Prisioneros del pasado no buscamos la verdad
Por Ernesto Martinchuk(*)
Una nación que ha olvidado la cualidad del coraje que en el pasado ha penetrado la vida pública, no es probable que insista en ella o premie esa virtud en sus dirigentes electos y en realidad, la hemos olvidado. Puede que recordemos a Arturo Illia como llegó a ser presidente y como militares, peronistas y periodistas lo derrocaron. Pero hemos olvidado su sacrificio por el bien nacional. Como tampoco nos importa recordar los 14 paros de la CGT a Alfonsín. El "golpe civil" o institucional impulsado por sectores del Partido Justicialista, junto con otros, contra Fernando de la Rúa el 20 de diciembre de 2001. O las 12 toneladas de piedras contra el Congreso mientras se debatía una nueva fórmula de asignación para los jubilados durante la gestión de Mauricio Macri. No lo recordamos y, posiblemente, tampoco, nos importa.
“A la gente ni le va ni le va ni le viene, -me comentó un colega no hace muchos años- lo que dice un senador o un diputado. La razón de esta actitud es que sabe que todo cuanto escucha en el Congreso son, en un noventa por ciento, disparates, ignorancia, demagogia y nada que merezca confianza”.
Después de casi diez años de haber trabajado acreditado como periodista en el Congreso, un miembro de la “Honorable” Cámara, me confesó en una improvisada charla que: mientras me resista a creer en la total depravación del Senado, no pongo mucha confianza en la honradez y sinceridad de muchos legisladores. Una mayoría de ellos son de pocas luces, débiles mentales, y enteramente ineptos para el cargo que ocupan. Algunos son vulgares demagogos… otros hombres de fortuna que han comprado su posición… otros hombres y mujeres de estrecho intelecto, entendimiento limitado y, fundamentalmente, un mezquino prejuicio partidista…
A todo esto, otro legislador me dijo: la confianza del pueblo se está apartando de nosotros a causa de nuestras irresponsables demoras. Muchos argentinos de hoy en día comparten estos sentimientos y muchos legisladores deben oír decir que los políticos deben estar interesados únicamente en obtener votos, no en la gestión de los asuntos públicos o en el valor.
¿Significa entonces que la política no puede preciarse de contar con legisladores de valor? Un amargo juicio involucra tanto a políticos como al electorado. Tenemos el Congreso que hemos votado. Los políticos democráticos que triunfan son personas vacilantes y acobardadas. La consideración decisiva no suele ser el que la proposición sea buena, sino el que ésta sea popular, no se atiene a sus probables ventajas o a la necesidad que la impulsa, sino al hecho de que complacerá inmediatamente a determinados electores.
“La Escribanía”
En los años de kirchnerismo, los gobiernos de Néstor Kichner (2003-2007) y de Cristina de Kirchner (2007-2015), marcaron una profusa agenda parlamentaria en la que impulsaron la sanción de leyes, abriendo el camino de la profundización de derechos sociales y civiles, además de sentar bases en el funcionamiento de sectores claves como la educación, la salud, la industria o la ciencia. El oficialismo tuvo las mayorías necesarias para sancionar las leyes que mandaron tanto Néstor como Cristina Kirchner. Por eso, muchos críticos del funcionamiento del Parlamento usaron la metáfora de “la escribanía” para graficar el rol del segundo poder.
Un breve racconto
Néstor Kirchner, quien gobernaba la remota provincia patagónica de Santa Cruz desde hacía doce años, había sido elegido por apenas el 22% del electorado, pero quedó al mando del país cuando su oponente, el ex presidente Carlos Menem, se negó a participar en una segunda vuelta electoral. Beneficiado por un período de precios récord de las materias primas, en especial la soja (llegó a cotizar los 550 dólares la tonelada), Kirchner logró sacar al país de uno de sus peores momentos históricos tras el colapso económico de 2001-2002.
En 2007, el presidente fue sucedido por su esposa, la senadora Cristina Fernández, dando inicio a una etapa muy diferente del kirchnerismo, marcada por conflictos con algunos sectores, como el campo, la prensa y el sindicalismo. Las diferencias en el "modelo K" se acentuaron tras el fallecimiento de Néstor Kirchner el 27 de octubre de 2010 por causa de un “infarto cardíaco”. No obstante, Cristina Fernández Vda de Kirchner, logró, utilizando la imagen de “Él”, una victoria aplastante en las urnas en 2011 y fue reelegida con el 54% de los votos, además de obtener la mayoría en ambas cámaras del Congreso. La "década ganada" marcó al país y dejó su huella en casi todos los ámbitos de la nación.
