“Queremos que un juez federal tome nuestra denuncia”, reclamó Patricia, mamá de Franco Isorni, víctima de la violencia institucional por las fuerzas de seguridad santiagueña que desde agosto de 2020 exige incansablemente por “Justicia y Esclarecimiento” de la muerte de su hijo. Patricia pide saber porque “le sacaron el corazón a Franco” luego de la segunda autopsia y porque “profanaron su tumba cambiando pruebas contundentes”.
Por tantos motivos fueron recibidos hoy por los diputados Mónica Frade y Rubén Manzi del bloque de la Coalición Cívica, en el Congreso Nacional para exponer frente a una audiencia parte de los 33 casos que viene denunciando el Comité de Lucha contra la Injusticia y la Impunidad de Santiago del Estero.
En el encuentro Patricia Isorni junto a los padres de otras víctimas: Clara Bravo (Añatuya) y Felipe Jaimes (Loreto) expusieron sus respectivos casos, denunciando: irregularidades, persecuciones, hostigamientos, encubrimiento policial, judicial y político, desaparición de pruebas entre otras denuncias.
Estos familiares que integran las ahora, Familias del Dolor harán también la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya que cuentan con suficientes pruebas. Tal es el Caso Franco Isorni que deja entrever una relación ya que “existe una asociación delictiva de venta de estupefacientes de civiles, policías y funcionarios públicos en la cual se admiten estos hechos de impunidad y encubrimiento que se consumaron y comprometen a funcionarios públicos”, responsabiliza Patricia. Más específicamente, “la policía santiagueña como autor material, a la secretaría de Seguridad Ciudadana como responsable de la adulteración de las cámaras de filmación callejera, al Ministerio Público Fiscal por no ordenar la investigación correspondiente y de no preservar las pruebas ni examinar las irregularidades denunciadas con anterioridad”, aseguró.
Por Alejandra Passarelli
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