Desde mañana lunes, Chile desplegará sus Fuerzas Armadas en las fronteras con Perú y Bolivia en un intento por controlar el ingreso masivo de migrantes a través de pasos no habilitados en estas zonas.
El gobierno de Gabriel Boric difundió el Decreto con Fuerza de Ley que permitirá la militarización con el objetivo de respaldar el accionar de la Policía en el control migratorio y de seguridad en zonas que se han visto desbordadas por el ingreso ilegal de personas.
El decreto establece el marco legal bajo el cual los militares pueden actuar y detalla una serie de pasos que van desde la revisión de la identidad hasta el uso de la fuerza como último recurso.
Las FFAA podrán solicitar los documentos de cualquier persona en las fronteras, registrar sus equipajes, vestimentas o vehículos si es que existe alguna presunción de que esta pueda cometer un crimen o delito o algún indicio que “permita inferir que la persona tiene orden de detención pendiente”.
Asimismo, el decreto establece que los uniformados deberán actuar bajo los principios de “legalidad, necesidad, proporcionalidad, gradualidad y responsabilidad” y determina que antes de cualquier acción debe cumplir con el deber de advertencia, evitar daño colateral y considerar la legítima defensa.
El gobierno de Gabriel Boric difundió el Decreto con Fuerza de Ley que permitirá la militarización con el objetivo de respaldar el accionar de la Policía en el control migratorio y de seguridad en zonas que se han visto desbordadas por el ingreso ilegal de personas.
El decreto establece el marco legal bajo el cual los militares pueden actuar y detalla una serie de pasos que van desde la revisión de la identidad hasta el uso de la fuerza como último recurso.
Las FFAA podrán solicitar los documentos de cualquier persona en las fronteras, registrar sus equipajes, vestimentas o vehículos si es que existe alguna presunción de que esta pueda cometer un crimen o delito o algún indicio que “permita inferir que la persona tiene orden de detención pendiente”.
Asimismo, el decreto establece que los uniformados deberán actuar bajo los principios de “legalidad, necesidad, proporcionalidad, gradualidad y responsabilidad” y determina que antes de cualquier acción debe cumplir con el deber de advertencia, evitar daño colateral y considerar la legítima defensa.
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