El pensador francés Michel De Certeau teorizó una diferenciación entre táctica y estrategia como conceptos distintos entre sí. Mientras que la táctica es un recurso del más débil para reaccionar ante el poder mediante el aprovechamiento de acontecimientos y ocasiones temporales en las cuales interviene, la estrategia es un diseño extendido de acciones en el tiempo en pos de controlar un objetivo y un espacio. La táctica, utilizada como último recurso por quien no tiene el poder, permite desvíos, apropiándose de algunas de esas herramientas. Pero el problema es que la estrategia, así definida como totalizadora, ya contempla estos efectos y los asimila para fortalecer su dominio. La analogía teórica puede extrapolarse al suceso del último viernes, cuando el panperonismo asestó un golpe político al Gobierno reutilizando el acuerdo parlamentario (que el oficialismo aplicó en 2015) para arrebatarle una banca en el Consejo de la Magistratura por los Diputados. Sin embargo, la relación de fuerzas en el órgano de selección y remoción de jueces dista de haberse invertido y ofrece un bloque aún más fortalecido para que la Casa Rosada pueda articular acuerdos que pivoteen en la heterogeneidad de los nuevos consejeros que desembarcarán a partir de mañana a las 18, cuando Carlos Rosenkrantz les tome juramento en la Corte Suprema.
La táctica aplicada por las distintas tribus del PJ no fue sorpresiva ni novedosa. Ámbito Financiero reveló el 5 de noviembre pasado que había negociaciones entre los bloques de la oposición para lograr más cantidad de firmas, en un émulo a la jugada (al filo del reglamento) que el PRO había inventado para "madrugar" al kirchnerismo y despojarlo de un sillón. ¿Ninguna de las espadas parlamentarias de Cambiemos advirtió que estaba en marcha una devolución de gentilezas? Difícil creer que se hayan sentido asombrados con lo que ocurrió. La oposición reaccionó tarde y de manera limitada: la base de sustentación del bloque oficialista radica en triunfos dentro de otros estamentos (jueces, abogados y académico) que en otros momentos del Consejo pudieron tener mayor volatilidad. A los recién llegados -de coordinarse para conformar un bloque opositor- les será imposible incorporar a otros estamentos para tomar el control del Consejo. Podrán, a lo sumo, bloquear alguna iniciativa de mayoría especial. Al menos hasta las elecciones de 2019.
Los peronistas Miguel Ángel Pichetto y Ada Itúrrrez de Cappellini, mediante un acuerdo entre el rionegrino y los representantes de Santiago del Estero estuvieron al filo de concederle la hegemonía completa al Gobierno mediante la cesión de una silla. Pero Cambiemos levantó el pie del acelerador a último minuto para un canje mano a mano. Mientras que de ambos lados lamentaron la partida de Rodolfo Urtubey, que había garantizado la mayor parte del número record de ternas de jueces elevadas en los últimos meses, el oficialismo celebró que viniera acompañada por la salida de Mario Pais, quien se había perfilado más cercano al sector que representa Cristina de Kirchner. La ex presidenta celebró la salida de Urtubey y el Gobierno mantendrá un activo interlocutor con ascendencia entre magistrados como Pichetto. Nada preanuncia que haya cambios con perfiles tan similares. La UCR conservará en el bloque mayoritario a la senadora riojana Olga Inés Brizuela y Doria.
