Por Miguel Saredi
El gobierno nacional, a través del área que conduce Federico Sturzenegger, propone quitarle a la FAM su principal fuente de financiamiento.
El argumento es la desregulación.
El efecto es el vaciamiento.
En paralelo, La Cámpora impulsa una avanzada para disputar la conducción, incluso en medio de la crisis.
Hay momentos en política en los que la prioridad no admite dudas: o se defienden las instituciones o se las debilita.
Lo que está ocurriendo hoy con la Federación Argentina de Municipios expone con claridad ese dilema.
Mientras el gobierno de Javier Milei avanza con la llamada “Ley Hojarasca” —que busca limitar a la FAM y a tantos otros organismos. —, sectores de La Cámpora eligen abrir una disputa interna por su conducción.
No es un dato menor. Es un error político de magnitud.
La política no se mide solo por lo que se hace, sino por cuándo se hace.
El momento importa.
Discutir la conducción de la FAM en cualquier contexto puede ser parte de la dinámica interna de un espacio.
Hacerlo justo cuando se la intenta desfinanciar desde el Estado nacional cambia completamente el significado.
Porque en ese escenario, la interna deja de ser legítima competencia y pasa a convertirse en un factor de debilitamiento.
Y cuando una institución está bajo ataque, dividirla no es neutral: es funcional al que la quiere destruir.
La FAM es una herramienta que tienen los municipios para defenderse frente a políticas nacionales que impactan directamente en el territorio.
Cuando esa herramienta se debilita, no pierde un dirigente.
Pierden los intendentes.
Y, sobre todo, pierde la gente.
El gobierno nacional, a través del área que conduce Federico Sturzenegger, propone quitarle a la FAM su principal fuente de financiamiento.
El argumento es la desregulación.
El efecto es el vaciamiento.
En paralelo, La Cámpora impulsa una avanzada para disputar la conducción, incluso en medio de la crisis.
Hay momentos en política en los que la prioridad no admite dudas: o se defienden las instituciones o se las debilita.
Lo que está ocurriendo hoy con la Federación Argentina de Municipios expone con claridad ese dilema.
Mientras el gobierno de Javier Milei avanza con la llamada “Ley Hojarasca” —que busca limitar a la FAM y a tantos otros organismos. —, sectores de La Cámpora eligen abrir una disputa interna por su conducción.
No es un dato menor. Es un error político de magnitud.
La política no se mide solo por lo que se hace, sino por cuándo se hace.
El momento importa.
Discutir la conducción de la FAM en cualquier contexto puede ser parte de la dinámica interna de un espacio.
Hacerlo justo cuando se la intenta desfinanciar desde el Estado nacional cambia completamente el significado.
Porque en ese escenario, la interna deja de ser legítima competencia y pasa a convertirse en un factor de debilitamiento.
Y cuando una institución está bajo ataque, dividirla no es neutral: es funcional al que la quiere destruir.
La FAM es una herramienta que tienen los municipios para defenderse frente a políticas nacionales que impactan directamente en el territorio.
Cuando esa herramienta se debilita, no pierde un dirigente.
Pierden los intendentes.
Y, sobre todo, pierde la gente.
En este contexto la oposición tiene una responsabilidad adicional: no facilitar, ni directa ni indirectamente, las políticas que dice cuestionar.
Por eso, avanzar con una interna en este momento no es solo una decisión discutible.
Es una decisión que termina siendo funcional a la estrategia del gobierno nacional.
Porque divide donde debería unificar.
Debilita donde debería fortalecer.
Y distrae donde debería defender.
La discusión por la conducción de la FAM puede ser válida.
Pero no en cualquier momento.
Y no a cualquier costo.
Mientras los municipios enfrentan una situación que muchos definen como crítica, no se pueden priorizar internas.
Porque cuando una decisión política termina fortaleciendo, aunque sea indirectamente, a quien impulsa el ajuste, deja de ser una jugada interna y pasa a ser un error estratégico.
Hoy más que nunca, la responsabilidad es defender lo que sostiene a los municipios, y no debilitarlo.
Esperemos que se entienda.
Por eso, avanzar con una interna en este momento no es solo una decisión discutible.
Es una decisión que termina siendo funcional a la estrategia del gobierno nacional.
Porque divide donde debería unificar.
Debilita donde debería fortalecer.
Y distrae donde debería defender.
La discusión por la conducción de la FAM puede ser válida.
Pero no en cualquier momento.
Y no a cualquier costo.
Mientras los municipios enfrentan una situación que muchos definen como crítica, no se pueden priorizar internas.
Porque cuando una decisión política termina fortaleciendo, aunque sea indirectamente, a quien impulsa el ajuste, deja de ser una jugada interna y pasa a ser un error estratégico.
Hoy más que nunca, la responsabilidad es defender lo que sostiene a los municipios, y no debilitarlo.
Esperemos que se entienda.
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