El fiscal Stornelli también investiga empresas santiagueñas

Las constructoras santiagueñas son objeto de pericia por parte del fiscal Carlos Stornelli. Mes a mes, a la Dirección de Vialidad Nacional (DVN) llegaba un listado: allí se detallaba las empresas a las que se les debía liberar el pago de certificados de obras sin demora. Entre las prioridades para garantizar el flujo de fondos se encontraba Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez. La lista, según explicó el financista Ernesto Clarens ante la Justicia, la llevaba José López para que sea Cristina Kirchner quien la apruebe. Recién después ingresaba a Vialidad, el organismo que legalmente debía controlar el avance de las obras y decidir si correspondía pagarlas. “A las amigas de la casa se les pagaba primero”, indicó en su declaración como imputado colaborador en la causa de los cuadernos de la corrupción. Después del fallecimiento de Néstor Kirchner, el mecanismo de cobro de coimas a las empresas contratistas del Estado, que ya funcionaba sin mayores alteraciones, tuvo su primer cimbronazo. José López le explicó a la ex Presidenta cómo funcionaba el sistema de recaudación ilegal, qué empresas estaban involucradas y los detalles del caso. Así lo dijo ante el juez Claudio Bonadio cuando se convirtió en “arrepentido”. Y como una irónica vuelta del destino, todo se explicó en base a un cuaderno donde estaban las anotaciones. El ex secretario de Obras Públicas entonces comenzó a manejarse con un listado de contratistas "preferidos". “¿Por qué no se le paga a estas empresas primero?”, preguntó López a Clarens en una oportunidad: le mostró la lista y contó que tenía el visto bueno de Cristina Kirchner. El financista dueño de Invernes SA ratificó esa versión ante el fiscal Carlos Stornelli: explicó que “Cristina Kirchner controlaba a qué empresas se les pagaba y a cuáles no” y señaló que esa lista la integraban las firmas “amigas de la casa”. La prioridad era Austral Construcciones, de Lázaro Báez, pero también estaban CPC, de Cristóbal López, y Electroingeniería, entre otras. José López armaba el listado todos los meses, especificando la empresa y el pago que debía liberarse en concepto de certificaciones de obra, siempre y cuando las firmas que recibían contratos de Vialidad Nacionalhubieran abonado “el 10% que se les exigía” en cada tramo de la obra, según contó Clarens, quien proporcionó a la justicia un listado de 86 firmas que recibieron contratos viales durante el gobierno kirchnerista, aunque aclaró que sólo las primeras 40 pagaban sobornos a través de este sistema. El financista precisó que él recaudó entre 2005 y 2010 más de 30 millones de dólares en sobornos a las empresas que hacían obras viales. "Había un decreto instaurado, si no pagaban el 10% no trabajaban" explicó Clarens. Los pagos que hacían las empresas se podían observar en los montos finales por los cuales se adjudicaban las obras. Por ello se planteó que había en cada licitación un sobreprecio que encubría los sobornos que después las compañías debían entregar a los ex funcionarios del Gobierno K. ¿Cómo era el circuito de coimas? El financista explicó que las empresas debían pagar "el 10% de cada certificado de obra que se iba liberando" y si, por ejemplo, había anticipos de obras que se pagaban, se les exigía a las constructoras "que paguen el 10% correspondiente". Sucedió que en un contexto económico que no resultaba ser el más favorable, muchas constructoras pidieron pagar los sobornos en cuotas: "algunas pedían realizar el pago entre 6 a 8 cuotas", detalló Clarens ante la Justicia. El circuito continuaba en su oficina. Allí recibía a quienes pagaban y ese dinero se convertía en dólares "y después se lo entregaba a Daniel Muñoz (ex secretario de Néstor Kirchner), quien se encargaba de llevar los fondos recaudados a los Kirchner. El listado proporcionado por Ernesto Clarens derivó en un pedido pericial que el fiscal Carlos Stornelli formuló ante el juez Bonadio. Con el listado en mano, el fiscal del caso solicitó que se realice un peritaje sobre todas las obras adjudicadas a las empresas señaladas por Clarens. Que se verifique la existencia de los sobreprecios, las redeterminaciones de precios en los contratos, y cómo se cargaba en la contabilidad de las empresas estos sobrecostos, entre otros aspectos.

Fuente: Diario de Santiago