En Diputados ocurrió lo novedoso con la unión de firmas que terminó desbancando al radical Mario Negri del bloque oficialista y dejando en minoría a Pablo Tonelli. Pero el recambio también ofrece interrogantes. Por el kirchnerismo asumirá Eduardo "Wado" de Pedro, quien ya tuvo su paso por el Consejo con elogios opositores por su perfil más dialoguista. Dejará el Consejo Rodolfo Tailhade, que se había mostrado como un férreo opositor a la mayor parte de las iniciativas en discusión. Por primera vez, Graciela Camaño asumirá un lugar de representación por el massismo, pero desde una posición que la rotula como una de las más antikirchneristas dentro de ese espacio. ¿Habrá margen para que De Pedro y Camaño actúen en tándem? El Gobierno podrá abrevar su noveno voto alternativamente en tres direcciones distintas: el PJ de Pichetto, el Frente Renovador de Sergio Massa o los santiagueños de Gerardo Zamora. Antes tenían sólo dos. El Gobierno cuenta con una base sólida, cimentada en parte en una estrategia previa trazada por Daniel "Tano" Angelici. Un representante del Ejecutivo (Juan Bautista Mahiques), dos abogados (Marina Sánchez Herrero y Juan Pablo Más Vélez) y -al menos- dos de los tres jueces. La lista que ungió a Sánchez Herrero, secundada por el abogado y binguero Carlos Matterson como suplente es de la factoría Angelici. La del radical Más Vélez (que debería ceder su cargo en dos años al legislador PRO Diego Marías) es una creación conjunta del presidente de Boca y del secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas. A pesar de ser Franja Morada, Más Vélez no está enrolado en el mismo sector de otro hombre fuerte de los interlocutores judiciales como Dario Richarte. Sin embargo, su lista triunfó con todos los auspicios oficiales. Clusellas, vía el abogado presidencial Alejandro Pérez Chada es el enlace con la nómina del juez Juan Manuel Culotta. El camarista radical Ricardo Recondo fue un furibundo anti-k en su última gestión en el Consejo, pero a pesar de que hizo campaña en defensa de su estamento, el Gobierno lo cuenta como propio. El interrogante es cómo se moverá en esas aguas Alberto Lugones, integrante de la lista Celeste pero con buen diálogo institucional con Germán Garavano y visto por ojos oficiales como menos intransigente que su antecesora, Gabriela Vázquez.
En los hechos, el bloque mayoritario interactuó con éxito estos últimos meses tanto con los peronistas salientes como con Vázquez en aspectos técnicos como elección de jueces y cuestiones administrativas. Y asimilaron como propio al académico Jorge Candis que llegaba al Consejo con el auspicio del ex secretario de Justicia, el camporista Julián Álvarez. Ahora ese lugar le toca a Diego Molea, el que es visualizado como cercano a sectores peronistas y a algunos intendentes del conurbano. Los operadores también lo cuentan como propio.
Cuestiones que no han sido evaluadas al calor del triunfalismo de la jugada del PJ: el Gobierno elevó en 2018 un número record de jueces que ahora precisan decisión del Ejecutivo y aval del Senado. Ya cubrió Casación, tiene en vilo a la Cámara Electoral y definió juzgados Contencioso Administrativos y Federales de Comodoro Py. Le restaría la Cámara Federal. Pero lo puede solucionar con "traslados" permanentes que sólo requieren mayoría simple. Las auditorías siguen su curso y las sanciones se han desestimado en su mayoría de manera silenciosa. Con este resultado, vuelve a perder Elisa Carrió ¿Lo tolerará?, retrocede casilleros la UCR, consolida sus tentáculos el PRO en otros estamentos y regresan varias "celebrities" a un Consejo más "político". ¿Cómo se integraran las comisiones de selección y de disciplina y acusación? Allí radica la clave del nuevo formato.
Al calor de la contienda pocos evaluaron otra faceta del conflicto: La Corte Suprema debe expedirse más tarde o más temprano sobre la conformación actual del Consejo declarada inconstitucional por la Justicia. La opción es el antiguo formato de 20 miembros, con la presidencia en manos de Carlos Rosenkrantz o los proyectos que el oficialismo presentó en el Congreso con mayor presencia de jueces y abogados. Cualquier movimiento en ese sentido obligaría a barajar y dar de nuevo.
Fuente: ÁMBITO FINANCIERO y EL CRONISTA
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