Sociedad polarizada
Una de las pasiones de los argentinos era discutir sobre fútbol y política. Era impensado que en una reunión social, un asado familiar o un encuentro entre amigos no incluyera algún debate político. "Ahora ya no se puede hablar de política porque genera peleas", decían las mujeres. Y es que una de las características más visibles que dejaron esos años de kirchnerismo fue la polarización de la sociedad argentina, que atravesó familias, amistades y colegas de trabajo.
Cuando Néstor Kirchner llegó al poder el 25 de mayo de 2003, era un hombre prácticamente desconocido para la mayoría de la población. Pero poco tiempo después su figura y la de su esposa y sucesora, Cristina Fernández, inspirarían -apoyados por los medios- una pasión y un odio que muchos equiparan con el que en el pasado generaron Perón y Evita.
El ambiente de crispación se agudizó con la llegada de Cristina Fernández Vda de Kirchner a la presidencia en 2007, quién lejos de invitar al diálogo alimentaba la división. Mientras sus seguidores admiraban su personalidad combativa, seguían sus discursos y presentaciones diarias con adoración, poco después enfrentó una serie de movilizaciones masivas que llevaron a millones de antikirchneristas a protestar contra su gobierno.
Guerra de medios
El Grupo Clarín, el principal grupo multimedios del país, que gracias a Néstor Kirchner obtuvo una extensión de sus licencias de TV y radio por diez años y logró formar el mayor operador de cable de Argentina, pasó a convertirse a partir de 2008 en el enemigo número uno del gobierno. El enfrentamiento fue la protesta agraria por las retenciones, que desestabilizó los primeros meses de la gestión de Cristina Fernández. El apoyo de Clarín a los hombres de campo dio pie a una batalla entre el multimedios y el kirchnerismo que tuvo enormes repercusiones y cambió el mapa de medios del país.
En 2009 el oficialismo aprobó la Ley de Medios, una legislación antimonopólica que redujo de 24 a 10 los servicios abiertos de radio y televisión en poder de un solo dueño y prohibió a una empresa propietaria de un canal abierto ser también proveedor del servicio de televisión por cable en la misma zona.
El Grupo Clarín -el principal afectado por la norma- la impugnó ante la Justicia, y la prolongada batalla judicial llevó a Cristina Fernández a proponer una polémica reforma del Poder Judicial que fue ampliamente cuestionada. A todo esto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo histórico del 29 de octubre de 2013, declaró constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley de Medios), obligando al Grupo Clarín a adecuarse a los límites anti monopólicos establecidos. El fallo confirmó que la concentración de licencias del grupo superaba lo permitido.
Mientras tanto, el enfrentamiento con Clarín también tuvo otro escenario: una pelea por el control de Papel Prensa, la única productora de papel para periódicos del país, que pertenece mayoritariamente por los diarios Clarín, La Nación y La Razón (esta última publicación “quebraría” años más tarde, pasando su porción de acciones al Grupo Clarín).
El Congreso sancionó en 2011 la Ley 26.736, la cual declaró de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios. Esto se hizo con el objetivo de regular a la empresa Papel Prensa (cuyos accionistas principales eran el Grupo Clarín, La Nación y el Estado Nacional) y obligarla a vender el insumo a un precio único a todos los medios del país.
Más tarde, el gobierno sería acusado de cooptar varios medios a través de empresarios amigos, controlando directa o indirectamente el 80% de los medios, mientras el gobierno acusaba a los diarios Clarín y La Nación de desinformar y de promover una "cadena del desánimo" entre la población para perjudicarlo. Recordemos que el 2 de febrero de 2015, el jefe de Gabinete nacional, Jorge Capitanich, rompió, en el marco de su habitual comparecencia ante los medios de comunicación, un diario Clarín.
El kirchnerismo también fue cuestionado por la Justicia por el uso arbitrario de la publicidad oficial, favoreciendo a algunos medios y ahogando económicamente a otros. La presión económica sobre la prensa crítica se acentuó en 2013 con una prohibición a supermercados de publicar avisos en diarios de la capital.
