Desde el Partido Socialista se emitió un comunicado de prensa donde señalaron: " queremos expresar nuestro rechazo a la imputación de los dirigentes de las diferentes organizaciones políticas y sociales, quienes de manera pacífica y en uso pleno de los derechos constitucionales, reclamaban contra el ajuste, la crisis social, y el hambre al que son sometidos miles de nuestros comprovincianos.
Este acto muestra a las claras la política de criminalización de la protesta social y no es más que otra muestra acabada de la prepotencia con la que se pretende acallar la lucha y los reclamos de los compañeros trabajadores, desocupados, que sufren en la provincia del olvido y la desidia de gobierno nacional y provincial.Nos solidarizamos con los compañeros y las organizaciones (Partido Obrero y Polo Obrero, FOL, y Dario Santillán).Rechazamos la política represiva del gobierno.Defendemos el derecho de los pueblos a protestar libremente.Le decimos NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA" precisaron en el comunicado de prensa, de acuerdo al Diario de Santiago.
El 22 de octubre pasado, organizaciones sociales y políticas cortaron un tramo de la autopista que une la ciudad capital de Santiago del Estero con la ciudad de La Banda, reclamando por la situación crítica “que atraviesan las barriadas, como consecuencia de las fuertes políticas de ajuste” aplicadas.
Una semana después, la fiscal Alejandra Holgado decidió imputar a cuatro personas por haber participado de esa manifestación. La fiscal actuó de oficio y decidió imputar a Álvaro, Nicolás, Emiliano y Tatiana del Partido Obrero y la organización Aníbal Verón por “impedir el libre tránsito de los civiles”, afirmando que la protesta obstaculizó el paso de autos y colectivos por la autopista durante ese día, generando problemas en el tráfico. Desde esas organizaciones denuncian un intento de criminalizar la protesta de parte del Estado provincial y que no hay pruebas para ningún procesamiento.
El artículo 194 del Código Penal, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es un artículo que es prácticamente un clásico a nivel judicial para criminalizar protestas sociales. Dice el CELS que este punto “habilita a la policía a clasificar cualquier protesta que corte una vía de circulación como un delito” de manera contraria a “otras decisiones judiciales que han sido protectoras del derecho a la protesta”. Al establecer un “orden público” y otras cuestiones como “la libre circulación”, se pretende sostener “valores superiores al respeto y la protección de la integridad física de las personas, el derecho a la libertad de expresión, de reunión o el ejercicio a la libertad de prensa” lo que es incompatible con la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Ese día de la movilización la temperatura estaba por arriba de los 35 grados, lo que dificultaba la permanencia de los manifestantes en la calle por un tiempo prolongado. Cuando otras personas intentaron acercarles agua, un cordón policial evitó que pasaran, sin explicar motivos. Tampoco dejaban que fueran al baño.
Reynoso sostuvo que en este caso “la justicia actuó más rápido de lo habitual” y que “si esto prospera por parte del Estado, vamos a llegar a instancias nacionales porque lo que está en juego es la criminalización de un derecho elemental”.
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