Mientras miles de usuarios de la zona norte de La Plata que llevan más de cinco días de apagón, el gobierno bonaerense anunció este miércoles que habrá resarcimientos para los casos “comprobados”. Lo anunciado significa que los usuarios afectados por el corte de luz no pagarán la totalidad de la boleta del mes de junio.
Al compartir una conferencia de prensa con autoridades provinciales, el intendente de Julio Garro señaló que los vecinos que no tuvieron luz no pagarán este mes la tasa de alumbrado y los comerciantes quedarán exentos del pago de tasas comunales.
Lo cierto es que los vecinos afectados por el apagón en La Plata llevan más de cinco días sin luz y los comerciantes quedaron obligados a cerrar sus locales. Desde la gobernación aseguraron que el dinero recaudado por la multa impuesta por la administración de MAria Eugenia Vidal a la empresa Edelap, encargada de brindar el servicio será restituido a los vecinos.
Por su parte, el jefe comunal salió con los tapones de punta contra los precandidatos de la oposición por hacer uso político del apagón: "Ni uno solo me llamó para preguntarme che, qué necesitás".
Y enfatizó: "Hicieron conferencias de prensa para despotricar contra la gobernadora, contra todos, pero ninguno fue capaz de llamar para ponerse a disposición. Algunos fogonearon el corte de calles y no dejaron pasar camiones con grupos electrógenos. Me dieron vergüenza”, precisó.
El jefe comunal presentó una denuncia penal por estrago contra la prestataria energética
El alcalde de la capital provincial acusó que la empresa “ha provocado un estrago en virtud de un comportamiento negligente y por la inobservancia de los reglamentos que establecen sus obligaciones como empresa distribuidora del servicio eléctrico”.
“La falta de suministro eléctrico encuentra fundamento en el incumplimiento de la obligación de aquella empresa de proporcionar un servicio eficiente y adecuado a los consumidores, con el agravante de que al Concesionario en reproche se le han transferido prerrogativas de poder público, con fuente legal y contractual, habiendo sustituido al Estado en la prestación de un servicio público esencial, constituyendo ello una acción típica que ha puesto en peligro tanto a los bienes como a las personas que habitan las zonas afectadas”, completa el escrito.
Fuente: La Tecla
