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Por Ernesto Martinchuk

“El mundo no necesita países guías, ni partidos guías, ni hombres guías. El mundo, y sobre todo nuestro pueblo latinoamericano, necesita ideas guías”. Fidel Castro

El 19 de abril se ha instituido como Día del Aborigen Americano en conmemoración al Primer Congreso Indigenista Interamericano organizado en 1940 en Pátzcuaro, Michoacán, México. Es una fecha que reivindica el reconocimiento a las comunidades aborígenes en su condición de preexistentes, respetando y promoviendo su derecho a una educación intercultural, a su personería jurídica y al cuidado de las tierras que estas comunidades habitan. Ahora analicemos  como el tema con los indios, aborígenes o pueblos originarios, se ha desarrollado en la Argentina.

Un poco de historia

“Hasta nuestro propio decoro como pueblo viril nos obliga a sostener cuanto antes, por la razón o por la fuerza, a un puñado de salvajes que destruyen nuestra principal riqueza y nos impiden ocupar definitivamente, en nombre de la ley, del progreso y de nuestra propia seguridad, los territorios más ricos y fértiles de la república”.

Con estas palabras sencillas y terminantes, sobrias y dramáticas, reclamaba el Poder Ejecutivo  la ley que el Congreso nacional debía acordarle para emprender, con el máximo de fuerzas militares posible, la “conquista del desierto” en 1878.

El país se extendía hacia el sur hasta alcanzar los hielos polares, pero entre la construcción civilizada que se heredó de España y fue perfeccionada por generaciones de argentinos y los extremos australes de la patria, se interponía el indio, que sólo llenaba de gritos y de sangre la tierra por la cual no sentía afecto alguno. Nómade y rapaz, el aborigen se había negado a incorporarse francamente a la vida de las nuevas naciones. Si alguna vez entró en acuerdo con los gobernantes, lo hizo para conseguir treguas, nunca para establecer una paz duradera.

Si un cacique, -tal el caso de Coliqueo- llegaba a comprender las ventajas de la convivencia armoniosa, desde las propias tolderías era atacado con saña por quienes, entregados al pillaje, al robo constante de vacunos, preferían la ruda aventura del malón al trabajo de la ganadería y de la agricultura.

Avanzando en la noche sobre las poblaciones entraban en ellas, incendiándolas, exterminando a los hombres y raptando a las mujeres. Los lamentos y el luto llegaron en los años de 1870 a Buenos Aires lo mismo que medio siglo atrás. Los fortines anatematizados por José Hernández en el “Martín Fierro”: matan la disciplina, diezman las tropas y poco o ningún espacio dominan. Se habían instalado como avanzadas de la nacionalidad, mas no eran sino pequeños enjambres en los que el hombre blanco se aindiaba…

El general Julio A. Roca estudió largamente sobre el terreno el vuelco favorable de una guerra que, de seguir conservando sus características, se haría interminable. Muerto Calfucurá, el imponente cacique araucano que lograra reunir todas las tribus en una temible confederación, su hijo Namuncurá, logró rehacer prontamente el poderío resquebrajado a la desaparición del antiguo Jefe.

Desde su toldería de Salinas Grandes ordenó la reanudación de la lucha ofensiva. Catriel y Pincén se le unieron. La amenaza esta vez, era muy grande para la República, que acababa de resolver en el papel el avance de “la frontera”.

“La frontera” representaba algo así como el reconocimiento de una soberanía extraña dentro del propio territorio. Indios que, en sus alianzas transitorias con los argentinos, recibían de éstos, animales en pie, harina y aguardiente, y que, cuando les convenía, lucían grados militares acordados desde la capital en su afán de ganarse su buena voluntad, no podían, en rigor, construir un país. Se sumaba a esto el hecho de que la mayoría de los jefes y combatientes procedían del otro lado de la cordillera, donde, por otra parte, negociaban sus abigeatos (robo de todo tipo de ganado).

