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CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). ¿Quienes fueron los legisladores salteños respaldaron la norma que creó el régimen simplificado de Ganancias?. Hoy, tras conocerse que funcionarios del Gobierno se adhirieron al sistema, sus votos volvieron al centro de la polémica.
La revelación de que funcionarios y exfuncionarios del Gobierno nacional, entre ellos Manuel Adorni, Federico Sturzenegger y Juan Pazo, adhirieron al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias volvió a poner bajo la lupa la denominada Ley de Inocencia Fiscal y a quienes hicieron posible su aprobación en el Congreso.
En ese contexto, desde distintos sectores de la oposición comenzaron a señalar como “cómplices políticos” del vocero presidencial a los legisladores que acompañaron la iniciativa impulsada por la Casa Rosada. Entre ellos aparecen representantes de Salta: los diputados Eliana Bruno, María Gabriela Flores, Julio Moreno Ovalle y Carlos Zapata, de La Libertad Avanza; la diputada Yolanda Vega, de (Innovación Federal); los senadores Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán, de (La Libertad Avanza), y Flavia Royón, (Primero los Salteños)
La norma fue presentada por el oficialismo como una herramienta destinada a simplificar el sistema tributario, reducir la burocracia y abandonar la lógica de la presunción permanente de culpabilidad sobre los contribuyentes. Sin embargo, la adhesión posterior de funcionarios libertarios al mismo régimen reabrió el debate sobre transparencia y control patrimonial.
Los votos salteños en la Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto el 18 de diciembre de 2025 con 130 votos afirmativos y 107 negativos. Entre los representantes salteños, acompañaron la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional los diputados de La Libertad Avanza, Eliana Bruno, María Gabriela Flores, Julio Moreno Ovalle y Carlos Zapata. También votó afirmativamente Yolanda Vega, representante de Innovación Federal.
Por su parte, los diputados Pablo Outes y Bernardo Biella (Innovación Federal), estuvieron ausentes al momento de la votación y no participaron de la definición parlamentaria.
Biella recordó en un coomunicado de prensa que que durante el tratamiento de la Ley de Inocencia Fiscal expresó sus reparos respecto de la posibilidad de que funcionarios públicos y sus familiares directos pudieran adherir al nuevo régimen fiscal.
El legislador sostuvo que quienes ejercen responsabilidades públicas deben estar sujetas a estándares más rigurosos de transparencia y ejemplaridad, por lo que propuso que quedaran expresamente excluidos de los beneficios contemplados por la norma.
Sin embargo, al no ser incorporada esa propuesta al texto definitivo de la ley, decidió no participar de la votación como una forma de dejar asentada su posición y su desacuerdo con ese aspecto puntual de la iniciativa.
No fue la primera vez el diputado Bernardo Biella, adopta una postura diferenciada dentro del Congreso. Durante el tratamiento de la Ley de Presupuesto acompañó la iniciativa en general, pero votó en contra del artículo 75, que establecía la derogación del financiamiento universitario y de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Los votos salteños en el Senado de la Nación
El Senado convirtió en ley la iniciativa el 26 de diciembre de 2025 con 43 votos afirmativos y 26 negativos. En representación de Salta, los senadores Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán, de La Libertad Avanza, y Flavia Royón, de Primero los Salteños, acompañaron el proyecto con su voto positivo.
¿Qué es la Ley de Inocencia Fiscal?
La denominada Ley de Inocencia Fiscal es una reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Javier Milei que busca modificar la relación entre el Estado y los contribuyentes, bajo la premisa de que el fisco no debe presumir automáticamente que existe evasión o irregularidades.
El nombre “Inocencia Fiscal” no corresponde al título formal de una ley específica, sino al concepto político con el que el oficialismo presentó un paquete de cambios impositivos orientados a simplificar trámites y reducir la carga administrativa sobre quienes pagan impuestos.
Los requisitos para adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias
- Hasta $1.000 millones: es el límite máximo de ingresos brutos anuales netos permitidos para ingresar al régimen.
- Hasta $10.000 millones: es el tope máximo de patrimonio total, ya sea en el país o en el exterior, permitido para acceder a este esquema simplificado.
Puntos clave de la ley
- Declaración Jurada Simplificada: bajo este régimen, ARCA deja de revisar la evolución patrimonial y el nivel de consumo. Solo se toma como referencia lo facturado y los gastos deducibles, agilizando el proceso y otorgando efecto liberatorio al pago.
- Nuevos umbrales penales:
- Evasión simple: pasó de $1,5 millones a $100 millones.
- Evasión agravada: pasó de $15 millones a $1.000 millones.
La ley que hoy genera controversia
Uno de los puntos más debatidos de la Ley de Inocencia Fiscal fue la creación del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. El esquema permite que determinados contribuyentes presenten declaraciones abreviadas y queden exceptuados de informar consumos personales y determinados detalles patrimoniales correspondientes al ejercicio fiscal 2025.
Desde el oficialismo sostienen que se trata de una herramienta moderna que facilita el cumplimiento tributario y disminuye costos administrativos.Sin embargo, la polémica estalló cuando trascendió que varios de los propios impulsores o integrantes del Gobierno recurrieron al mismo sistema.
Primero se conoció la adhesión de Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Julieta Angeletti. Posteriormente aparecieron los nombres del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; del exjefe de ARCA, Juan Pazo; del actual titular del organismo, Andrés Vázquez; y del diputado José Luis Espert.
Transparencia y costo político
Para la oposición, la utilización del régimen por parte de funcionarios nacionales demuestra que las advertencias formuladas durante el debate parlamentario tenían fundamento.Los sectores críticos sostienen que la reducción de información patrimonial disponible puede dificultar los controles sobre Personas Expuestas Políticamente y cuestionan que quienes impulsaron la norma sean, al mismo tiempo, usuarios de sus beneficios.
El diputado nacional Martín Losteau volvió a apuntar contra la Ley de Inocencia Fiscal impulsada por el gobierno de Javier Milei y aseguró que se trata de una herramienta que podría favorecer tanto a funcionarios corruptos como al crimen organizado. En ese contexto, utilizó el caso del jefe de Gabinete, para cuestionar el alcance de la norma y las explicaciones que brindó sobre su patrimonio. “Es Oro en polvo para el crimen organizado”. Y agregó “si Adorni entra en Inocencia Fiscal queda liberado del delito fiscal de evasión y del delito de enriquecimiento ilícito” y cuestionó las explicaciones brindadas por el funcionario respecto de la evolución de su patrimonio y su nivel de consumo.
Desde el Gobierno rechazan esas acusaciones y remarcan que el régimen está abierto a todos los contribuyentes que cumplan con los requisitos legales, sin distinción alguna. No obstante, el debate ya excedió el plano técnico tributario y se transformó en un nuevo frente político para la Casa Rosada.Mientras la investigación patrimonial sobre Manuel Adorni continúa generando repercusiones, también crecen los cuestionamientos hacia quienes levantaron la mano para aprobar una ley que hoy vuelve a estar en el centro de la escena nacional.
La discusión dejó expuesta una grieta política que atraviesa tanto al Congreso como al propio oficialismo: para unos, se trata de una herramienta de simplificación administrativa; para otros, de una norma que debilitó mecanismos de control y terminó beneficiando a quienes la promovieron.