Manifestantes antivacunas Covid -19 reclamaron ayer frente a la sede central del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en CABA, la obligatoriedad del pasaporte sanitario COVID-19 que el gobierno quiere imponer a cuenta gotas.
El repudio refiere al DNU 678/2021 del presidente Alberto Fernández, entre otras medidas, que implica la “segregación y discriminación a aquellas personas NO vacunadas”. El mismo caracteriza ciertos espacios o actividades que suponen riesgos epidemiológicos y sanitarios. Tales como viajes de egresados, jubilados, discotecas, salones de fiestas con esquema completo de vacunación o en espacios al aire libre (fútbol, deportes, etc.) con al menos una dosis de vacuna aplicada 14 días antes del evento. En su art 6, regula la presencialidad laboral con dispensas a aquellos grupos de riesgo, pero abre la posibilidad futura a un compromiso negativo de algún puesto laboral.
“La gente tiene derecho a decidir que le meten en el cuerpo, inocularse con este experimento transgrede los tratados de bioética y derechos humanos (UNESCO 2005), por eso le preguntamos al INADI si desconoce la Declaración Universal”, reclama Ernesto.
Y recrimina a Victoria Donda, titular del INADI (intitulado “Instituto Fantasma”) por su inacción y no defender los derechos y garantías de los argentinos porque “ya hay casos de discriminación para seguir trabajando (despidos), alquilar una vivienda, asistir a espectáculos sociales y populares, etc.”.
Estos manifestantes sostienen que la “segregación y la discriminación comenzó y no tienen pensado detenerla, sabiendo que está prohibido ejecutar terapias experimentales en humanos luego de la 2da. Guerra Mundial, según el Código de Nüremberg”, argumenta.
Por Alejandra Passarelli
No hay comentarios.:
Publicar un comentario