El fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, doctor Gustavo Gómez, confirmó que desde hace más de un año está pidiendo el llamado a indagatoria y la detención de José Hugo Saab, el virtual "dueño" de la Universidad Nacional de Tucumán, en las investigaciones sobre corrupción en el manejo de los fondos de YMAD. En octubre último, el fiscal reclamó un pronto despacho de su pedido.
El fiscal sostiene que Saab habría participado de una organización ilícita, liderada por el ex rector Juan Cerisola, que se habría quedado con millones de dólares provenientes de las regalías mineras de YMAD, propiedad de la Universidad. Otros funcionarios universitarios y muchos empresarios de la construcción habrían participado de la maniobra delictiva.
"Las pruebas de cargo que sustentan los procesamientos dictados en contra de las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán y las empresas constructoras, tornan imperativo el análisis del supuesto investigado a la luz de las previsiones del articulo 210 del Código Penal que dice ’Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión’”, señala el fiscal Gómez.
"La trama del accionar delictivo que es objeto de este proceso, muestra matices y diferentes grados de intervención de los sujetos activos en la ejecución del ilícito, cuyos efectos directos se batieron directamente sobre el patrimonio de la Universidad Nacional de Tucumán. Desde la perspectiva organizacional, podría aseverarse que el imputado Cerisola habría desarrollado un rol fundamental en el montaje y ejecución de la maniobra defraudatoria. El ex rector procesado habría contado con la colaboración de funcionarios públicos que detentaban lugares preponderantes en la toma de decisiones internas en la universidad. El elenco delictivo se habría completado con los empresarios procesados y adjudicatarios de las obras publicas pesquisadas", escribe el fiscal.
Agrega que la ejecución de obras dentro del marco del “Régimen de Contrataciones de Obras de Infraestructura Edilicia y de Servicios de la UNT financiadas con fondos de YMAD” (Res. N° 365/2008), muestra con claridad el mecanismo estructurado a efectos agilizar la interacción entre los jefes de la organización y los miembros de menor jerarquía. "A criterio de este Ministerio Público Fiscal, la ejecución del plan delictivo habría resultado de difícil concreción sino contara con una suerte de paraguas organizacional que garantizara el funcionamiento de todos los eslabones del grupo que unificaron voluntades para asirse de los dineros de la universidad", remarca.
En el acápite "Los sujetos y sus roles en la presunta organización ilícita", el fiscal Gómez expresa que "al momento de los hechos, María Luisa Rossi de Fernández conformaba el binomio institucional que conducía los destinos de la Universidad Nacional de Tucumán. Junto a Cerisola, la ex vicerrectora ocupaba una posición de poder y de responsabilidad en la estructura de la universidad que imposibilita toda hipótesis que haga procedente una causal de exención de responsabilidad, al menos en este estado del proceso penal. La ex vicerrectora de modo alguno puede argumentar su falta de conocimiento, pues en un organismo público con una estructura jerárquica difícilmente pueda eludirse el sistema de controles, salvo, que se articulen medidas tendientes a evadir ese control administrativo interno".
"La aprobación de las resoluciones n° 365/366/367 del año 2008 y el pago a las empresas contratistas, contó con el previo dictamen positivo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Universidad. Es decir, sin la intervención de esta Dirección hubiera resultado imposible el misce in scene tendiente a defraudar a la administración pública. Por ello es que cabe y así postulo la citación a indagatoria de Augusto González Navarro, responsable de la Dirección General de Asuntos Jurídicos", añade el fiscal Gustavo Gómez.
"En este contexto, el Sr. José Hugo Saab en su condición de Secretario General de la Universidad, impulso con carácter de “urgente” la definición sobre las formas y procedimientos a seguir para concretar del plan de obras en la Universidad (vr. fs. 1694). Este dato es más que suficiente para endilgarle responsabilidad por el hecho ilícito cometido", escribe el fiscal en su requisitoria.
"En este contexto, el Sr. José Hugo Saab en su condición de Secretario General de la Universidad, impulso con carácter de “urgente” la definición sobre las formas y procedimientos a seguir para concretar del plan de obras en la Universidad (vr. fs. 1694). Este dato es más que suficiente para endilgarle responsabilidad por el hecho ilícito cometido", escribe el fiscal en su requisitoria.
- Oportunamente, se dicten las órdenes de detención de Maria Luisa Rossi de Fernández; Augusto González Navarro y José Hugo Saab.
Fuente: Contexto Tucumán
No hay comentarios.:
Publicar un comentario