De acuerdo al juez Claudio Bonadio, Néstor y Cristina Kirchner "comandaron una organización delictiva"

Después de casi un mes desde que inició la causa donde se investiga una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilícitos y que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner como jefa de la asociación ilícita, el juez Claudio Bonadio informó la cantidad de dinero secuestrado a la fecha como así también el estado de la causa que cuenta con 30 cuerpos, 15 detenidos, 11 liberados y más de 70 allanamientos. La causa inició con ocho cuadernos que el periodista Diego Cabot aportó a la Justicia. Los mismos fueron escritos por Oscar Centeno - ex chofer de Roberto Baratta-. No fue lo único que se aportó inicialmente: se adjuntaron anotaciones, fotografías y filmaciones. Para la Justicia se montó un aparato complejo desde el Estado. Así, Bonadio indicó que esta maniobra muestra la existencia de "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), entre los años 2008 y 2015". El objetivo fue "procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”, indicó el juez de la causa. A raíz de las medidas de prueba adoptadas, se indicó que durante 8 años, Roberto Baratta y parte del extinto ministerio de Planificación “ efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Centeno”. El expediente que inició con 15 cuerpos, ya se duplicó y durante la instrucción se realizaron 70 allanamientos, 36 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 24 en la provincia de Buenos Aires, 7 en la provincia de Misiones, 2 en la provincia de Santa Cruz y 1 en la provincia de Mendoza, habiéndose concretado sobre oficinas de empresas a nivel nacional e internacional, como también sobre los domicilios de los ex funcionarios públicos involucrados en la investigación. ¿Cuánto se recuperó de dinero? Según el informe judicial, ya se secuestraron en distintos allanamientos "mas de 250 obras pictóricas en posesión de dos imputados con un valor aproximado de $ 37.000.000 y $ 4.500.000". Como consecuencia el juzgado secuestró más $ 6.350.000, más de U$S 1.245.000 y más € 235.000. Como así también sumas de dinero expresadas en chilenos, uruguayos y reales, más nueve armas de fuego, equipos de telefonía móvil y electrónicos y finalmente, una gran cantidad de rodados de diferentes marcas y modelos, muchos de ellos de alta gama. ​ A la fecha en la causa de los cuadernos de la corrupción, declararon 52 personas y se detuvieron 26 personas, “11 de las cuales fueron puestas en libertad, subsistiendo 2 personas con orden de captura". Así, para Bonadio, ya se obtuvieron indicios que "prima facie permiten sostener que, durante un lapso cercano a los ocho años –cuanto menos–, Roberto Baratta (subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (secretario privado del anterior), Hernán Camilo Gómez (funcionario de la subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de ENARSA), efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno". Al momento de dar detalles sobre el funcionamiento de la operación, el juzgado indicó: "previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios, tales como José María Olazagasti (secretario privado de Julio Miguel De Vido), Hugo Martín Larraburu (Coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros), Juan Manuel Abal Medina (Jefe de Gabinete de Ministros) y Héctor Daniel Muñoz (Secretario privado de la Presidencia de la Nación)". La siguientes instancia y final era "derivar a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido".