El gobierno analiza terminar los contratos con YPFB por que no cumple con la provisión acordada y se niega a reformularlos.
El apoyo militante que Alberto Fernández le ofreció a Evo Morales y su candidato y ahora presidente, Luis Arce, no parece haber impactado de manera positiva en el tema más importante que la Argentina tiene con Bolivia: la provisión de gas.
En la Secretaría de Energía se está terminando la paciencia porque Bolivia no sólo incumple el contrato en curso, sino que además se niega a reformularlo a una escala que pueda cumplir. No se trata de una decisión inocente: mantener la actual escala obliga a la Argentina a desembolsar sumas muy importantes por un gas que no recibe.
Las negociaciones se cursan a través de la estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la argentina IEASA (ex Enarsa). Es decir, son de Estado a Estado en los hechos.
Argentina pretende que Bolivia firme adenda al contrato de compraventa de gas natural vigente desde octubre del año 2006, para adecuarlo a un rango que Bolivia cumpla y de esa manera poder ordenar su planificación de suministro de energía.
La idea del Gobierno es garantizar los mínimos fijados por la Secretaría de Energía para este año, insertando la porción que corresponde al gas boliviano en una proporción realista y efectiva.
La última adenda al contrato -ya se renegoció cinco veces- que finalizó en diciembre implicaba un suministro diario de 10,7 millones de metros cúbicos en verano y 18 millones de metros cúbicos en invierno. Estos volúmenes son a su vez una renegociación del contrato del 2020 que establecía un suministro diario todo el año de 21,3 millones de metros cúbicos diarios.
Pero incluso este rango ajustado, Bolivia lo viene incumpliendo en una escala tan grande, que en algunos tramos llegó a bajas diarias de 2 millones de metros cúbicos.
Para el Gobierno es un problema importante porque la falta de provisión de Bolicia lo obliga a salir a buscar el faltante en el mercado a precios más alto y con un desembolso inmediato de dólares, que no abundan.
De hecho, el ala más dura en la negociación propone transferirle directamente a YPFB el costo que se pague de más para terminar de completar la provisión que Bolivia no está cumpliendo.
Lo paradójico es que la Argentina tiene más gas del que puede utilizar en Vaca Muerta -de hecho exporta a Chile-, pero no puede abastecer el norte argentino por la demora en construir el gasoducto Néstor Kirchner. En noviembre del año pasado, el presidente Alberto Fernández anunció que se iban a destinar 400 millones de dólares del Tesoro para empezar de manera inmediata su construcción, pero a meses de ese anuncio sigue sin firmar el decreto para licitar las obras.
Las provincias más afectadas por la demora en concretar esta obra estratégica son Salta y Tucumán, que siguen dependiendo del gas boliviano para hacer funcionar sus centrales de geneneración eléctrica.
Es imposible minimizar la importancia de este gasoducto y es curioso que en el exterior parecen tenerlo más claro que en el propio Gobierno. El actual presidente de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorgathen, tuvo que salir a tranquilizar a sus compatriotas por televisión sobre el eventual impacto de esta obra, que permitiría abastecer con mayor facilidad a Brasil, en las exportaciones bolivianas de gas.
"Si el gasoducto de Vaca Muerta entraría a competir en Brasil, no quitaría nada al mercado boliviano, ya que contamos con un espacio estable en el mercado brasilero", dijo el funcionario de Bolivia, que por ahora se beneficia de la morosidad del gobierno argentino para concretar obras estratégicas.
Fuente: LPO
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