Antesedentes del escandalo Schoklender

Acusación 2007
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, delegación Chaco, Ricardo Siri, denunció a la fundación encabezada por Hebe de Bonafini porque el Estado “paga la vivienda $210.000 y nuestras viviendas que son las mismas que están construyendo ellos estan cotizadas en $81.000 según publicó la web de Chaco dia por día".
Acusación 2008
Ya en 2008, si se ingresba en la página del Banco Central de la República Argentina, específicamente en el Registro de Deudores y Cheques Rechazados, y colocando el número de CUIL de Hebe Pastor (27-03111352-6) o el CUIT de la fundación Madres de Plaza de Mayo (30-70947163-1), se podía visualizar una nómina detallada de la cantidad de cheques sin fondos que emitieron tanto el organismo no gubernamental como la empresa dedicada a la construcción que comanda Hebe de Bonafini. Según constaba en los archivos del Banco Central de la República Argentina, Hebe de Bonafini y la Fundación Madres de Plaza de Mayo, desde 2004 y hasta 2008, los "rebotes" financieros totales de Bonafini y compañía, superaban US$ 1,5 millón.
Acusación 2010
La Coalición Cívica volvió a pedir a la Unidad de Información Financiera que investigue a Sergio Schoklender por posible blanqueo de dinero de origen ilícito a partir de la compra de dos terrenos.
La diputada nacional Elsa "Tata" Quiroz hizo una denuncia el año pasado que reiteró en estos días públicamente luego de la renuncia de Schoklender a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, organismo que él gerenciaba desde que comenzaron a construir viviendas sociales con dinero del Estado nacional.
Quiroz dijo que "el uso de los fondos públicos, sea por una persona o una asociación, amerita los controles necesarios. No me consta que estas operaciones hayan sido realizadas con esos fondos pero sí que encontramos irregularidades", explicó. La diputada explicó: "le presentamos el caso a quien le corresponde (por la UIF) y no tuvimos ni una sola respuesta".
En sintonía con Quiroz, el diputado radical Ricardo Gil Lavedra pidió al Gobierno "que brinde a la sociedad toda la información de que disponga en torno a los hechos". "Las fundaciones son entidades privadas, pero cuando, como en este caso, manejan cuantiosos recursos públicos, resulta imperioso conocer detalladamente el destino que les dan", agregó.