Luego de que la Cámara de Diputados logró blindar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, el presidente volvió a cargar contra la educación pública superior en la Argentina y persiste el debate respecto del financiamiento y especialmente de los mecanismos de control de las Universidades. La Ley de Educación establece que las Casas de Altos Estudios deben ser controladas por la Auditoría General de la Nación (AGN), que publicó su plan de trabajo 2025 y no incluyó a la Universidad Nacional de Tucumán. Así, no serían auditadas las cajas del Rectorado, pero no son todas buenas para el Saabismo: el gobierno nacional tomó nota y hasta puso de ejemplo el Robo de la Ciudad Universitaria de San Javier y el juicio en curso contra el ex Rector Juan Alberto Cerisola que complica a la casta radical universitaria.
El pasado jueves, la AGN anunció su plan de trabajo 2025 e incluyó entre las instituciones a auditar el próximo año a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y las Universidades de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan, Cuyo, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de la Patagonia San Juan Bosco, de Chilecito, de Avellaneda, del Nordeste. "El foco cambiará dependiendo la institución: algunas serán sobre la gestión administrativa, financiera y contable, mientras que otros se centraran en el análisis transversal sobre los procesos de compras y contrataciones y también sobre la gestión de bienestar estudiantil", indicó Infobae.Así, zafaría en 2025 de los controles nacionales la Universidad que controla desde hace 40 años el poderoso secretario general del Rectorado, José Hugo Saab, a quién no se divisó en la primera fila de la columna que partió desde el Rectorado hacia plaza Independencia en la última Marcha Universitaria, y que fue encabezada por el Rector Sergio Pagani y la Vicerrectora Mercedes Leal.
En abril pasado, en la antesala de la primera Marcha Federal Universitaria, el Ministerio de Capital Humano informó que la UNT recibió $458.953.581 para su funcionamiento tras la prórroga del Presupuesto Nacional 2023 al 2024: de acuerdo al sitio Chequeado, que publicó la variación interanual ajustada por IPC del gasto devengado a cada universidad nacional entre los acumulados de marzo de 2023 y 2024, el monto recibido por la UNT representaría un 29,3% menos que el año pasado.
En aquel contexto, el Rector de la UNT Sergio Pagani subrayó: "Del porcentaje total del presupuesto de las universidades, en términos generales, el 90% corresponde a salarios docentes y no docentes y el 10% al funcionamiento en general. Eso, el año pasado. Ahora, en este periodo tan difícil, como esos gastos el año pasado han quedado fijos y los salarios han ido aumentando, a fin de año hemos llegado a un 95% en salarios y 5% en funcionamiento".
En julio pasado, el Consejo Superior de la UNT aprobó el Anteproyecto de Presupuesto 2025 que prevé un total de gastos por $149.823.779.922,77. De allí se desprende que los salarios de los docentes insumirían $55.567.758.901,19, mientras que los docentes preuniversitarios $9.363.297.364,37, los no docentes un total de $57.152.470.192,13 y las autoridades superiores $5.417.575.787,73. Sí, la UNT gasta más en el sueldo de los nodocentes que de los propios docentes. También está previsto gastar $83.606.407,33 en publicidad y propaganda y gastos en "otros servicios" por $306.201.313.
Entre los gastos que tiene contemplado el Rectorado aparece la recuperación de las casas de la Residencia de San Javier por $50.000.000, un nuevo núcleo de circulación vertical por $230.000.000 y una nueva sala de Consejo Superior por $150.000.000. La obra más costosa que proyecta la UNT es el traslado del Decanato de la Facultad de Agronomía al Manantial por $1.200.000.000.
En 2022, eltucumano señaló que de los gastos de funcionamiento de la UNT, el Rectorado se llevaba un 73,84% del Presupuesto 2021, contra un 16,55% de las Facultades, un 5,35% de las Escuelas preuniversitarias y un 4,16% para las secretarías del Rectorado. En 2018 el Rectorado contaba con 1150 trabajadores trabajadores nodocentes, mientras que la totalidad de las Escuelas Experimentales tenían 177 y la Facultad de Medicina 172, por ejemplo.
