Gerardo Montenegro ocupa una banca en el Senado de la Nación desde 2013. Siempre en las filas del kirchnerismo. El miércoles pasado, fue uno de los 37 senadores que avaló la jugada de Cristina Kirchner para designar a los nuevos representantes en el Consejo de la Magistratura. Unas horas antes, Montenegro declaró como imputado ante el juez federal de Santiago del Estero, Santiago Argibay, quien lo citó a indagatoria por una denuncia de lavado de dinero, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.
La causa judicial contra Montenegro, revelada por este medio en mayo, comenzó con una investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF). Ese organismo detectó graves irregularidades en el patrimonio del senador y le mandó un informe a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que finalmente hizo la denuncia ante la Justicia federal de Santiago del Estero.
¿De qué se lo acusa? De comandar una red de cooperativas que recibieron más de $90 millones en subsidios del gobierno de Santiago del Estero. En esas cooperativas aparecieron familiares directos, empleados del Senado, empleados públicos de Santiago del Estero, y hasta trabajadores de la seccional local de UPCN, el gremio que controla Montenegro desde 1998.
El caso más emblemático fue la cooperativa “Trabajo, Esfuerzo y Solidaridad”, íntimamente vinculada a la mujer de Montenegro, María Teresa Sciolla, y a uno de sus hijastros, Javier Sciolla, quien figura como secretario.
En esa cooperativa también aparecía Ramón Orlando Bravo, empleado del gobierno de Santiago del Estero desde febrero de 2007 y secretario de Comunicación de UPCN, y Walter Gómez, otro empleado provincial.
Los movimientos bancarios de “Solidaridad” llamaron la atención de los investigadores. Entre septiembre de 2017 y mediados de 2019, de sus cuentas se extrajeron $15.870.000 en efectivo. Nunca se presentó documentación para justificar esos movimientos ante el INAES, el organismo que controla a la cooperativas.
Además, esa cooperativa le otorgó un préstamo sospechoso a una SRL denominada JMSC, propiedad de la mujer de Montenegro (80%) y de su hijastro (20%).
La UIF detectó que esa sociedad, creada en 2009, fue utilizada para comprar una camioneta Jeep Renegade Sport 1.8 que manejaba el hijastro de Montenegro y un BMW 503 221i Cabrio. Los únicos autorizados a manejar el BMW eran el senador y su hijo Facundo Gerardo Montenegro.
Las irregularidades se repitieron en la cooperativa “Libertad”, donde figuraban tres personas ligadas a Montenegro: Juan Pablo Juarez, Carlos Salvatierra y Marcelo Vélez. El primero es empleado de Santiago del Estero desde 2002 e integra la cooperativa “El Quebracho”. Salvatierra también es empleado estatal, y Marcelo Velez trabaja en UPCN.
Entre 2018 y 2020, esa cooperativa tuvo acreditaciones por $2.900.000 correspondientes a 6 cheques emitidos por la Tesorería General del gobierno de santiagueño en concepto de subsidios. La UIF también detectó que gran parte de ese dinero se retiró en efectivo.
En la denuncia de la PROCELAC aparecen mencionadas las cooperativas “De Trabajo Unidad Barrial”, “De Trabajo El Porvenir”, “De Trabajo por Cunan Nuna”, “De Trabajo Textil Forjando Nuestro Futuro” y “Cambalache”.
Otra de las cooperativas adjudicadas a Montenegro se denomina “Consumo y Crédito 1 de mayo”. Entre los firmantes de cheques, según reveló Infobae, aparecen Carlos Osvaldo Ibarra, empleado del Senado desde 2014, y Néstor Leandro Palomo, empleado provincial desde 2007 y líder de la agrupación “Peronismo 26 de Julio”.
Montenegro ocupa una banca desde 2013 pero su actuación como senador siempre fue intrascendente. En 2014, por ejemplo, fue uno de los cinco senadores que no emitió una sola palabra en el recinto. No fue la única vez. No obstante, en 2019 obtuvo la reelección por otros seis años impulsado por el gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora, que lo sigue respaldando.
La causa judicial contra Montenegro y sus familiares está en manos del juez federal Sebastián Argibay, nombrado durante la presidencia de Mauricio Macri aunque su pliego fue impugnado en ese entonces por Elisa Carrió. La fiscal es Cecilia Indiana Garzón, una de las “candidatas” del kirchnerismo para reemplazar a Eduardo Casal en la Procuración General.
Pese al hermetismo de los investigadores, Infobae pudo saber que el magistrado citó a Montenegro, a su mujer, y a una decena de miembros de las cooperativas investigadas. No trascendió el contenido de las declaraciones, que finalizaron recién esta semana. Ante una consulta de este medio, el senador se refugió en el silencio.
El bloque de senadores de Juntos por el Cambio hasta ahora nunca se expresó en público sobre la causa contra Montenegro. Apenas hubo comunicados de la UCR y del PRO local pidiendo que la Justicia avance con la causa.
Además del entramado de cooperativas utilizado para captar fondos públicos, Montenegro es investigado por la compra de una casa en Miami, a pocos minutos del Aventura Mall. Lo hizo a través de la sociedad JM SILVER GROUP LLC (mismo nombre que la SRL local). En los registros públicos, la mujer de Montenegro y el hijastro del senador aparecen como “personas autorizadas”. Pero la cara visible de esa sociedad es Juan José Roiz, un argentino que trabaja como agente (administrador) y tiene varios clientes argentinos.
Para constituir la sociedad en Miami, María Teresa Sciolla declaró como domicilio una casa en la capital santiagueña, ubicada en Islas Malvinas 665, la misma dirección que utilizó para crear la SRL. En cambio, el hijastro de Montenegro declaró como domicilio un departamento en la calle 25 de mayo al 300, también en Santiago del Estero.
La operación inmobiliaria se concretó el 26 de noviembre del 2019. La sociedad donde aparecen los familiares de Montenegro pagó USD 306 mil por una casa en el barrio cerrado denominado “Via Ventura 2″, a solo 15 minutos del Aventura Mall.
Fuente: Diario de Santiago
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