 

La guerra ofensiva, intentada antes por Juan Manuel de Rosas fue el pensamiento dominante en los planes del general Roca. “A mi juicio -escribió-el mejor sistema de concluir con los indios, ya sea extinguiéndolos o arrojándolos al otro lado del Río Negro, es el de la guerra ofensiva, que es el mismo seguido por Rosas, que casi concluyó con ellos”. Se opuso a la construcción de una zanja de fortín a fortín, que nada detendría. “Es -anotaba-lo que se le ocurre a un pueblo débil y en la infancia: atajar con murallas a sus enemigos. Así pensaron los chinos y no se libraron de ser conquistados por un puñado de tártaros, insignificante comparado con la población china”.

 

Enemigos eran, en efecto, los indios que asolaban gran parte de la nación en la hora en que el general Roca, militarmente formado en el desierto, logró que los gobernantes llevaran a los hechos su proyecto de transformar en una ofensiva en gran escala las operaciones parciales que  nunca daban resultados satisfactorios. Cuando el 16 de abril de 1879 emprendió la primera expedición al desierto, iniciaba la más grande de sus empresas.

 

El Norte

A fines del siglo XIX, el Estado Nacional argentino proyectó someter militarmente a los Pueblos Originarios del Gran Chaco (Actuales provincias de Chaco, Formosa y parte de Salta, Santa Fe y Santiago del Estero) con el doble objetivo de apropiarse de sus territorios y ejercer el control sobre sus cuerpos para disciplinarlos como mano obra en beneficio de las industrias. Para ello puso en marcha diversas campañas militares de las cuales quizás la más violenta y más conocida es la llamada campaña militar al “Desierto del Norte” de 1884, ejecutada por Benjamín Victorica, Ministro de Guerra y Marina de Julio A. Roca.

Como consecuencia de estas acciones militares y para asegurar la continuidad del dominio estatal sobre Territorio Indígena, los antiguos regimientos de caballería ubicados en el actual territorio de Formosa fueron convertidos sucesivamente en regimientos de Gendarmería de Línea, y luego en escuadrones de Gendarmería Nacional, al tiempo que se construía una línea de ferrocarril que corría paralelamente a estos regimientos y que se ocupó para el traslado de materias primas y trabajadores. Entre los beneficiados con la apropiación territorial, y el disciplinamiento laboral, se cuentan los grandes ingenios azucareros como Ledesma, Tabacal y Las Palmas y otros más pequeños de Salta, Jujuy y Tucumán; las fábricas extractoras de tanino, los algodonales y los obrajes. Las iglesias católicas y protestantes, y el Estado Argentino también se beneficiaron con la explotación maderera y agrícola que los trabajadores realizaron dentro de las reducciones estatales.

En estos recintos, se separó a los niños de sus familias por medio del pupilaje, se les borró su identidad mediante el bautismo y la prohibición del uso de sus nombres originarios, y se los instruyó para realizar tareas agrícolas o domésticas. La población adulta fue forzada a convertirse a la agricultura mediante diversos mecanismos coercitivos.

El asesinato del Pueblo Pilagá

Durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, el 10 de octubre de 1947- cientos de indígenas pertenecientes al Pueblo Pilagá fueron masacrados en Rincón La Bomba, un paraje ubicado en Las Lomitas, provincia de Formosa, en aquel entonces territorio nacional.

Durante los años 1940 y 1950, se tomó como “deber” la protección del indígena por parte del Estado, sin embargo, la “problemática indígena” lejos de resolverse, continuó siendo motivo de preocupación central sobre todo en el marco de las políticas poblacionales durante el período 1946-1955. Entre los organismos y la orientación específica de la política indigenista la dependencia estatal competente estaba abocada a la “incorporación protegida” de la población indígena.

Edelmiro Farrell -militar y dictador argentino que ejerció como presidente de 1944 a 1946- creó la “Dirección de Protección del Aborigen”. El mismo reorganizaba la Secretaria de Trabajo y Previsión -bajo la conducción del coronel Juan Domingo Perón- y creaba la nueva dependencia, bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Previsión Social, para reemplazar a la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios.

