La empresa rionegrina, única operadora provincial que sobrevive, busca
retener el control del servicio Viedma – Bariloche más allá del
vencimiento de su concesión, que ocurrirá en 2023. Sin embargo, la ley
no admite una simple continuidad en las condiciones actuales y debería
adaptarse al nuevo marco normativo, devolviendo la gestión de la
infraestructura a Ferrocarriles Argentinos.
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