En 2014, Venezuela vivió multitudinarias protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Según Human Right Watch (HRW), los manifestantes sufrieron “uso brutal de la fuerza”. Además, decenas de personas “que no estaban armadas” e incluso “transeúntes”, fueron detenidas y sufrieron “abusos que incluyeron golpizas violentas, descargas eléctricas, quemaduras”. Asimismo, los obligaron a mantenerse “arrodilladas, sin moverse, por varias horas”.
La causa logró abrirse con base en el principio de la jurisdicción universal, que según Naciones Unidas “confiere competencia a un Estado para juzgar y sancionar al autor de un delito, cualquiera que sea el lugar en el que se cometió y cualquiera que sea la nacionalidad de su autor o víctima”.
El Convenio de Ginebra (1949), le da potestad a los países miembros de buscar y comparecer ante tribunales a infractores sospechosos de violaciones graves, independientemente de su nacionalidad y del lugar donde tuvo lugar la presunta infracción.
Esta es una herramienta primordial para garantizar la prevención de las “graves violaciones” del derecho internacional humanitario. Así también la aplicación de “sanciones penales pertinentes”, de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Desde junio, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizó al fiscal Karim Khan para reanudar la investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad.
La CPI argumentó que el Estado venezolano “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos”. Nicolás Maduro formalizó la apelación de la decisión.
El abogado Carlos Stornelli lleva 20 años frente a la Fiscalía Nacional en los Criminal y Correccional Federal número 4 de Argentina. También presidió las investigaciones contra la expresidenta Cristina Fernández y funcionarios del gobierno argentino.
Los Militares acusados
-El comandante de la Guardia Nacional Bolivariana en 2013 y 2014, mayor general Justo José Noguera Pietri. Se desempeño como gobernador del estado Bolívar hasta 2021 y luego de su retiro militar ha ocupado importantes cargos en la región Guayana. Pietri encabeza uno de los sancionados por gobierno de Estados Unidos debido al “deterioro de la situación en Venezuela” y por blanqueamiento de capitales.
-General de brigada Arquímedes Herrera Ruso, comandante de la región número dos de Carabobo en 2014.
-General de división José Dionisio Goncalves Mendoza, comandante de la Guardia del Pueblo en 2014.
-Coronel Ephraín Verdú Torrelles, segundo comandante del Destacamento de Seguridad Urbana de Tocuyito, estado Carabobo en 2014.
-Coronel Ramón Adolfo Pimentel Avilán, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Región número dos de Carabobo en 2014
-Coronel Ephraín Verdú Torrelles, segundo comandante del Destacamento de Seguridad Urbana de Tocuyito, Estado Carabobo en 2014.
-Teniente coronel Frank Alonzo Osuna Díaz, comandante del Destacamento número 24 de la Guardia Nacional Bolivariana en 2014.
Asimismo, el teniente Luis Amaya Chirino y el sargento primero Johan Ramírez Hernández. Por último, los sargentos segundos José Urdaneta Urdaneta, Jhonny Mallarino Miranda, Luis Reyes González, Jorvy Pennaloza Ramírez y Roger Alejo Durán.
La lista de los militares imputados fue publicada por el diario Clarín de Argentina.
Fuente: El Nacional de Caracas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario