La idea del kirchnerismo de avanzar con un "tribunal de arbitrariedades" que licue el poder de la Corte Suprema fue rechazada de plano por la oposición en el Congreso, que por esa razón también está trabando la renovación del protocolo para que la Cámara de Diputados pueda sesionar de manera mixta en extraordinarias.
El tribunal de arbitrariedades sería una instancia previa a la Corte que entre otras funciones tendría la de analizar los recursos procesales en causas de corrupción, un tema de particular interés de Cristina Kirchner. Formalmente se habla de "aliviar" la tarea del máximo tribunal que recibe miles de recursos por año (la mayoría de los cuales rechaza), pero la idea es quitarle poder. Se trata de una alternativa a la ampliación de la Corte, que también están en discusión.
Si bien el proyecto todavía no fue presentado, la idea fue avalada públicamente por el propio Alberto Fernández y las espadas judiciales del kirchnerismo salieron a apoyarlo. En el gobierno dicen que se está trabajando en la letra chica de la propuesta y de otras realizadas por la comisión de expertos que analizó la reforma de la justicia.
Como sea, en la oposición ya avisaron que no piensan debatir ningún intento de avanzar contra la Corte y tampoco quieren discutir en extraordinarias la nueva ley del Ministerio Público Fiscal y la reforma judicial, hasta ahora frenadas en Diputados. Hasta ahora la forma de trabarlas que encontraron en Cambiemos es no firmar el protocolo para que pueda haber sesiones mixtas.
En la oposición dicen que hay que esperar la letra del proyecto pero a partir de las recomendaciones de la "comisión Beraldi" se pueden vislumbrar algunas ideas sobre este presunto tribunal intermedio.
"Está claro que este tribunal no puede ser la instancia última en cualquier tipo de decisión en donde intervenga porque la decisión final ante cualquier litigio siempre tiene que quedar en manos de la Corte", dijo a LPO el diputado nacional Luis Petri.
"Cualquier intento de robarle competencias a la Corte es inconstitucional y además supondría un golpe de Estado a la Justicia. Cualquier intento de socavar sus competencias, sus facultades, daña gravemente al Poder Judicial, lesiona su independencia y viola la Constitución", agregó el dirigente del radicalismo.
Petri también desechó la comparación con los tribunales intermedios que hay en otros países como España, el ejemplo que utilizó Alberto Fernández. "En España hay un tribunal constitucional, lo tienen previsto en la Constitución. Acá estamos hablando de una reforma a través de una ley. Es gravísimo", opinó el mendocino.
La otra pata de esta discusión está en la Corte, donde fieles a su postura de los últimos meses mantienen el silencio y el perfil bajo. Fuentes del tribunal dijeron a LPO que van a esperar a que se presente el proyecto para ver si viola alguna de sus competencias constitucionales, que no tiene sentido tomar postura ahora. Sugieren que si avanza contra sus competencias originarias, la creación del tribunal intermedio no pasará el filtro judicial.
Un constitucionalista consultado por este medio señaló que este tipo de tribunales intermedios que hay en el mundo son para lo contrario de lo que pretende el kirchnerismo, sacarle a la Corte las causas de corrupción. Tienen como objetivo intervenir en delitos menos complejos. El experto agregó que no hay chances de que la Corte deje de abocarse a las causas de corrupción.
La fuente agregó que otro dato muy importante es que si finalmente se crea este tribunal y pasa los filtros judiciales, no resuelve los problemas judiciales de Cristina Kirchner ya que no podría intervenir en los planteos procesales que sus abogados ya presentaron y están en poder de la Corte. Resolvería en futuros planteos.
Eso sin contar que todo el proceso de designaciones y puesta en marcha, más el tiempo que consumiría la pelea judicial consumiría todo el mandato de Alberto Fernández. En definitiva, en círculos del poder judicial ven que se trata de un enorme gasto político del Gobierno que traería pocos o ninguna solución a Cristina.
Fuente: LPO
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