San Martín y UTN.

“Tenemos cerca de 170 amparos de varias facultades y los fallos están sentando precedente para otros alumnos de las universidades nacionales”, señala el abogado Christian Ferras Senestrari, patrocinador de los mismos. “No se explica que la justificación del Rectorado sea que por tener 300.000 alumnos y 17.000 graduados por año no logran expedir títulos, la pandemia se convirtió en el chivo expiatorio para las demoras, ya que la mitad de los amparos datan de mediados del 2019 mucho antes de la declaración de pandemia”. Y refiere que la ley 26.002 es del 2005 y que desde 16 años se sabe que corresponde exclusivamente a las instituciones universitarias otorgar el título de grado de licenciado y títulos profesionales equivalentes, así como los títulos de posgrado de magister y doctor, los que deberán ser expedidos en un plazo no mayor a los ciento veinte días corridos contados a partir del inicio del trámite de solicitud de título.

Si bien estos primeros fallos se resuelven en Primera Instancia, la UBA no apela las sentencias ya que están en incumplimiento, pero si apelan los honorarios, entonces entregan rápidamente títulos para deslindarse de responsabilidades. 

Exfuncionario Boudou dará seminario en Sociales

Amado Boudou, quien cumple con arresto domiciliario por una condena en el caso Ciccone por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, fue invitado a participar de un seminario dictado por la carrera de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA que lleva el nombre “El periodismo argentino en su laberinto: guerra mediática y jurídica, operaciones políticas, noticias falsas y otras delicias de la independencia”, el próximo 3 de mayo de 2021. Se trata de un programa dictado por los profesores Gustavo Bulla y Daniel Rosso (fuente La Nación).

Tanto Profesores Republicanos como Abogados en Acción manifestaron y repudiaron la presencia en las aulas de la UBA por personas condenadas por delitos de corrupción por parte de la Justicia. 

Por Alejandra Passarelli