En un encuentro del Barrionuevismo ampliado, realizado en la sede del gremio Gastronómico de la Capital Federal, se decidió llevar el próximo jueves, al Consejo Directivo de la CGT, la propuesta de «un paro general de 36 horas con movilización», no más allá del mes de julio, en protesta «al avance del gobierno nacional contra la actividad gremial, los convenios colectivos de trabajo y el brutal desfinanciamiento de las obras sociales que está provocando el Poder Ejecutivo, con la consecuente reducción en la recaudación de las organizaciones sindicales».
De hecho, el planteo es «ir a fondo», incluso hasta la instancia de «entregar las obras sociales llave en mano» a la administración libertaria «para que sean directamente ellos los que les den salud a los trabajadores». Todo, dentro de una situación que denuncian como de «absoluto vaciamiento», con la quita del 4,5% al 2%, «lo que implica una pérdida superior al 40%» en los ingresos.
«Así no hay manera de brindar ningún tipo de cobertura», coincidieron los más de treinta sindicatos presentes, encuadrados dentro de la central del transporte UGATT, la Juventud Sindical y la anfitriona Azul y Blanca, quienes también recibieron apoyos de otros sectores del Movimiento Obrero, que «están dispuestos a acompañar la aprobación de esta medida de fuerza» en la reunión de esta semana en Azopardo.
Entre los presentes, se encontraban, además del titular de UTHGRA, Luis Barrionuevo, los sindicatos de Carga y Descarga (Daniel Vila), Maestranza (Oscar Rojas), Viajantes (Lucho Cejas), Estaciones de Servicio (Carlos Acuña); junto a Omar Maturano de La Fraternidad, Calegari y Fernández de UTA, y Roberto Bonetti de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Capital Federal, sumados a organizaciones de diferentes actividades como Panaderos, Perfumistas, Tabaco y Asimra, entre otros.
Algunos de los asistentes enfatizaron la necesidad de que «la CGT lleve adelante un plan de lucha, no solo por sectores, durante diferentes jornadas», que es otra alternativa que se está analizando, sino también confluir en «una medida de fuerza extendida por más de 24 horas y a nivel nacional».
Asimismo, se busca generar una unidad en las presentaciones de los amparos judiciales, «para que la Justicia frene la aplicación» de las medidas económicas que acompañan «la flexibilización laboral», con exigencias directas «al rol que debe cumplir la Superintendencia de Servicios de Salud, para garantizar prestaciones y servicios de las Obras Sociales Sindicales».
Con noticias de estadodealerta.com.ar
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