Otra cosa que cambió con el kirchnerismo fue el contacto con el periodismo. En sus cuatro años en el poder, Néstor Kirchner nunca ofreció una conferencia de prensa y su esposa y sucesora brindó algunas, sólo a medios oficialistas, prefiriendo los anuncios casi diarios por Cadena Nacional y la comunicación directa a través de la red social Twitter, hoy X. Cristina Fernández sostenía que esto es necesario porque los medios distorsionan sus palabras. La presidenta también se había defendido reiteradamente de quienes afirmaban que su estilo era autoritario, y recordamos su icónica frase: "Sólo hay que tenerle miedo a Dios y a mí, un poquito", dicha el 6 de septiembre de 2012.
Más derechos
Apenas asumió, en 2003, Néstor Kirchner promovió en el Congreso (Daniel Scioli fue presidente de la Cámara de Senadores 2003-2007) la anulación de las llamadas "leyes del perdón" que garantizaban la inmunidad a muchos acusados de crímenes de lesa humanidad durante el último régimen militar (1976-1983), impulsadas y promulgadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Dos años más tarde la Corte Suprema de Justicia convalidaría esa anulación y en 2007 declaró inconstitucional un indulto a los jerarcas militares, abriendo las puertas a cientos de juicios contra ex represores. La mayoría de los líderes militares responsables, según las agrupaciones de derechos humanos de la desaparición de unas 30.000 personas, enfrentaron juicios, muchos fueron condenados y fallecieron en prisión. La reactivación de los juicios contra ex represores recibió el apoyo de gran parte de la sociedad argentina, pero no de todos. Algunos, en especial los sobrevivientes y familiares de quienes fueron víctimas de grupos guerrilleros durante los años 70, siguen cuestionando que los ex líderes guerrilleros no hayan sido juzgados, como los militares.
En 2006 se aprobó la Ley de Presupuesto y Superpoderes que prorrogaba facultades delegadas al Jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias sin la aprobación previa del Congreso.
A todo esto, los derechos de las minorías fueron una prioridad en los diez años de gobierno kirchnerista. En 2010 el oficialismo aprobó por ley el "matrimonio igualitario", convirtiendo a Argentina en el primer país de América Latina -y el décimo del mundo- en permitir el casamiento entre personas del mismo sexo.
En 2012, -gestión de Julián Domínguez como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, 2011-2015- el gobierno también promovió la Ley de Identidad de Género, que permitía que travestis, transexuales y transgéneros fueran inscriptos en sus documentos de identidad con el nombre y sexo de elección, y además obligaba al Estado a solventar las operaciones de cambio de sexo.
El gobierno de Cristina Fernández Vda de Kirchner, también fue elogiado por mejorar los derechos de las mujeres, al prohibir por decreto la publicación de avisos en los medios gráficos de oferta sexual en los diarios como una medida para prevenir la trata de personas.
En 2013 el gobierno promulgó una nueva ley que castigaba el trabajo infantil y otra que buscaba regularizar la situación de más de un millón de empleadas domésticas que trabajaban de manera informal. En 2014 sancionó el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994) que reemplazó al texto de Dalmacio Vélez Sarsfield. El 15 de julio se estableció por ley que la Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualizará de manera automática cada seis meses. Ley de Abastecimiento (Ley 26.991) resistida por las cámaras empresariales. Ley "Argentina Digital" (Ley 27.078): reguló el mercado de las telecomunicaciones. La Reforma del Consejo de la Magistratura (Ley 26.855): Parte del paquete de "democratización de la justicia". El presidente de la Cámara, Julián Domínguez, propuso una ley para que el 1 de octubre de cada año se celebre el Día Nacional del Micrófono y otras iniciativas como el "Día del exiliado español", "Día de los valores villeros" y "Día del Mate"…
La inflación
Uno de los cambios más notables fue el aumento de la inflación y las acusaciones de que el gobierno falseaba las estadísticas sobre este tema.
En 2003 la inflación argentina era de 13,4%, una cifra que se redujo durante los primeros años de la presidencia de Néstor Kirchner. Pero a partir de 2007 empezó un proceso inflacionario que, -según las mediciones privadas- colocó a Argentina entre los países con mayores alzas de precios del mundo. Sin embargo, el aumento de precios nunca fue reconocido de manera oficial, al igual que la inseguridad que era considerada “una sensación”. En 2007 el gobierno intervino el órgano de medición del país, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Desde entonces, las cifras oficiales de inflación se mantuvieron, en promedio, por debajo del 10% mensual, mientras que las estadísticas recogidas por las consultoras, las provincias y la oposición promediaron el 30% mensual.
