Elisa Carrió fue la primera en alertar sobre presuntas coimas que podrían haber mediado para permitir la liberación del empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, a partir de una decisión de los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah. La legisladora no se quedó en la denuncia verbal o el tuit sugerente: hizo una presentación ante el Consejo de la Magistratura. Ahora redobló su denuncia, ampliándola ante ese mismo organismo. La información difundida por Clarín y La Nación detalla un pedido de la legisladora para investigar si “familiares de exdirectivos del Casino Puerto Madero cumplen funciones para el juez Eduardo Farah y/u otro juez de la misma Sala I”. El interrogante apunta al abogado Jorge Mazzaglia, un hombre que tendría llegada a los despachos de Comodoro Py y quien, según aporta Carrió en base a notas periodísticas, “ha sido tiempo atrás, presidente del Casino Flotante de Puerto Madero, propiedad de Cristóbal López”. A partir de ello sugiere investigar “qué tipo de vinculación mantendría a la fecha con éste último y con los magistrados denunciados”. La presentación de Carrió señala que también “debiera establecerse si el abogado nombrado tiene algún parentesco con Matías Jorge Mazzaglia, designado el 28 de noviembre de 2012 con una categoría presupuestaria equivalente al cargo de Secretario de Juzgado para desempeñarse en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (Sala I), conforme Resolución N° 3390/2012 y el 27 de abril de 2016 para desempeñarse con una categoría presupuestaria equivalente al cargo de Secretario de Cámara en la Sala II, Vocalía del Dr. Farah (Resolución 1018/2016); y/o con Marcelo J. Mazzaglia, quien conforme surge de la Resolución N° 3408/2015, resulta ser el jefe de despacho de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal”. Los mencionados serían hijos de Mazzaglia, precisa la denuncia que adjunta las resoluciones firmadas por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y la vice, Elena Highton de Nolasco. Para la legisladora, Mazzaglia formó parte de la supuesta maniobra que habría permitido asegurar el voto de Farah para liberar a los empresarios detenidos en la causa impulsada por la AFIP. Entre 2014 y 2017, Mazzaglia se desempeñó en la Auditoría General de la Nación entre 2014 y 2017. Precisamente en la AGN está Javier Fernández, reconocido operador judicial del kirchnerismo. La denuncia ampliada de Carrió incluye también a Jorge Ballestero, respecto de quien Carrió volvió a presentar documentación relacionada con la compra de un departamento en 1995 y declarada por el magistrado con un valor fiscal de 900 mil pesos, que está debajo de los valores del mercado, de acuerdo a lo informado por Parlamentario. Carrió hace hincapié también en “la llamativa declaración de bienes” que Ballestero hizo el año pasado, como así también a las “cuestionadas circunstancias mediante las cuales habría convocado personalmente al Dr. Farah para que suscribiera la resolución favorable al empresario Cristóbal López”, todo lo cual la llevan a sospechar respecto de las verdaderas motivaciones de su decisorio.
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