El Ministerio Público Fiscal presentó a última hora de la tarde de este jueves la apelación al sobreseimiento dispuesto el martes por el juez de Garantías Mauricio Marcelo Mayer al exgobernador Sergio Daniel Urribarri, y dos de sus exfuncionarios implicados en una megacausa por cohecho (coimas), fraude a la Administración Pública, peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, Miguel Ulrich y Carlos Haidar, pero en la que también está investigado el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, que supo ser contratista del Estado provincial en la provisión de software.
En esa causa está imputado el hijo de un vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el integrante de la Sala 2 Civil y Comercial, Juan Ramón Smaldone. Se trata del exministro de Trabajo de Urribarri, Guillermo Smaldone. La causa está carutlada “Urribarri, Sergio D.; Cardona Herreros, Diego A.; Smaldonde, Guillermo; Erbes, Luis Alfonso; Haidar, Carlos Marcelo; Ulrich, Miguel Ángel; Flores, José Humberto; Campitelli, Alfonso José; Zanabone, Jorge Adrián s/Cohecho, fraude en perjuicio de la Administración Pública, peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
El viernes 29 de abril –después de la audiencia en la que Urribarri, Ulrich y Haidar, a través de sus defensores, pidieron el sobreseimiento– los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano presentaron al juez Mayer el escrito de remisión de la causa a juicio oral. “De acuerdo con lo normado (…), y habiéndose recibido a los imputados la declaración (…), estando cumplimentadas las principales y necesarias diligencias en cuanto a la Investigación Penal Preparatoria se refiere, la cual se encuentra agotada y completa, y contando con elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible de los imputados en los hechos que oportunamente les fueran intimados, venimos por el presente a formular requerimiento de remisión de la presente causa a juicio, conforme a los fundamentos de hecho y derecho que a continuación se exponen”, dice la presentación fiscal.
En uno de los hechos imputados, el Ministerio Público Fiscal reprocha a Urribarri que “en su calidad de Ministro de Gobierno primero, y luego como Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, desde el mes de enero de 2007 aproximadamente, con el fin de generar un lucro ilícito para sí mismo y para Diego Armando Cardona Herreros, accionista y presidente de la firma Relevamientos Catastrales S.A., con quien lo unía una estrecha relación de amistad, se interesó en favorecer a esta última propiciando su contratación a fin de desarrollar e implementar software para la Administración Pública Provincial de Entre Ríos. En tal cometido, vinculó a Cardona Herreros con funcionarios del gobierno de Entre Ríos (Carlos M. Haidar, Director de Informática de la Provincia, Miguel Angel Ulrich, Director General de Ajustes y Liquidaciones, José Gervasio Laporte, Secretario Legal y Técnico de la Provincia, Luis Alfonso Erbes, Subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia, Humberto Flores, Secretario de Hacienda de la Provincia) e instruyó a estos para que aportaran información anticipada y gestionaran dichas contrataciones a favor de Cardona y su empresa, que se vio económicamente favorecida, pagando la Provincia sobreprecios en cada contratación, que fueron utilizados para realizar pagos a los funcionarios intervinientes, en contraprestación por la realización por gestiones pertinentes y actos relativos a sus funciones”.
Son cinco hechos que investigó la Fiscalía, un voluminoso expediente judicial que, en opinión del fiscal Gonzalo Badano, contiene prueba incriminatoria 14 veces más importante que en el megajuicio en el que Urribarri terminó condenado a 8 años de cárcel. Pero el juez Mayer puso un primer freno a la investigación penal: dictó el sobreseimiento de tres de los investigados. “Si a una persona la sometemos a un proceso penal y el tiempo (de la investigación penal) se elonga en el tiempo en demasía, lo que sucede es que se frustra el valor justicia, porque, como dicen los autores, una justicia lenta no es justicia”, dijo el juez Mayer en las declaraciones radiales. “A un proceso penal la persona imputada lo transita protegido por el principio de inocencia. No tiene que demostrar el estado de inocencia. Es el Estado el que debe demostrar la culpabilidad”, agregó.
Uno de los argumentos que utilizó el magistrado es un fallo de diciembre de 2021 que dictó la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y que pone límites a la investigación del Ministerio Público Fiscal.
El caso
La causa coimas investiga de qué modo a partir de 2007, cuando Urribarri era ministro de Gobierno del exgobernador Jorge Busti, y luego durante sus dos gestiones como titular del Poder Ejecutivo, “con el fin de generar un núcleo ilícito, favoreció a Relevamientos Catastrales”. Lo hizo mediante maniobras para permitir que esa firma lograse quedarse con las distintas licitaciones para la adquisición de software en la provincia. La imputación dice que Urribarri realizó “acuerdos con Cardona Herreros y ordenó a funcionarios que aportaran información anticipada, y que gestionaran la contratación a favor de Cardona Herreros”. En esas maniobras, señala la imputación fiscal, hubo cobro de sobreprecios que sirvieron, después, para el pago de sobornos a funcionarios.
Con el aval de Urribarri, Cardona logró contratos importantes en el Estado entrerriano: primero, con el Ministerio de Trabajo, en tiempos de Smaldone, por $19 millones, para la instrumentación de un software. A través del decreto N° 20, de enero de 2014, se contrató la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral” para la cartera a su cargo. El acuerdo finalizó en el 2016 y tuvo un costo mensual de 550.000 pesos.
Después formalizó un convenio con el Ministerio de Economía liderado por Diego Valiero. Fue por $7.833.600, según el decreto 788/15, por la prestación de un servicio de “soporte técnico operativo y de mantenimiento de software” en Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía.
En el Boletín Oficial de Entre Ríos, de fecha 6 de junio de 2012, se encuentra el decreto Nº 482 del 29 de diciembre de 2011, con el cual el entonces gobernador Sergio Urribarri y su entonces ministro de Economía, Diego Valiero, aprobaron el contrato de Relevamientos Catastrales SA para que brinde “un servicio de soporte técnico, operativo y de mantenimiento de software, por un período de dieciocho (18) meses, con opción a prórroga a favor del Estado por dieciocho (18) meses más, con destino a las Direcciones Generales de Ajustes y Liquidaciones y de Informática”. Por ese servicio se le pagó un importe mensual de ochenta mil novecientos (u$s 80.900) dólares, y “un importe total por dieciocho (18) meses de dólares estadounidenses un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos (u$s 1.456.200), por cumplir con los pliegos y resultar el precio cotizado conveniente a los intereses del Estado”.
En enero de 2014, el entonces ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, contrató a la misma empresa para la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral” por un plazo de 3 años, a un precio mensual de $ 550.000. El monto total que se le pagó fue de $19.800.000.
Fuente: Entre Ríos Ahora
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