En febrero de 2013 el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió una inusitada "declaración de censura" contra Argentina por la falta de precisión en sus indicadores económicos. Un año antes, la prestigiosa revista británica The Economist había anunciado que dejaría de utilizar las estadísticas oficiales argentinas al considerar que no tenían credibilidad.
Según el gobierno, la inflación era consecuencia de la especulación de muchos comerciantes que suben sus precios injustificadamente y era fomentada por la difusión de estadísticas falsas.
En 2011 el gobierno empezó a multar con cifras de hasta U$D 120.000 a las consultoras privadas que publicaban los datos de la inflación, multas que años más tarde serían anuladas por la justicia. En tanto, adoptó una política de intervención estatal para controlar los precios, mientras los sindicatos controlaban las góndolas. En 2013 ordenó a los supermercados y a las petroleras congelar el valor de sus productos con la intención de combatir la inflación. La negativa del gobierno a reconocer la inflación llevó a una ruptura en 2011 con la mayoría de los sindicatos, que hasta entonces habían sido fuertes aliados, y convirtió al kirchnerismo en uno de los pocos movimientos peronistas sin base sindical.
Más empleo, menos pobreza
Tras el colapso de la economía en 2001-2002, el 54% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza, una cifra que el gobierno -según sus números- logró reducir en 2013 al 5,4%, -que le mereció un reconocimiento en la 39 Conferencia de la FAO en Roma- aunque organismos privados aseguraban que, si se contemplaba la inflación no reconocida por las autoridades, la cifra de pobres superaba el 25%. En tanto, el desempleo se redujo -según cifras oficiales- del 17% al 7,9%, impulsado por el empleo público, que sumó más de un millón de militantes desde 2003.
La gestión de Amado Boudou como presidente del Senado (2011-2015) estuvo marcada por fuertes polémicas, destacándose el pedido de licencia por su procesamiento en el caso Ciccone, el tratamiento de leyes económicas clave, el aumento masivo de personal militante y denuncias varias por irregularidades administrativas.
En tanto, el Ministerio de Desarrollo Social, dirigido por Alicia Kirchner (hermana del presidente), aumentó en casi un 1.700% su presupuesto para planes sociales y creación de cooperativas, mientras los críticos denunciaban una política clientelista. Muchos de los gastos sociales se financiaron con el dinero de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que absorbió los fondos de las jubilaciones y pensiones privadas (AFJP), nacionalizadas en 2008. Sergio Massa y se mantuvo al frente del organismo durante el proceso de estatización de los fondos de pensión (AFJP).
En 2005, el gobierno anunció una moratoria previsional que permitió que más de 3 millones de jubilados reciban una pensión a pesar de no haber hecho los aportes correspondientes. Estos "nuevos jubilados" equivaldrían a más del 40% del total y según algunos expertos representaban una carga económica insostenible de cara al futuro.
El gobierno también aumentó en más del 1400% la jubilación mínima, pero se rehusó a adecuar al resto de las pensiones, por lo que debió enfrentar miles de demandas, muchas con sentencias favorables, que no fueron acatadas por el gobierno. Tras la aprobación en el Congreso -octubre de 2010- de una ley que establecía una jubilación mínima equivalente al 82% móvil del salario de un trabajador activo, Cristina Fernández Vda de Kirchner, vetó la medida argumentando que su aplicación desfinanciaría al Estado nacional.
El campo
Durante la década ganada el campo se transformó: se duplicó la siembra de soja, que pasó a representar el 60% del total de tierras cultivadas, y el sector agrario fue más que nunca el motor económico del país y los productores rurales se convirtieron en uno de los opositores más acérrimos al kirchnerismo. Las tensiones comenzaron en 2008 (Agustín Rossi en la Cámara de Diputados) cuando CFK, a poco de asumir, aumentó los aranceles a la exportación de soja, dando pie a un enfrentamiento que tendría fuertes repercusiones, no sólo económicas, sino principalmente sociales y políticas. El apoyo del entonces vicepresidente, el radical Julio Cobos, a los hombres de campo, al oponerse al aumento de aranceles, a las 4:25 AM de aquella histórica sesión del 17 de Julio del 2008, tras 128 días de conflicto, 18 horas de debate, y el empate de 36 a 36 votos dejó al entonces vicepresidente, frente de la decisión más difícil de su carrera política que marcaría una ruptura dentro del gobierno.
