¿Qué es la movilidad eléctrica y qué desafíos presenta?

      
De mano del crecimiento de la extracción de litio en la Argentina, la movilidad eléctrica cada vez toma más importancia.

La producción de vehículos eléctricos da sus primeros pasos en el país y desde el Ministerio de Desarrollo Productivo están haciendo las últimas correcciones al proyecto de ley de movilidad sustentable. La transición energética está anunciada y muchas organizaciones plantean sus dudas y cuestionamientos sobre cómo se llevará adelante y bajo qué controles.

Argentina, junto a Bolivia y Chile, posee la mayor reserva mundial de litio, el elemento base para la transformación energética que propone llevar adelante el Gobierno nacional. La electromovilidad apunta a dejar de producir autos a combustión y pasar a fabricar vehículos eléctricos con baterías a base de litio.

Muchos son los actores afectados e intereses puestos en juego ante esta revolución emergente en la industria. Mientras que para unos es una apuesta hacia una movilidad más sustentable y un impulso productivo, otros resisten al proyecto y piden más atención al impacto ambiental que genera la actividad minera.

También están quienes insisten en la necesidad de trazar líneas de trabajo conjuntas que hasta hoy nunca se encararon. Hay 170 investigaciones del Conicet en desarrollo sobre el litio, de las cuales alrededor del 60% son sobre baterías recargables. Además, desde 2013 la Fundación InnovaT administra siete convenios para producir baterías de litio. Sin embargo, la explotación primaria del mineral, que se realiza desde hace más de 20 años en el país, como la industria nacional y la investigación científica permanecen hasta hoy totalmente desvinculadas entre sí.
El litio, el bien más codiciado

A medida que el mundo avanza con la adopción de la propulsión eléctrica para la movilidad, las baterías a base de litio cumplen un rol fundamental.

El litio, también rebautizado como “oro blanco”, es un material ligero utilizado para fabricar celdas de baterías que permiten almacenar energía. “Hay otros elementos que cumplen la misma función, pero las celdas construidas con litio tienen un mejor rendimiento, permiten una recarga más rápida y provocan menos contaminación, entre otros beneficios”, explica Damián Andrieu, director de la carrera de Ingeniería en Transporte de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Este tipo de baterías requieren una carga eléctrica, por lo que su uso implica disponer toda una infraestructura que pueda generar y distribuir energía en cada terminal.

“En la medida que la generación eléctrica se realice con centrales térmicas que utilizan combustibles fósiles, carece de sentido iniciar un proceso de reconversión completo de la flota del transporte, por lo menos en el AMBA. En otras partes del país puede resultar más factible. En lo que son vehículos híbridos, que combinan un motor a combustión interna y motores eléctricos con baterías, sí ya se encuentran avances muy significativos”, agrega Andrieu.
Los autos eléctricos que se fabrican en el país

En el país ya se desarrollan cuatro modelos de autos eléctricos: Tito, Hamelbot, SeroElectric y Volt Motors. Los valores oscilan entre los US$ 7.000 y US$ 15.000, según la gama. Y hay producción de otros vehículos como motos, monopatines y hasta triciclos eléctricos para el traslado de cargas.

En el documento “La transición hacia la electromovilidad”, realizado en abril de este año por el Consejo para el Cambio Estructural para el Ministerio de Desarrollo Productivo, se estima que la micromovilidad (bicicletas, monopatines, motos, city-cars) será una producción de alto alcance ya en 2025, mientras que los vehículos de transporte público urbano y utilitarios livianos (también de alcance urbano) ingresarán al mercado con más fuerza en una segunda ola de la “curva de electrificación”, calculada para el 2030.

 
Estrategias y políticas adecuadas

Mientras que la industria de vehículos eléctricos da sus primeros pasos en el país, el gran desafío es delinear estrategias y políticas industriales específicas, basadas en los saberes y capacidades tecnológicas disponibles, que promuevan un desarrollo de la industria automotriz más sustentable.

En ese sentido, Andrieu asegura que “estamos en un proceso incipiente, con numerosas iniciativas nacionales serias” y señala que lo deseable “es que encontremos un esquema que nos permita desarrollar un transporte sustentable, con bajo impacto contaminante, de bajo costo y alta accesibilidad y conectividad, y para eso puede resultar adecuado la utilización de distintas tecnologías en diferentes partes del país”. Para el ingeniero también sería interesante avanzar hacia una “red inteligente” que priorice el transporte público colectivo y desaliente el uso del automóvil particular.
El Estado como garante

“Lo más importante es dimensionar que esta transición energética, que pensamos que es deseable y necesaria por la crisis climática y ecológica, no está libre de situaciones de injusticia y de fuerte impacto ambiental“, manifiesta Ana Julia Aneise, licenciada en Economía y militante de Jóvenes por el Clima.

Aneise considera que el Estado debe asumir un rol clave en la regulación y en la intervención de la transición, como garante de un proceso que tiene que ser transparente y justo. “El litio es un material estratégico y necesario para la producción de baterías, que está muy concentrado en un área geográfica donde residen comunidades ancestrales, que viven una enorme presión geopolítica y una inequidad de poder muy grande”, señala.

Todo proceso productivo afecta al ambiente. Y en este sentido, la ambientalista considera que falta información sobre el tipo de transición energética que se pondrá en marcha. “¿De qué magnitud será esta transición? Porque una cosa es una transición hacia la electromovilidad basada en transporte público, que es lo que la comunidad científica recomienda, y otra es una transición para seguir con el paradigma de autos particulares y una dinámica de acumulación del capital y expansión sin límites donde no hay planeta que alcance”, afirma Aneise.
La resistencia del Norte

La extracción de litio ya lleva más de dos décadas en el Norte del país, puntualmente en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy. Son muchas las comunidades que están en vilo, resistiendo a la actividad y que denuncian que hasta han debido trasladarse al secarse los ríos por el uso del agua por parte de las minerías.

“Para extraer litio se utiliza tanto el agua de las salinas como el agua dulce de los ríos. Esta actividad está generando un desequilibrio hídrico del salar y destrozando el humedal. Utilizan miles de millones de litros de agua que no se recuperan, están alterando todo el ecosistema. En el Salar del Hombre Muerto (en Catamarca) ya han secado 11 kilómetros de vera del Río Trapiche y empezaron a tomar agua del arroyo Los Patos. Esto es un daño irreversible”, afirma Verónica Gostissa, abogada y miembro de Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PUCARA).

Gostissa sostiene que “no se están respetando las legislaciones. No hay consultas públicas, porque saben que en estas zonas no hay licencia social. No se realizan controles, el gobierno provincial está aprobando todo tipo de actividad, sin ningún límite. La Ley General de Ambiente está vulnerada, los tratados internacionales están vulnerados. Esto está destruyendo el ambiente y las economías regionales porque aniquila la agricultura, la ganadería, el turismo”.

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