En el marco de la Asamblea Legislativa con la que el presidente de la Nación dio inicio por primera vez a un período de sesiones ordinarias, solicitó una serie de iniciativas que espera sean aprobadas a lo largo del año.
Fue en el marco de una sesión que estuvo precedida por las mayores expectativas -a un nivel casi inédito-, fundamentalmente por la relación más que tirante que ha establecido Javier Milei con el Congreso en general, fundamentalmente la Cámara de Diputados a partir del traspié sufrido con la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
Y como sucede en cada uno de esos arranques del período ordinario, el presidente formuló una serie de pedidos de leyes que espera sean aprobados a lo largo del mismo.
El listado no incluye lo que Milei definió como parte del Pacto de Mayo, que espera acordar tanto con gobernadores, como expresidentes y líderes de los principales partidos políticos. Con ellos, dijo, espera encontrarse el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para firmar un nuevo contrato social, que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino.
Si bien algunas de las diez iniciativas señaladas podrían tener fuerza de ley, no está previsto que las mismas estén acompañadas por un proyecto, ni tampoco el pacto que vaya a establecerse en sí. No necesitarían tener fuerza de ley.
Los proyectos anunciados
El presidente de la Nación se guardó los anuncios en materia de leyes para el capítulo que anunció promediando el discurso, y que englobó como “leyes anticasta”. Pero antes ya había deslizado una iniciativa puntual que debería ser acompañada por el texto correspondiente. Fue cuando dijo que “se terminó con nosotros la cultura vil del despreciar a las fuerzas del orden y a las víctimas del delito y el enaltecer a los delincuentes”.
A continuación anunció que “estamos impulsando una ampliación del marco de legítima defensa y de cumplimiento del deber, para que no termine entre las rejas los ciudadanos que se protegen a sí mismos o los policías que protegen a los ciudadanos, mientras los delincuentes pasean libres por nuestras calles”.
Esa iniciativa formaba parte de la ley de Bases que quedó a medio camino durante su debate en extraordinarias, y se verá ahora si entonces es nuevamente incluida dentro del texto general que volverá a tratarse o forma parte de una iniciativa individual.
Citó más tarde la eliminación de agencias de gobierno como el INADI -“que además de cumplir el rol de policía del pensamiento, contaba con un presupuesto anual de 2.800 millones de pesos para mantener militantes rentados”, detalló-, y en esa misma línea anticipó que “vamos a cerrar la agencia Télam que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista”. En ambos casos se trata de organismos creados por ley, cuyos cierres podría promover por decreto, pero inexorablemente necesitarían de leyes para ser concretados, a fin de evitar que fallos judiciales los dejen sin efecto. En el caso de la agencia estatal de noticias, su cierre estaba incluido dentro del proyecto de ley de Bases, así que le asiste la misma expectativa que a la mencionada ampliación del marco de legítima defensa ya citada.
“Modernizamos la legislación laboral para facilitar la contratación del empleo registrado, algo que fue combatido por los sindicatos”, señaló el presidente en otro pasaje de su mensaje. El tema forma parte del mega DNU 70/23, pero esa parte puntual ha sido frenada por la justicia, lo que hace prever la necesidad de que necesite una ley puntual para ser implementada sin aguardar a que sortee todas las instancias judiciales necesarias.
A continuación vino el paquete de leyes “anticasta”, destinado a “terminar con los privilegios de la política y sus amigos”. A continuación, detallamos puntualmente esos anuncios, del modo que los anunció Milei:
1) “Eliminaremos las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente”.
2) “Obligaremos a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la Justicia Electoral, que limitará los mandatos de esas autoridades a cuatro años y establecerá un tope de una sola reelección posible”.
3) “Los convenios colectivos específicos que realizan en asociación libre los trabajadores de una empresa o grupo de empresas primarán sobre los convenios colectivos del sector. Vamos a terminar con esa locura de imponerle a la gente las condiciones laborales que define atrás de un escritorio un señor que no trabaja hace 30 años”.
4) “Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales”.
5) “Todo ex funcionario público con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario”.
6) “Reduciremos drásticamente la cantidad de contratos para asesores de los diputados y senadores de la Nación. Ha sido una práctica común de la política que los representantes del pueblo armen pymes de 30 o 40 asesores cada uno, dilapidando los recursos de los argentinos”.
7) “Se descontará la jornada del sueldo a los empleados del Estado que no vayan a trabajar por motivo de paro”.
8) “Eliminaremos el financiamiento público de los partidos políticos: cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios”.
Más adelante, Milei ratificó su intención de enviar un proyecto de ley para penalizar a funcionarios, desde el presidente de la Nación, al ministro de Economía, responsables del Banco Central y a los diputados y senadores que aprueben un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria, “para terminar de una vez por todas y para siempre con estas prácticas insostenible moralmente y criminal”. Y además, aseguró que propondrán que dicho delito “esté a la altura de un delito de lesa humanidad de manera tal que sea imprescriptible, para que tarde o temprano paguen el costo de sus acciones”.
De manera más indeterminada anticipó el mandatario que avanzarán -ya sea a través de proyecto de ley, de decretos o modificando regulaciones- en “el proceso de regulación económica más ambiciosa de nuestra historia; porque si no cambiamos este modelo económico de raíz, la Argentina no tiene futuro”.
A todas estas propuestas, hay que agregar la ley de Bases y el paquete de alivio fiscal para las provincias, iniciativas con las que condiciona la firma del Pacto de Mayo.
El detalle de las iniciativas
Pasando en limpio entonces las propuestas presidenciales que serían impulsadas por el primer mandatario, las mismas serían las siguientes, algunas de las cuales se esperaría formen parte de la rediviva ley de Bases:Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
Ampliación del marco de legítima defensa y de cumplimiento del deber.
Cierre del INADI y la agencia Télam.
Modernización de la legislación laboral.
Eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vice.
Elección de autoridades sindicales a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la Justicia Electoral.
Convenios colectivos especiales en el seno de empresas o grupos de empresas.
Ficha limpia.
Reducción de la cantidad de contratos de asesores legislativos.
Descuento de la jornada laboral a trabajadores estatales que paren.
Financiamiento de los partidos políticos.
Sanción penal a los funcionarios y legisladores que aprueben la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.
Modificación de regulaciones.
Pacto fiscal con las provincias.
Con noticias de Parlamentario
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