Las Uniones Industriales del NOA y del NEA (Uninoa) manifestaron su rotundo rechazo a la Ley de alimentación saludable aprobada recientemente por el Congreso.
Desde la Uninoa afirman que detrás de esta intención de prevenir y combatir las Enfermedades No Transmisibles (ENT) mediante la implementación de octógonos en los envases, hay aspectos que perjudican al sector e impiden el correcto funcionamiento del rubro y de las normas bajo las cuales se rige.
En primer lugar, la ley avasalla las autonomías de las provincias ya que, según afirman, “son las que deben legislar en materia de alimentación. Por esa razón, existe la CONAL (Comisión Nacional de Alimentos), único órgano competente en el tema y donde se deben tomar las decisiones por unanimidad. La CONAL tiene avanzado un proyecto de etiquetado frontal de alimentos con acuerdo de las provincias y el Gobierno Nacional”.
En segundo lugar, la implementación de la ley impide lograr una norma armonizada en el Mercosur, como la que rige actualmente. Además, afirman que desde Cancillería se hizo un pedido explícito, al cual se le hizo caso omiso y, por tanto, “es un claro perjuicio para la industria argentina, porque los países del bloque son el principal destino de los alimentos que se exportan”.
Tercero, esta ley significa una resignación de la soberanía nacional ya que se adopta el perfil de nutrientes de la OPS y, por tanto, “la Argentina no podría rectificarlo ante evidencias futuras que recomienden su revisión y tendrá que pedirle a la OPS que lo haga”.
Además, Uninoa considera que esta norma es parcial ya que no incluye a bebidas alcohólicas y harinas, causantes de las ENT. También, afirman que propicia la sustitución del azúcar por edulcorantes artificiales e importados, que sólo deben tener una leyenda en lugar de un octógono de exceso a la Ingesta Diaria Admitida de cada uno de ellos.
Por último, con esta norma "se atenta y demoniza a la producción de azúcar", principal actividad económico-productiva del norte argentino que emplea a más de 60.000 personas de forma directa y 170.000 de forma indirecta.
Por todo ello, Uninoa emitió un comunicado en el que rectifica su postura en contra de la ley.
Fuente: El Economista
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