Las protestas de los productores agropecuarios, que se extendieron por meses y paralizaron al país, fueron acompañadas por un vasto sector de la población y las movilizaciones contra el gobierno marcaron el comienzo de una serie de "cacerolazos" que en años posteriores se harían más masivos, aglutinando a los diversos opositores al kirchnerismo. Lo paradójico de la situación fue que a pesar de las tensiones, el gobierno tuvo una fuerte dependencia del campo.
El "modelo económico K" dependió en gran medida de los ingresos generados por la venta de soja, “ese yuyo”, -como la llamaría la señora presidenta- la principal exportación argentina. Ante la imposibilidad de acceder al mercado de capitales tras el default de la deuda en 2001, la economía argentina basó el ingreso de divisas principalmente en su superávit comercial, logrado gracias a esta oleaginosa.
Los precios récord que alcanzaron los commodities agrarios, en particular la soja, permitió al gobierno triplicar las reservas en dólares en el Banco Central y ayudó a cuadruplicar el Producto Interno Bruto (PIB) del país entre 2003 y 2013. Pero esto produjo una caída en la producción de otros granos y sobre todo de la ganadería. Las restricciones a la exportación de carne que aplicó a partir de 2006, -con la intención de mantener bajos los precios domésticos- crearon una crisis en el sector provocando una caída de más del 75% en el comercio externo de carne, ocupado por Brasil, Uruguay y Paraguay. En diciembre de 2012 la presidenta ordenó la expropiación de la principal sede de la Sociedad Rural Argentina, que debió ser decidida por la Justicia.
Política exterior
En la década ganada gobierno kirchnerista produjo un vuelco importante en la política exterior y se alejó de Washington, se acercó al resto de América Latina, sobre todo a la Venezuela de Hugo Chávez y a Brasil, con Lula Da Silva, su principal socio comercial, pero también con China y Rusia. Además de una afinidad ideológica, la alianza con Caracas se fundamentó en la necesidad del gobierno de obtener fondos para el país, ante la imposibilidad de acceder al mercado de capitales tras el default de la deuda en 2001. El gobierno de Hugo Chávez compró bonos argentinos (conocidos como Bonos del Sur) por miles de millones de dólares, lo que permitió a la Argentina mantener sus políticas económicas sin tener que ser auditado por el FMI. Pero el dinero prestado por Venezuela resultó ser mucho más caro. Mientras el FMI cobraba tasas de interés cercanas al 4%, el gobierno de Kirchner pagó a Venezuela tasas del 14,8% anual.
Los Kirchner se opusieron a la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsado por Estados Unidos, y en cambio fomentaron la integración latinoamericana, defendiendo el Mercado Común del Sur (Mercosur) e impulsando la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuyo primer secretario general fue Néstor Kirchner, que logró un importante respaldo latinoamericano a su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, uno de los ejes principales de su política externa.
Una controversia por la construcción de dos fábricas de pulpa de celulosa en la margen uruguaya de un río que comparten Argentina y Uruguay llevó un enfrentamiento diplomático que duró años y fue resuelto en 2010 por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que permitió las obras y ordenó un seguimiento conjunto del impacto ambiental. No obstante, el conflicto afectó seriamente las relaciones entre los vecinos dado que entre 2007 y 2010 permaneció cerrado el puente de Fray Bentos que une a ambos países debido a las protestas de activistas argentinos.
Otro foco de polémica fue la decisión de Cristina Fernández, en enero de 2013, de firmar un acuerdo con Irán. Recordemos los dos atentados terroristas perpetrados en Argentina con vinculación al régimen iraní y ejecutados por el grupo terrorista Hezbolá:
Atentado a la Embajada de Israel (17 de marzo de 1992): Un coche bomba explotó en la sede diplomática (Arroyo y Suipacha), causando 29 muertos y más de 200 heridos.
Atentado a la AMIA (18 de julio de 1994): Un atentado destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) Pasteur 633, dejando 85 personas muertas y más de 300 heridos.
