En medio del debate abierto en la Cámara de Diputados por la intención del oficialismo de modificar el régimen de Zona Fría, los legisladores cordobeses Juan Fernando Brügge y Carlos Mario Gutiérrez expresaron fuertes objeciones al dictamen impulsado por La Libertad Avanza y advirtieron sobre las consecuencias que tendría para cientos de miles de usuarios residenciales.
La discusión tomó temperatura este miércoles durante una reunión conjunta de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, donde el oficialismo avanzó con un proyecto que propone redefinir el esquema de subsidios al gas natural y limitar el alcance del beneficio de Zona Fría únicamente a usuarios vulnerables incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
La iniciativa oficial argumenta que el actual esquema genera desequilibrios financieros en el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas y sostiene que el régimen debe restringirse a hogares ubicados en zonas de “efectiva severidad climática”, bajo criterios de “equidad distributiva” y “responsabilidad fiscal”.
Sin embargo, desde Provincias Unidas advirtieron que el proyecto implica un fuerte retroceso para provincias del centro del país que fueron incorporadas al sistema mediante la Ley 27.637 sancionada en 2021.
Brügge y Gutiérrez remarcaron que en Córdoba existen actualmente 13 departamentos alcanzados por el beneficio: Calamuchita, Capital, General Roca, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Río Segundo, San Javier, Santa María, Tercero Arriba y Unión. Según señalaron, la medida alcanza a unos 600.000 usuarios residenciales, que reciben descuentos del 30 al 50 por ciento sobre la tarifa de gas.
Los legisladores recordaron que la ampliación de la Zona Fría respondió a estudios técnicos que demostraron patrones de consumo similares a los de regiones históricamente consideradas frías, especialmente por la alta demanda de calefacción durante gran parte del año.
“El subsidio no busca incentivar el consumo, sino compensar una necesidad energética superior”, sostuvieron los diputados al rechazar el argumento oficial sobre un supuesto “sobredimensionamiento” del régimen.
En el análisis presentado durante el debate parlamentario, los representantes cordobeses remarcaron además que el Fondo Fiduciario de Gas mostró superávit entre 2021 y 2023, sin necesidad de aportes extraordinarios del Tesoro Nacional. De acuerdo con cifras oficiales citadas en el documento, el fondo registró resultados positivos por $16.818 millones en 2021, $7.697 millones en 2022 y más de $39.000 millones en 2023.
Para Brügge y Gutiérrez, el verdadero problema surgió tras la reciente reducción de partidas presupuestarias dispuesta por el Poder Ejecutivo, que recortó más de $11.000 millones destinados al fondo fiduciario.
En ese marco, alertaron que una eventual eliminación o reducción del beneficio afectaría directamente a unas 675.000 personas en Córdoba, con un fuerte impacto sobre hogares de clase media y sectores vulnerables.
Los diputados también cuestionaron otros artículos del proyecto oficial vinculados al sistema eléctrico federal y a las deudas de distribuidoras con CAMMESA. Según advirtieron, la iniciativa “avanza sobre competencias provinciales” al establecer mecanismos automáticos de reconocimiento tarifario y compensaciones económicas que, a su criterio, interfieren en facultades propias de las provincias en materia de regulación de servicios públicos.
Además, señalaron que el texto no precisa el costo fiscal que podrían tener esas compensaciones ni cuál sería la fuente de financiamiento para cubrirlas.
Otro de los puntos objetados por los legisladores es la prohibición de incluir tributos locales en las facturas eléctricas, cuestión que consideraron una intromisión sobre la autonomía provincial y municipal.
Mientras el oficialismo busca acelerar el dictamen para llevar el proyecto al recinto, distintos bloques provinciales comenzaron a coordinar posiciones para intentar frenar modificaciones que consideran perjudiciales para usuarios del interior del país. El debate promete escalar en las próximas semanas, con gobernadores y distribuidoras siguiendo de cerca una discusión que impacta de lleno en el costo de los servicios energéticos.
