El complejo de viviendas se encuentra dentro de las 14.000 hectáreas del parque perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán, la cual se encuentra en conflicto con Sosa y lo ha denunciado por continuar con las construcciones, de abrir caminos y de devastar el bosque nativo pese a que hay una orden de la Justicia de abstenerse de hacerlo. En ese marco hay una causa contra Sosa por desobediencia a la orden judicial. En el allanamiento, ordenado por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, a pedido del fiscal federal Agustín Chit, participaron la secretaria Julia Vitar y el prosecretario Alberto López Vallejo. Hubo 20 gendarmes y por la UNT asistieron el abogado Máximo Castro, el secretario de Bienestar Universitario, Gustavo Vitulli, y los ingenieros agrimensores Julio Robles y Sebastián Canevaro. Se hizo para comparar precisamente el nivel de ocupación actual del predio y el que indican las fotografías aéreas presentadas por la UNT, tanto de 2018 como de 2023, “a los fines de elaborar un amplio informe sobre la existencia de nuevas porciones de terreno y la construcción de viviendas”.
La Universidad posee estos terrenos desde 1948, cuando fueron expropiados por el Gobierno Nacional y entregados a la casa de Altos Estudios, que llevaba a cabo su megaproyecto de Ciudad Universitaria en San Javier y Yerba Buena. Sosa, cuya familia vivió allí desde hace mucho tiempo -en la causa entregó constancias de que su padre vivía en ese lugar en 1953- aduce ser poseedor y niega derechos a la UNT, a pesar de que esta, en una tarea de ordenamiento patrimonial, ya ha regularizado títulos de propiedad del Parque Sierra de San Javier.
La Universidad había querellado por usurpación a Sosa en 1998 pero como la causa no fue seguida en la Justicia este fue sobreseído por falta de acción en 2008. Poco después el lugareño comenzó a construir el barrio y fue nuevamente querellado por la Universidad en 2018 por reivindicación, cuando ya había una treintena de casas. La UNT obtuvo el amparo judicial para que no se siguiese depredando el bosque nativo, mientras se pedía que no se brindasen servicios básicos como el de energía.
Durante un operativo de 2023 se había podido observar que las construcciones ya eran unas 50 y ahora se contabilizaron 56. El operativo incluyó la toma de fotografías aéreas a través de un dron, así como registros fotográficos y audiovisuales. Se ordenó que se haga un relevamiento de las viviendas construidas y ocupadas, con entrevistas a sus quienes viven allí, a los cuales se les solicitó la documentación que tuvieren en su poder referidas a compras de los terrenos, u otro título que legitime su presencia allí. Asimismo, se va a confeccionar un croquis del predio, puesto que se intenta determinar la extensión de la ocupación actual del inmueble. Según se sabe, Sosa alega ser poseedor de las 4.600 hectáreas, es decir casi un tercio del Parque Sierra de San Javier.
Precisamente la causa de 2018 comenzó cuando un grupo de excursionistas que se encontraba en la cascada conocida como “El salto de la corzuela”, ubicada en el río San Javier al oeste de “Las Pirámides”, como a 2,5 km de distancia del predio, denunció que hombres armados los expulsaron aduciendo que se trataba de una propiedad privada.
Según una fuente judicial, una de las comprobaciones que se hicieron es que muchas casas tienen medidores de electricidad, de modo que se está pidiendo información a EDET a fin de determinar en qué condiciones se entregaron. “Llama la atención porque es un trámite de la empresa de distribución eléctrica que es formal, con verosimilitud de que se tiene propiedad, y acá sólo parece haber boletos de compraventa”. Las imágenes con dron se hicieron para confrontar con las de los años anteriores y también con la plataforma de Google. Las imágenes de Gooble Earth muestran la evolución de “Las Pirámides” en estos seis años.
La fuente dijo que “en el procedimiento se fueron acercando propietarios, quizá alertados por el propio Sosa, los cuales espontáneamente informaron a quién le compraron, cuándo y en qué escribanía se redactaron sus boletos de compraventa”. La mayoría de las casas, añadió, son de fin de semana. Eso se suponía, por ello el allanamiento se hizo en día sábado, para hallar la mayor cantidad de ocupantes. “Han llegado familias enteras cuando estábamos ahí; había parejas con niños”- añadió la fuerte-. “Intentamos determinar qué pasó en ese predio en estos años posteriores al incumplimiento de la orden judicial de no continuar construyendo”. /Por Roberto Delgado - La Gaceta
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