El entonces canciller Héctor Timerman y los principales legisladores del bloque del Frente para la Victoria (FPV) defendieron y promovieron la aprobación del Memorándum de entendimiento con Irán en el Congreso.
El kirchnerismo logró la aprobación del polémico proyecto, que ya tenía la media sanción del Senado, con 131 votos positivos y 113 negativos. El vínculo de Miguel Ángel Pichetto con el Memorándum de Entendimiento con Irán estuvo marcado por su defensa y voto favorable en el Senado como jefe del bloque oficialista. Mabel Muller y Jorge Yoma fueron los únicos díscolos que no votaron junto al oficialismo. El tratado fue duramente criticado por las principales asociaciones judías del país, que hasta ese momento habían respaldado al gobierno.
El 20 de noviembre de 2018, el principal defensor político e institucional para que Cristina Fernández Vda de Kirchner no fuera desaforada en el Senado fue Miguel Ángel Pichetto. El bloque oficialista de Cambiemos no logró reunir el quórum necesario de 37 legisladores, ya que el peronismo y la izquierda decidieron no bajar al recinto. Esto sirvió para rechazar los pedidos de desafuero y prisión preventiva dictados por el juez federal Claudio Bonadio en causas como: los cuadernos de las coimas y el memorándum con Irán.
Juventud politizada
Uno los mayores logros que se le atribuye al kirchnerismo en la década ganada ha sido su capacidad para movilizar a los más jóvenes, una franja de la sociedad que desde la década de los años 70 se había mantenido apolítica. Incluso los detractores del gobierno reconocen que esa fuerza logró, como pocas otras, atraer a la juventud, que formaba uno de los pilares centrales del apoyo al "modelo K".
Gran parte de la militancia kirchnerista, agrupada en la organización Unidos y Organizados, y La Kolina, estaban compuestas por grupos juveniles pero la agrupación más influyente dentro del partido de gobierno ha sido La Cámpora, fundada por Máximo Kirchner, hijo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quien en los últimos años había nombrado a varios miembros de esa agrupación juvenil en puestos clave, como en Aerolíneas Argentinas (Mariano Recalde) o el viceministerio de Economía, Axel Kicillof, quien fuera asesor de Capitanich.
A todo esto, La Cámpora fue acusada de infiltrarse en las escuelas con la intención de adoctrinar a chicos y docentes luego que la prensa revelara que la agrupación realiza talleres políticos en colegios y universidades públicas.
El aumento de la participación de los jóvenes en la política se vio más allá de la militancia y el Poder Ejecutivo: también el Congreso se llenó de figuras jóvenes en la década ganada, por lo que, a finales de 2012, el oficialismo impulsó una ley para habilitar el sufragio voluntario a partir de los 16 años, dado que se estimaba que los jóvenes de 16 y 17 años representaban el 4,2% del electorado total. Así, los jóvenes podrían jugar un papel importante en los próximos comicios legislativos de octubre, que definirán el futuro del kirchnerismo. Medida que también tomo, en abril de 2013, la ciudad de Buenos Aires.
La deuda
En 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, la deuda pública nacional representaba el 138% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Diez años más tarde, el kirchnerismo logró reducir ese peso al 40% del PIB (Producto Interno Bruto), convirtiendo a Argentina en uno de los países con mayor nivel de desendeudamiento del mundo en la última década. Tras dos canjes de deuda exitosos, en 2005 y 2010, el gobierno logró reestructurar el 93% de la deuda, con una quita de más del 60% del capital.
Sin embargo, no logró acordar con el restante 7% de los acreedores, llamados popularmente "fondos buitre", que reclamaban la totalidad de lo adeudado. La Justicia estadounidense falló a favor de un grupo de acreedores disidentes (holdouts) y ordenó a Argentina a pagarles 16.000 millones de dólares. El gobierno se negó a ofrecer más de lo que pagó al resto de los acreedores y apeló el fallo, viéndose envuelto en una serie de embargos pedidos por los holdouts sobre bienes argentinos. El caso más notorio fue el de la Fragata Libertad, que fue retenida en Ghana por casi tres meses en 2012. En marzo de 2026, el Estado argentino cerró definitivamente este conflicto legal de más de dos décadas.
