Tras una serie de pruebas que el juez Rodríguez requirió, sostuvo que la cesión de derechos hereditarios gananciales ocurrió antes de que fuera procesada y embargada.
La denuncia radicada el 24 de octubre de 2016 había tenido el impulso del fiscal Carlos Stornelli, luego de la publicación de una serie de artículos periodísticos.
El magistrado argumentó que “en esa fecha no solo no se encontraba procesada –ni se había decretado embargo alguno sobre sus bienes- sino que ni siquiera había prestado declaración indagatoria”, y consideró que “no resulta un dato menor señalar que la causa denominada Los Sauces ni quiera había sido iniciada”.
Además, el juez sostuvo que la denuncia tenía también inconvenientes en relación al tipo legal: “Cabe recordar que el delito de insolvencia fraudulenta no se tiene como objeto para punir al insolvente, sino al deudor fraudulento que finge insolvencia o que realiza actos dispositivos de su patrimonio con el único propósito de eludir una obligación civil. Ello no ocurrió”.
Al respecto, indicó que “no solo el patrimonio de Cristina Fernández, sino el de la sociedad conyugal toda se encuentra al alcance del Estado si es que con él se debe responder a cualquier tipo de obligación que un accionar ilícito (que de momento no ha sido comprobado) pudiera, en un futuro, llegar a ameritar”.
Fuente: Parlamentario
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