El gobernador peronista de La Rioja, Ricardo Quintela, trató de "prostituta barata" a la UCR y los radicales lo cruzaron con dureza. En este marco, desde el propio oficialismo rechazaron el exabrupto del mandatario provincial.
El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau, miembro de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que iniciará el proceso de juicio político al máximo tribunal, fue tajante y sostuvo que "fue una infortunada metodología”.
Sin embargo, aseguró que “no es menos cierto que dentro de la UCR en estos días están surgiendo voces reclamando a la Comisión una respuesta política frente a los hechos de corrupción que se conocieron en los últimos días”.
“En nuestro país se apoya en la República, que se sostiene sobre la división de poderes y el Estado de Derecho. La Corte desde hace tiempo viene actuando de pasar por encima de los otros poderes con sentencias y con fallos encubiertos que avasallan las facultades que tiene el Ejecutivo y el Legislativo, con el agravante que ambos se originan a partir de la voluntad del pueblo argentino”, cuestionó.
Leopoldo Moreau sobre Marcelo D’Alessandro
También se expresó sobre el caso del ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, que debió pedirse licencia tras filtrarse una serie de supuestos chats, audios y encuentros con miembros de la Justicia y directivos de multimedios, hecho fue denunciado por el PRO como una operación de espionaje ilegal y documentación adulterada por parte del oficialismo.
“Quedará a disposición de los jueces y de la propia Comisión que tiene a cargo llevar adelante el estudio de las comunicaciones telefónicas, comprobar o no la veracidad de esos elementos. Ahora, la verdad de que las declaraciones de quienes aparecieron en esos chats son muy contradictorias. Por un lado, dicen que son falsos y, por el otro, dicen que se lo hackearon”, indicó.
Leopoldo Moreau sobre el juicio político a la Corte Suprema
En paralelo, Moreau justificó el pedido de juicio político impulsado por el Gobierno Nacional contra los jueces de la Corte Suprema frente a los fallos por los fondos coparticipables restituidos al Gobierno de la Ciudad y la conformación del Consejo de la Magistratura, al asegurar que el máximo tribunal “ha roto el Estado de Derecho”, ya que “en connivencia con sectores de la oposición ha negociado fallos y ha llevado adelante tráfico de influencias”.
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