En 2006 usó un tercio de los fondos del Banco Central para cancelar toda la deuda del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo al que culpó de haber contribuido con la crisis de 2001. Sin embargo, el uso de reservas para el pago de la deuda generó mucha controversia en el país y llevó en 2010 a la remoción del presidente del Banco Central. Dos años más tarde el oficialismo reformó la legislación del Banco Central para permitir el pago de deuda externa con reservas, una reforma que eliminó la autonomía de ese organismo.
El uso de reservas para pagar deuda sumado a una caída del superávit comercial (producto de una mayor importación de combustibles) hizo que las reservas de Argentina cayeran en 2013 a su punto más bajo de los últimos seis años, lo que llevó al gobierno a imponer fuertes restricciones al dólar. Algunos economistas afirmaban que Argentina no podía tomar nueva deuda para hacer frente a sus compromisos internacionales porque tenía una tasa de riesgo país demasiado alta, (más de 1.300 puntos) producto de la desconfianza del mercado por la falta de previsibilidad y reglas de juego claras del gobierno. Sin embargo, Cristina Fernández aseguró que los mercados financieros castigan al país por su política económica heterodoxa y su negativa a volver a endeudarse.
El dólar
Habituados a una economía que cíclicamente entra en crisis muchos argentinos se acostumbraron en las últimas décadas a ahorrar en dólares. También desde los años 90 el país se hizo cada vez más dependiente de las importaciones, que bajo el kirchnerismo alcanzaron cantidades récord. Todo eso cambió drásticamente en sus últimos dos años debido a una serie de restricciones impuestas por el gobierno para tratar de hacer frente a diversos problemas económicos.
Si bien el país había tenido un sostenido crecimiento económico entre 2003 y 2007, con un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) de casi un 9% en promedio -según cifras oficiales- la situación empezó a cambiar a partir de 2008. Entre ese año y 2012 el crecimiento se redujo a 2,6% en promedio. El gobierno atribuyó la caída a la situación económica mundial pero los críticos del kirchnerismo lo asociaron con una serie de políticas gubernamentales.
En 2007 el gobierno aumentó fuertemente el gasto público -según sus críticos con motivo del año electoral- y desde entonces el gasto se mantuvo alto, generando déficit fiscal a partir de 2009. El déficit se mantuvo, a pesar de que la presión tributaria que alcanzó niveles récord. A su vez, comenzó un proceso inflacionario que no sería reconocido por el gobierno. El peso se apreció, reduciendo la competitividad del país y llevando a una fuga de capitales que entre 2008 y 2012 representó una salida de más de 60.000 millones de dólares. Para no devaluar, el gobierno buscó contrarrestar el fenómeno aplicando una serie de medidas y restricciones que causaron gran descontento social.
Primero, buscó frenar la caída del superávit comercial (la principal fuente de ingresos de divisas) que venía cayendo desde 2009, principalmente debido al aumento de las importaciones de combustible. Entonces decidió expropiar la principal petrolera del país, YPF, que estaba en manos de la española Repsol. Además, limitó drásticamente las importaciones, que en la década ganada habían crecido un 530%. Así, de un día para otro, muchas industrias, que dependían de insumos importados, debieron buscar la manera de reemplazarlos. Pero la medida más fuerte fue una restricción a la compra de divisas y una prohibición a las empresas extranjeras a girar utilidades a sus países de origen.
Durante los dos mandatos de Cristina Fernández Vda de Kirchner (2007-2015), el dólar oficial subió aproximadamente un 209%, pasando de unos $3,15 al inicio de su gestión a $9,75 al finalizar su mandato. En el mercado paralelo o informal ("dólar blue"), que surgió tras la implementación del cepo cambiario en 2011, el salto fue de alrededor de un 400%, cerrando su último día de gobierno en torno a los $15,00. Las restricciones no lograron aumentar las reservas en dólares del país.
Otros temas
Como la memoria colectiva de los argentinos es escasa es bueno recordar que, a 11 años de su creación en la Constitución del '94, se avanzó en la reforma al Consejo de la Magistratura. La reforma fue impulsada por la entonces senadora Cristina de Kirchner que redujo de veinte a trece el número de consejeros y otorgó mayoría de siete miembros a los representantes políticos, con seis legisladores y un representante del Poder Ejecutivo.
