Emilio Rached y Raul Ricardo Alfonsin. Foto histórica de archivo
En la Cámara de Diputados santiagueña se utilizó antes un ardid irregular para crear una primera minoría artificial para que el zamorismo se quedara con cargos en organismos colegiados, con el fin de desplazar a la oposición. Un planteo por la irregularidad en Santiago nunca fue resuelto por el máximo tribunal. Antes se usó para alzarse con el tercer senador.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desarticuló una maniobra del kirchnerismo para obtener un asiento más en el Consejo de la Magistratura, al crear un nuevo bloque como división artificial del oficialismo, con la intención de obtener la primera minoría en el Senado y facilitar esa designación.
El kirchnerismo se escandalizó con el fallo del máximo tribunal que eyectó a Martín Doñate del Consejo y ordenó restituir a su verdadero representante, Luis Juez. Se trata de un organismo colegiado clave para la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner que afronta numerosos procesos por corrupción, y allí precisamente se incorporan y expulsan magistrados. Ese puesto es estratégico para presionar o echar a jueces y fiscales que persiguen a la líder kirchnerista.
Pero lo que poco se conoce es que Santiago del Estero fue pionera en la argucia legal utilizada por el kirchnerismo en el Senado de la Nación, para ingresar por la ventana a Doñate.
En la Cámara de Diputados el zamorismo se dividió de palabra en dos bloques, a fines de 2016: Frente Cívico y Partido Justicialista, para proclamar a este último bloque como la primera minoría y desplazar a la oposición de Juntos por el Cambio. Esa maniobra permitió quedarse con el cargo que le correspondía a Juntos por el Cambio en el Tribunal de Cuentas, para evitar el control republicano de las multimillonarias erogaciones de Gerardo Zamora. Luego se aplicó para el Tribunal Electoral y el Consejo de la Magistratura local, órganos que quedaron bajo el poder absoluto del oficialismo.
Entonces se denunció el ardid utilizado porque era violatorio de propia Constitución Provincial, que claramente indica que la mayoría y la primera minoría se determinan con el resultado electoral, no con subdivisiones oportunistas. No obstante esos cuestionamientos constitucionales, el PJ puso su propio contador y el organismo que controla los gastos del Ejecutivo quedó totalmente en manos del oficialismo.
El entonces diputado Marcelo Lugones denunció el atropello ante la Corte Suprema, donde interpuso una acción de amparo “en defensa de las instituciones y para dejar bien en alto las banderas de nuestro partido, dando por cumplido el deber de llegar hasta las últimas consecuencias para defender la Constitución Provincial y Nacional”. Así lo expresó el legislador en una comunicación al comité nacional de la UCR, acompañada de una copia del recurso, fechada el 19 de abril de 2017.
“Hoy cumplimos con nuestro deber político: luego de grandes esfuerzos continuamos con la lucha inclaudicable a favor de nuestro castigado pueblo, culminando con una presentación judicial que significó años de paciente dialogo”, acotó Lugones. Era el mismo planteo que ahora la Corte resolvió con un cachetazo a las pretensiones del kirchnerismo.
Lo cierto es que en el caso local el máximo tribunal no se expidió hasta ahora. Para algunas fuentes “no era relevante ni urgente la presentación” por el avasallamiento institucional en una provincia, para otras los ministros “se habrían tomado su tiempo para resolver”. Pero esa sentencia pendía como una espada de Damocles.
Por eso el zamorismo modificó su estrategia y presentó dos listas de candidatos a diputados, por el Frente Cívico y el PJ, en las elecciones del año pasado, para quedarse con la mayoría y la primera minoría sin violar nuevamente la Constitución, de acuerdo a Visión Santiagueña.
Esa misma jugada ya la habían usado para adulterar la figura del “tercer senador”, acordada entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem para la reforma constitucional de 1994, que aseguraba un lugar para la primera minoría. Pero en 2013 se fraguó una división artificial del oficialismo que permitió que Gerardo Montenegro accediera al Senado, en cuya gestión fue denunciado por el desvío de fondos millonarios para cooperativas, causa que la fiscal Indiana Garzón acuna sin avances. Garzón, que es discípula de Alejandra Gils Carbó, parece haber recibido la promesa de ser la candidata del kirchnerismo para la Procuración General, por lo que no podía ir contra sus auspiciantes. Pero con el albertismo sus anhelos quedaron en la nada.
En resumen, la picardía inconstitucional tramada en Santiago del Estero parece haber inspirado la maniobra del kirchnerismo en el Senado para ganar un asiento más en el Consejo de la Magistratura. No es la primera vez que una jugarreta zamorista es seguida con atención por Cristina Fernández: en 2013 la violación de la Constitución Provincial para reelegirse por segunda vez iba a servir como gatillo para impulsar al cristinismo, hasta que la Corte le puso coto a sus ambiciones, aunque Zamora logró burlar su limitación al convertir en gobernadora a su consorte, como pantalla para retener las riendas del poder.
Como se ve con estos ejemplos, las bribonadas provincianas a veces trascienden las fronteras y tientan a los más encumbrados, con tal de acumular poder e impunidad, aseguró Emilio Rached.
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