Es difícil encontrar un título que nos sorprenda de Santa Cruz, pero la gobernadora se esmera día a día tratando de romper sus propias marcas. En la legislatura provincial la oposición presentó un proyecto pidiendo que los diputados apoyaran un pedido al Ejecutivo provincial, para que proceda a depositar en tiempo y forma las cuotas alimentarias que descuenta a los empleados públicos de sus sueldos, pero no deposita para su cobro. A pesar de las campañas por la “mujer”, “los niños” y las declaraciones por “día de la madre”, los diputados del FPV y La Cámpora, se negaron a exigirle a Alicia Kirchner que deposite lo que retiene indebidamente y no paga a sus beneficiario, incumpliendo con la ley. El gobierno provincial está incurriendo en un delito flagrante en contra de la familia y los diputados del FPV y de La Cámpora, convalidaron que el Ejecutivo prosiga vulnerando el derecho de los niños, de la familia, de la mujer y además, contraviniendo el Art 227 del Código Penal el cual establece “aquel que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos la pensión de alimentos a favor de sus hijos o también de su cónyuge, que haya sido establecida en convenio judicialmente aprobado o por sentencia en los supuestos de separación matrimonial, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado penalmente”. La pena por no pagar la pensión de alimentos podrá ser de 3 meses a 1 año de prisión o multa de 6 a 24 meses, determina la ley. Ahora bien, el gobierno de Santa Cruz, parece no estar comprendido por el Código Penal, porque descuenta el código de “Cuota Alimentaria” a los empleados públicos, pero no los deposita para que las los padres solos con niños, puedan obtener ese dinero para alimentar a sus hijos. Hasta este momento, ningún juez de familia ni del menor y ningún fiscal de Santa Cruz, ha realizado una presentación de oficio para imponer justicia e impedir que la gobernadora Alicia Kirchner, siga cometiendo un ilícito con la retención indebida de fondos que son de los empleados públicos.
Fuente: OPI Santa Cruz
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