Declaraciones del diputado nacional y exministro de educación bonaerense y de la nación, Alejandro Finocchiaro, frente a la concentración de padres bahienses autoconvocados en defensa del derecho a la educación de sus hijos.
La permanente interrupción de las clases en Bahía Blanca, por paros docentes y de auxiliares, motivó la autoconvocatoria de padres de más de 20 escuelas ante el Consejo Escolar, manifestación que también tienen pensado llevar hasta la Jefatura de Inspección Distrital. Además, están preparando la presentación de un recurso de amparo para que se les permita ingresar a limpiar los establecimientos a los que asisten sus hijos.
Cuando, como Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires enfrenté una situación semejante -aunque las medidas de fuerza estaban motorizadas por Marcelo Balcedo, al frente del Sindicato Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación- dictamos la Resolución 142/2016 mediante la cual autorizamos a los Consejos Escolares a coordinar y ejecutar acciones temporales con los municipios y organizaciones de la sociedad civil para atender las tareas de limpieza y mantenimiento de los establecimientos escolares afectados por la medida gremial, asegurando su funcionamiento a partir de las Dirección Provincial de Servicios Generales. Un ministerio comprometido debe articular todas las medidas tendientes a garantizar el aprendizaje de los chicos. Y, del mismo modo que en aquella oportunidad, deben descontarse los días no trabajados.
Bahía Blanca padece un promedio semanal de más de dos días de clases perdidos por diferentes reclamos sindicales, más las dificultades administrativas generales de un sistema mal gestionado que no logra garantizar un docente al frente de cada curso todas las horas previstas del calendario escolar.
El panorama no es diferente del que muestran la gran mayoría de las localidades bonaerenses y de buena parte del país. Esta situación demuestra que el tratamiento del proyecto de ley para declarar a la educación servicio estratégico esencial es imperioso. Debemos ordenar el sistema para que no se siga pisoteando el derecho humano básico de aprender que las actuales autoridades kirchneristas y sus organizaciones afines insisten en desconocer y lastimar.
No hay nada que propicie más desigualdad ni efectos excluyentes que seguir ensanchando la brecha de aprendizajes que se verifica entre la educación de gestión estatal y la de gestión privada.
El grado de deterioro es tan grande que no es exagerado afirmar que la escala del daño ya amenaza no sólo al futuro individual de los alumnos y sus familias sino al desarrollo integral de la sociedad en su conjunto.
La permanente interrupción de las clases en Bahía Blanca, por paros docentes y de auxiliares, motivó la autoconvocatoria de padres de más de 20 escuelas ante el Consejo Escolar, manifestación que también tienen pensado llevar hasta la Jefatura de Inspección Distrital. Además, están preparando la presentación de un recurso de amparo para que se les permita ingresar a limpiar los establecimientos a los que asisten sus hijos.
Cuando, como Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires enfrenté una situación semejante -aunque las medidas de fuerza estaban motorizadas por Marcelo Balcedo, al frente del Sindicato Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación- dictamos la Resolución 142/2016 mediante la cual autorizamos a los Consejos Escolares a coordinar y ejecutar acciones temporales con los municipios y organizaciones de la sociedad civil para atender las tareas de limpieza y mantenimiento de los establecimientos escolares afectados por la medida gremial, asegurando su funcionamiento a partir de las Dirección Provincial de Servicios Generales. Un ministerio comprometido debe articular todas las medidas tendientes a garantizar el aprendizaje de los chicos. Y, del mismo modo que en aquella oportunidad, deben descontarse los días no trabajados.
Bahía Blanca padece un promedio semanal de más de dos días de clases perdidos por diferentes reclamos sindicales, más las dificultades administrativas generales de un sistema mal gestionado que no logra garantizar un docente al frente de cada curso todas las horas previstas del calendario escolar.
El panorama no es diferente del que muestran la gran mayoría de las localidades bonaerenses y de buena parte del país. Esta situación demuestra que el tratamiento del proyecto de ley para declarar a la educación servicio estratégico esencial es imperioso. Debemos ordenar el sistema para que no se siga pisoteando el derecho humano básico de aprender que las actuales autoridades kirchneristas y sus organizaciones afines insisten en desconocer y lastimar.
No hay nada que propicie más desigualdad ni efectos excluyentes que seguir ensanchando la brecha de aprendizajes que se verifica entre la educación de gestión estatal y la de gestión privada.
El grado de deterioro es tan grande que no es exagerado afirmar que la escala del daño ya amenaza no sólo al futuro individual de los alumnos y sus familias sino al desarrollo integral de la sociedad en su conjunto.
Con fotos del Diario La Nueva de Bahia Blanca
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