El presidente del interbloque de senadores y senadoras nacionales de Unión por la Patria, José Mayans, presentó un proyecto de ley para equiparar y poner tope a las remuneraciones a las autoridades superiores de los Tres Poderes del Estado, órganos extra-poderes, organismos especializados de la Administración Pública Nacional y empresas y sociedades del Estado.
La propuesta busca fijar un criterio de equidad ante en el contexto de emergencia y crisis económico-social, agudizadas por las decisiones adoptadas por el actual gobierno nacional.
La iniciativa establece un límite a las retribuciones de las máximas autoridades del país. Fija un máximo salarial, imposible de superar, de “veinte salarios mínimos vitales y móviles” (SMVM) por todo concepto para quien ocupe el cargo de Presidente de la Nación, Vicepresidente, Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Senador, Diputado, Procurador General, Consejero de la Magistratura, Auditor General y Defensor del Pueblo de la Nación, y personal del Servicio Exterior comprendido en el artículo 3 de la Ley 20.957.
De esa manera, se intenta ordenar y establecer un tope a las remuneraciones de las máximas autoridades estatales.
La norma dispone, además, que las remuneraciones de los ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes del Estado Nacional, “no podrán superar a “los quince salarios mínimos vitales y móviles por todo concepto”. La misma restricción regirá para funcionarios y jerárquicos de entidades comprendidas en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control Público, así como del Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Del mismo modo quedarán comprendidos, también, los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal y del Poder Legislativo.
En tanto, se excluye a los empleados y agentes de las distintas dependencias, reparticiones y organismos mencionados, cuyos salarios se seguirán determinado de acuerdo con el Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal del Sistema de Empleo Nacional y los respectivos convenios colectivos por los cuales se rigen sus actividades laborales, consigna el proyecto.
La propuesta dispone que el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil emita un dictamen fijando las escalas salariales para los sujetos comprendido por la ley y habilita la participación de representantes de los tres Poderes del Estado en las deliberaciones en que se fijen las referidas escalas, aunque sin derecho al voto.
Con esta iniciativa se busca dar un claro mensaje de austeridad, por parte de quienes deben velar por el bienestar de nuestra población y por los intereses de la Nación, y de respeto ante la compleja situación y el ajuste, que millones de argentinos y argentinas vienen enfrentado a diario, con subas escandalosas de precios y de tarifas y una devaluación devastadora de los ingresos de la población.
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