La Cámara de Diputados debate hoy la quita de fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, que fue anunciada sorpresivamente en septiembre por el presidente Alberto Fernández y empezó a aplicarse inmediatamente después de dicho anuncio. La medida establece una baja de 1,18 puntos porcentuales en los montos coparticipables por parte de la Nación, por lo que el distrito que conduce Horacio Rodríguez Larreta pasó de recibir el 3,5% al 2,32%. Por día, el GCBA perdió $150 millones: desde el 10-S, son casi $9.000 millones menos y en todo 2020, serían cerca de $13.000 millones.
Para contrarrestar esta baja en los montos que recibe la Ciudad, Rodríguez Larreta decidió hace poco implementar dos nuevos impuestos: uno sobre el uso de las tarjetas de crédito y otro sobre (7% vías Ingresos Brutos) los intereses que reciben las entidades bancarias por las Letras de Liquidez (Leliq) del Banco Central (BCRA).
Este tributo último fue refutado el viernes pasado por parte del titular de la entidad monetaria, Miguel Pesce, que a través de una carta le pidió al Jefe de Gobierno de la Ciudad que “desista de la intención de aplicar” un impuesto al instrumento de política monetaria, en referencia a las Leliq, el cual “está destinado a lograr estabilidad monetaria, financiera y cambiaria”.
Sin explicitarlo, Pesce dejó entender que judicializará. Según el comunicado, el banquero le “recordó (a Larreta) que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que los actos legislativos de las respectivas jurisdicciones no pueden avanzar sobre aspectos que atañen al manejo de la regulación normativamente delegada por el Congreso al BCRA”.
Según un informe de la consultora FMyA, la decisión de Rodríguez Larreta para cubrir el agujero fiscal, que en 2021 equivale a unos $52.000 millones, implica impuestos por $20.000 millones (+0,4% del PIB de la Ciudad) y bajar gastos por $32.000 millones (-0,7% del PIB de la Ciudad).
“Los recursos adicionales que se obtendrán tienen efectos muy negativos sobre ahorristas y consumidores”, advirtió la consultora, aunque señaló que el impuesto a las tarjetas de crédito, que derivará en un recargo de 1,2% en los resúmenes de los usuarios, ya está en otras provincias del país, como Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Mendoza, San Luis, Tucumán y Tierra del Fuego.
“Por otro lado, el ajuste del gasto vendrá por revisión de obra pública y negociación de paritarias”, añadió FMyA en su informe, y precisó que la ciudad de Buenos Aires, si bien es el distrito con menor gasto público, es uno de los de mayor presión tributaria de todos, por lo que tiene la menor dependencia de los recursos de la Nación.
Fuente: El Economista
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