Carlos Arroyo denunció al Concejo ante La Corte bonaerense por la inconstitucionalidad de la sesión que aprobó bonificaciones docentes. Al ver perdida la causa por conflicto de poderes, el gobierno cambió la estrategia judicial. El 22 de febrero presentó una nueva denuncia. Sostiene que las bonificaciones a los docentes municipales son inconstitucionales porque violan el principio de "igual remuneración por igual trabajo".
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