“No te mientas a ti mismo; el hombre que se miente a sí mismo y escucha sus propios engaños, acaba por no poder distinguir su propia verdad”. Fyodor Dostoyevsky
Por Ernesto Martinchuk
En marzo de 2020, la Cámara Federal de Resistencia declaró como genocidio la matanza de cientos de miembros de la comunidad Pilagá, llevada a cabo el 10 de octubre de 1947.
Durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, el 10 de octubre de 1947, cientos de indígenas pertenecientes al Pueblo Pilagá fueron masacrados en Rincón La Bomba, un paraje ubicado en Las Lomitas, provincia de Formosa, en aquel entonces territorio nacional.
Durante los años 1940 y 1950, se tomó como “deber” la protección del indígena por parte del Estado, sin embargo, la “problemática indígena” lejos de resolverse, continuó siendo motivo de preocupación central sobre todo en el marco de las políticas poblacionales durante el período 1946-1955. Entre los organismos y la orientación específica de la política indigenista la dependencia estatal competente estaba abocada a la “incorporación protegida” de la población indígena.
Edelmiro Farrell -militar y dictador argentino que ejerció como presidente de 1944 a 1946- creó la “Dirección de Protección del Aborigen”. El mismo reorganizaba la Secretaria de Trabajo y Previsión -bajo la conducción del coronel Juan Domingo Perón- y creaba la nueva dependencia, bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Previsión Social, para reemplazar a la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios.
La masacre
En octubre de 1947 -con el general Juan Domingo Perón como presidente de la Nación- efectivos del escuadrón 18 de Gendarmería Nacional con asiento en Las Lomitas fusilaron a cientos de personas pertenecientes al Pueblo Pilagá, persiguieron a los sobrevivientes por los montes formoseños durante varias semanas provocando la muerte de muchos por falta de atención médica, hambre, sed y mediante nuevos fusilamientos, y finalmente, trasladaron a los sobrevivientes a las colonias indígenas de Bartolomé de las Casas y Francisco Muñiz donde fueron forzados a trabajar bajo la administración de un funcionario de la Dirección de Protección al Aborigen.
En 1947 el uso de los nombres originarios estaba prohibido. En un doble juego de ciudadanización y desaparición de identidad, hombres y mujeres que pertenecían a los distintos Pueblos Originarios eran documentados, enrolados o bautizados bajo un nombre y apellido que borraba su relación con el Territorio y su familia extensa.
Ante la negativa de los ancianos a abandonar el lugar, la comandancia del escuadrón prometió a los pilagá, que se les entregaría una tierra “con un estero que nunca se seca”, logrando convencer a los caciques Manta, Coquero, y Oñedié (identificado como Pablito Navarro) para que fueran a conocer el supuesto espacio asignado. Al regresar éstos del viaje mientras discutían con los jefes de familia y el Consejo de Ancianos la posibilidad de trasladarse hacia allí, un alférez comunicó a Oñedié la invitación del presidente de la Nación, Juan Domingo Perón para viajar a Buenos Aires, a condición de que lo hiciera sin acompañantes y sin dilatar la respuesta.
Pero el Consejo de Ancianos, ante la posibilidad de que dieran muerte al cacique, le aconsejó que no viajara, y Oñedie decidió quedarse.
A la mañana siguiente, un grupo de camiones de los almacenes Tienda Buenos Aires, León Wacholder y Curesti, históricos proveedores de las Colonias Aborígenes fueron escoltados hasta La Bomba por un grupo de gendarmes que repartió comida y carnearon animales para las familias. Esa tarde muchas personas comenzaron a sufrir los efectos de la comida que se cree pudo haber estado envenenada o descompuesta.
El 10 de octubre los gendarmes al mando de Fernández Castellanos y Aliaga Pueyrredón apuntaron sus ametralladoras pesadas y sus fusiles contra la multitud y dispararon varias descargas. Aunque muchos habían emprendido la huida varias horas antes, -advertidos por gendarmes amigos- y por el movimiento de tropas y vehículos militares, algunos se quedaron enfrentando a los gendarmes con Biblias en sus manos y cánticos litúrgicos, suponiendo que éstos no iban a dispararles. Sin embargo, se dio la orden de fuego y muchos cayeron heridos o muertos tras las primeras ráfagas.
El tiroteo se extendió por varias horas y continuaron escuchándose disparos durante la madrugada y se incineraron los cadáveres de los caídos, esparciendo con topadoras las cenizas durante los días siguientes, describe El Intransigente de Salta del día 22/10/47.
Se multiplicaron las capturas en diversos parajes del Territorio Nacional y la represión que se extendió hasta finales del mes de octubre, dio como resultado, más fusilamientos, el uso de la violación como arma contra las mujeres, y un número indeterminado de desaparecidos.
Como ocurre en la mayoría de los genocidios, las víctimas del año 47 fueron criminalizadas. La justificación fue construida con éxito y se convirtió en razón suficiente para actuar con toda impunidad, persiguiendo y escarmentando a las familias que huían, y sometiendo a los sobrevivientes al trabajo esclavo en las Colonias Aborígenes.
Fueron exterminadas centenares de personas pertenecientes al Pueblo Pilagá, y la masacre dio como resultado un número indeterminado de heridos y desaparecidos, sobre todo ancianos y niños que eran los más vulnerables. Por otro lado, las memorias orales también dan cuenta de violaciones de mujeres, numerosos muertos por envenenamiento, intoxicación, hambre y sed, relata en un detallado informe Paula Mercedes Alvarado, abogada de la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá.