En 2025, la UNT tiene previsto gastar $575.978.017,49 en servicios técnicos y profesionales donde se supone estarían incluidos los servicios del múltiple agente Rodolfo Tercero Burgos, abogado exclusivo querellante recontratado sistemáticamente por la Universidad para "defenderla" en el juicio en contra del ex Rector Juan Alberto Cerisola y funcionarios de su Gabinete por el desfalco de fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), que debían destinarse a construir la Ciudad Universitaria en San Javier según manda la Ley 14.771. La causa va camino a la prescripción, ya que las audiencias avanzan muy lentamente y el año que viene se cumplen quince años de la denuncia inicial, por lo que prescribirían los delitos endilgados a Cerisola y sus exfuncionarios.
Quién aludió esta semana al Robo de la Ciudad Universitaria fue el subsecretario de Políticas Universitarias, El Gallego Alejandro Álvarez (h), rebautizado El Profe por los libertarios en las redes sociales. Lo hizo en un intercambio en X con la diputada nacional Paula Oliveto Lago, de la Coalición Cívica. La lilita le hablaba a Milie, pero respondió El Profe.
"Presidente, si alguien tiene las herramientas para auditar el dinero de las Universidades, es usted. Y le recuerdo que no solo su gobierno no lo hizo, sino que la @ccari_ok pidió auditorías y su bloque no acompañó. Nada justifica no dar el aumento que la Universidad Pública necesita para funcionar: echar culpas o buscar excusas no es solucionar los conflictos que deben ser resueltos", planteó Oliveto Lago.
Álvarez respondió: "Le aclaro señora legisladora que no podemos avanzar con la velocidad que quisiéramos en las auditorias con la SIGEN porque las universidades le pidieron a Massa y Alberto que Zannini les diera un dictamen a medida, que pronto vamos a refutar pero hay que hacer las cosas bien (hasta este momento avanzamos con un convenio de auditoria voluntaria que ya firmaron 27 Universidades) y son las UUNN más grandes, y gobernadas por el radicalismo en alianza con la izquierda y el kirchnerismo, las que sostienen el Dictamen de Zannini qué firmo siendo Procurador del Tesoro y dejó a la SIGEN fuera y solo la AGN como único auditor. Justamente fue después de que gracias a una auditoria de la SIGEN se descubriera el desfalco del Rector y sus funcionarios de la Universidad Nacional de Tucumán con los fondos para la construcción de la Ciudad Universitaria, no sea señora que usted esté avalando el dictamen de Zaninni cuyo principal objetivo era evitar que se descubrieran robos en la Obra Pública. Si es así, suerte con eso!. El proceso judicial contra las autoridades de la UNT está actualmente en marcha".
Lo hizo citando La Gaceta, que tras años de encubrimiento está muy encima del juicio para reforzar la posición Saabista del fiscal federal Carlos Brito que en su investigación no profundizó en el origen de los fondos malversados sino en su manejo, exculpando así a los ex Rectores y ex Jefes de la Unión Cívica Radical de Tucumán Mario Marigliano -ya fallecido- y Rodolfo Martín Campero, tío del radical con peluca Mariano Campero quiénes desde el directorio de YMAD promovieron la firma del acta acuerdo que declaró a la UNT "satisfecha" de su derecho a construir su Ciudad Universitaria y que los fondos mineros que manda la Ley 14.711 se reduzcan a la mitad y pasen a ser de libre disponibilidad del Rectorado tras el cobro de "anticipos de utilidades" que comenzaron a ingresar muchos años antes de lo previsto luego de un apriete del propio Campero a Minera Alumbrera, tras descubrir una maniobra accionaria no informada que fue aprovechada por la UNT para perpetrar tamaño delito histórico contra la propia Universidad Nacional de Tucumán, la Educación Superior y todos los tucumanos.
Fuente: Contexto Tucumán
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