Según un informe de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), todo comenzó el sábado 3 de noviembre de 2007 en horas del mediodía, con una violenta requisa que dejo varios internos lesionados. Al día siguiente, el malestar de los presos se agravó con el maltrato sufrido por las visitas. “A todas las mujeres se las desnudó y sometió a tacto vaginal. A la madre de un interno convaleciente de su operación de páncreas le sacaron la faja y le hicieron tacto vaginal también. Rompieron o no dejaron pasar alimentos traídos por las visitas. Inmediatamente después de la protesta el domingo hicieron requisa, tiraron violentamente la comida, rompían las pertenencias, tiraban colchones, en uno de los pabellones llevaron a todos al baño, los desnudaron y le dieron palos hasta tirarlos al suelo” señala el informe. Todo esto desató la furia de los internos, que prendieron fuego los colchones, provocando un incendio que rápidamente se propagó y se volvió incontrolable. La puerta del pabellón 2 nunca fue abierta, situación que, en combinación con la demora de los bomberos, derivó en la muerte por asfixia de casi todos los presos que allí encontraban. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas acusaron a los guardiacárceles de haber bloqueado las puertas de los pabellones, impidiendo que los internos escapen del fuego. También denunciaron que muchos de los presos no murieron por quemaduras ni por asfixia, sino por golpes propinados por los efectivos e incluso por heridas de bala. En mayo de 2015, ocho años después de la masacre, se dio inicio al juicio que duró seis meses y que finalmente condenó a tres de los nueve guardiacárceles procesados por “homicidios y lesiones culposas”. Las penas fueron de menor cuantía y en poco tiempo los condenados, que habían sido alojados en la Escuela de Policía, recuperaron su libertad.
En tanto, ninguno de los responsables políticos de la tragedia fue siquiera imputado. El informe de la APDH, realizado meses después del hecho, reveló que, más allá de las causas inmediatas de la protesta que derivó en tragedia, existieron graves negligencias de fondo imputables a la “ausencia total de política penitenciaria”. Al momento del incendio había 470 detenidos, siendo que el penal tenía capacidad para 340 plazas. El edificio estaba “muy viejo y deteriorado, con instalaciones eléctricas deplorables y peligrosas, con cables externos y al alcance de la mano… El personal penitenciario entrevistado acepta que las condiciones de vida en el penal son infrahumanas y se debe a que en líneas generales es inhabitable” señala el informe. Hay por lo tanto una responsabilidad política muy clara, en especial por parte del Ministro de Justicia, Ricardo Daives, y es por ello que la abogada María Luisa Cárdenas de Infante, apoderada de dos familias, presentó una apelación a la sentencia, donde pide considerar la responsabilidad penal de los funcionarios políticos, según informó el periodista Ernesto Picco. La intención lograr que el caso supere las instancias locales y llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fuente: Visión Santiagueña
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