También, se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo, promovida por el entonces ministro de Educación, Daniel Filmus, para garantizar un aumento progresivo de la inversión total en educación, ciencia y tecnología hasta alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno en el año 2010. Además, apuntó a recuperar la escuela técnica y prorrogó hasta 2009 el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015), se inauguraron 16 nuevas universidades nacionales, -muchas de ellas ubicadas en zonas densamente pobladas del conurbano bonaerense- y se construyeron, según información suministrada por CFK, más de 1.800 edificios escolares. También creo el Plan Fines, para finalizar los estudios secundarios, considerado por los especialistas como una estafa pedagógica. Tanto las Universidades como el “Plan Fines” y los “Bachilleratos Populares”, fueron convertidos en centros de militancia.
Un año más tarde, en el 2006, luego de 12 años de incumplimiento del mandato de la Constitución de 1994, el Congreso sancionó la ley para reglamentar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Tras un arduo debate, la mayoría oficialista resolvió que los decretos deben ser aceptados o rechazados por mayoría absoluta de los presentes de ambas cámaras, pero continuarán vigentes mientras no reciban tratamiento parlamentario. Ese año también se aprobaron la Ley de Educación Sexual y la Ley de Educación Nacional, que reemplazó la Ley Federal de Educación del menemismo. También, tras una ardua polémica que incluyó a los gobernadores de las provincias del norte argentino, se sancionó la Ley de Bosques que estableció que las provincias debían completar el ordenamiento de sus bosques nativos, fijó mecanismos de consulta y participación para autorizar desmontes y declaró la emergencia forestal en todo el país.
En cuanto a la reforma política, en 2009, el Frente para la Victoria avanzó en la aprobación de una ley destinada a reducir la fragmentación del sistema partidario -elevando los umbrales para constituir partidos-, lograr una mayor apertura de los partidos en la selección de candidatos mediante las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y una mayor transparencia y equidad en las campañas electorales -garantizando a todos los partidos espacios de publicidad en los medios y “prohibiendo el financiamiento de empresas”.
Reflexión final
Al Congreso se le denomina "la casa del pueblo" porque es la sede del Poder Legislativo, donde se reúnen los representantes elegidos directamente por los ciudadanos a través del voto popular. Su función principal es debatir, sancionar leyes y tomar decisiones en nombre de toda la sociedad. Se asume que los legisladores (257 diputados) actúan como la voz y los intereses de los ciudadanos que los votaron. Mientras que los 72 senadores, suelen representar los intereses específicos de las provincias. A ninguno se les pide estar a disposición de un gobernador o un presidente.
Estoy convencido de que hemos criticado a aquellos que han seguido a la multitud, y al mismo tiempo criticando a quienes la han desafiado, porque no hemos entendido completamente la responsabilidad de un legislador hacia sus electores o no hemos reconocido la dificultad que enfrenta un político que desea conscientemente empujar él sólo en un mar hostil y turbulento. Tal vez si la gente comprendiera mejor y de manera más completa las terribles presiones que hacen desistir de realizar actos de verdadero valor político que llevan a un legislador a desechar o someter su conciencia, entonces desearía no considerar a aquellos que eligen el camino más fácil y valorar más a quienes todavía se sienten capaces de seguir la senda del coraje.
La vida pública es la coronación de toda carrera. La política es la mayor y más digna de las aventuras. Es el pueblo el que deposita su confianza en cada legislador. Pero cualquiera que sea nuestra opinión sobre la política, es donde se toman las decisiones que habrán de afectar no sólo nuestros destinos, sino el futuro de nuestros hijos, nacidos o por nacer. La equivocación gravita no sólo sobre nosotros, nuestro futuro, nuestros hogares y nuestro país, sino también sobre la vida, el futuro de aquellos a quienes nunca se les ha dado oportunidad de desempeñar un papel en el Congreso.
Lo que necesitamos es sabiduría, no sólo de nuestra parte sino de todas las partes. No nos atrevamos hoy a olvidar que somos los herederos de esa primera revolución. Que desde este lugar y momento se propague la noticia de que la antorcha ha sido pasada a una nueva generación de argentinos nacidos en este siglo, templados por la guerra, orgullosos de nuestra antigua herencia. El valor, la paciencia y la sabiduría son las más admirables de las virtudes humanas.
(*) Autor del ebook “Periodismo para Profesionales” Amazon, Apple, Google
