El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó la disolución del congreso por “grave crisis política y conmoción interna” y dispuso que se convoquen elecciones generales anticipadas.
Esta decisión se basó en un recurso constitucional que fue incluido en la Constitución emitida en 2008, durante el gobierno de Rafael Correa, y que no había sido utilizado hasta ahora.
La disolución anticipada de los poderes legislativos, popularmente conocida como muerte cruzada, es la facultad del presidente de la República como de la Asamblea Nacional para interrumpir el periodo de funciones de los legisladores y del jefe del Estado, y de convocar a elecciones generales para la reposición de estos cargos en acefalía.
En la opinión pública se la conoce como “muerte cruzada” porque contempla la terminación anticipada del periodo de funciones de los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo, simultáneamente autoridades representativas que deberán reemplazarse en el mismo acto eleccionario, celebrado para el mismo día. Inclusive, el presidente o legisladores en funciones tienen permitido participar en esa elección, siempre que estén ejerciendo por primera vez el cargo de manera consecutiva.
Esta facultad puede ser ejercida solamente por una vez y durante los tres primeros años de cuatro que dura el mandato y que ejercen simultáneamente el Ejecutivo como el Legislativo.
Según la Constitución de Ecuador, el mandatario podrá invocar este recurso “cuando, a su juicio, (la Asamblea Nacional) se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna”.
Esta figura constitucional se incorporó al orden jurídico ecuatoriano a partir de la reforma política que expidió la Constitución de 2008, convocada entonces por el ex presidente Rafael Correa. Según dispone la carta magna del país, luego de expedido el decreto, en un plazo máximo de siete días el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar a un proceso electoral para elegir tanto a nuevos legisladores y al presidente de la República para el resto de los respectivos periodos. El decreto de disolución es muy parecido al franqueado por el artículo 115 de la Constitución Española, aunque este se entiende mejor por su contexto parlamentario. También en Perú, el presidente puede disolver al Congreso, autorizado por el artículo 134 de la Constitución Peruana, aunque allí el presidente no pierde su cargo.
Mientras se convocan a los nuevos comicios, el presidente podrá gobernar a través de decretos ley que deben someterse al control de la Corte Constitucional.
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