La masacre

En octubre de 1947 -con el general Juan Domingo Perón como presidente de la Nación- efectivos del escuadrón 18 de Gendarmería Nacional con asiento en Las Lomitas fusilaron a cientos de personas pertenecientes al Pueblo Pilagá, persiguieron a los sobrevivientes por los montes formoseños durante varias semanas provocando la muerte de muchos por falta de atención médica, hambre, sed y mediante nuevos fusilamientos, y finalmente, trasladaron a los sobrevivientes a las colonias indígenas de Bartolomé de las Casas y Francisco Muñiz donde fueron forzados a trabajar bajo la administración de un funcionario de la Dirección de Protección al Aborigen.

En 1947 el uso de los nombres originarios estaba prohibido. En un doble juego de ciudadanización y desaparición de identidad, hombres y mujeres que pertenecían a los distintos Pueblos Originarios eran documentados, enrolados o bautizados bajo un nombre y apellido que borraba su relación con el Territorio y su familia extensa.

Ante la negativa de los ancianos a abandonar el lugar, la comandancia del escuadrón prometió a los pilagá que se les entregaría una tierra “con un estero que nunca se seca”, logrando convencer a los caciques Manta, Coquero, y Oñedié (identificado como Pablito Navarro) para que fueran a conocer el supuesto espacio asignado. Al regresar éstos del viaje mientras discutían con los jefes de familia y el Consejo de Ancianos la posibilidad de trasladarse hacia allí, un alférez comunicó a Oñedié la invitación del presidente de la Nación, Juan Domingo Perón para viajar a Buenos Aires, a condición de que lo hiciera sin acompañantes y sin dilatar la respuesta.

Pero el Consejo de Ancianos, ante la posibilidad de que dieran muerte al cacique, le aconsejó que no viajara, y Oñedie decidió quedarse.

A la mañana siguiente, un grupo de camiones de los almacenes Tienda Buenos Aires, León Wacholder y Curesti, históricos proveedores de las Colonias Aborígenes fueron escoltados hasta La Bomba por un grupo de gendarmes que repartió comida y carnearon animales para las familias. Esa tarde muchas personas comenzaron a sufrir los efectos de la comida que se cree puede haber estado envenenada o descompuesta.

El 10 de octubre los gendarmes al mando de Fernández Castellanos y Aliaga Pueyrredón apuntaron sus ametralladoras pesadas y sus fusiles contra la multitud y dispararon varias descargas. Aunque muchos habían emprendido la huida varias horas antes, -advertidos por gendarmes amigos- y por el movimiento de tropas y vehículos militares, algunos se quedaron enfrentando a los gendarmes con Biblias en sus manos y cánticos litúrgicos, suponiendo que éstos no iban a dispararles. Sin embargo, se dio la orden de fuego y muchos cayeron heridos y muertos tras las primeras ráfagas.

El tiroteo se extendió por varias horas y continuaron escuchándose disparos durante la madrugada y se incineraron los cadáveres de los caídos, esparciendo con topadoras las cenizas durante los días siguientes, describe El Intransigente de Salta del día 22/10/47.

Se multiplicaron las capturas en diversos parajes del Territorio Nacional y la represión que se extendió hasta finales del mes de octubre, dio como resultado, más fusilamientos, el uso de la violación como arma contra las mujeres, y un número indeterminado de desaparecidos.

Como ocurre en la mayoría de los genocidios, las víctimas del año 47 fueron criminalizadas. La justificación fue construida con éxito y se convirtió en razón suficiente para actuar con toda impunidad, persiguiendo y escarmentando a las familias que huían, y sometiendo a los sobrevivientes al trabajo esclavo en las Colonias Aborígenes.

Fueron exterminadas centenares de personas pertenecientes al Pueblo Pilagá, y la masacre dio como resultado un número indeterminado de heridos y desparecidos, sobre todo ancianos y niños que eran los más vulnerables. Por otro lado, las memorias orales también dan cuenta de violaciones de mujeres, numerosos muertos por envenenamiento, intoxicación, hambre y sed, relata en un detallado informe Paula Mercedes Alvarado, abogada de la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá.

Durante el gobierno kirchnerista

En Formosa, un centenar de policías con armas largas reprime el reclamo de agua, salud, educación y territorio de la Comunidad La Primavera, [E1] el 23 de noviembre de 2010. A partir de entonces, se sucedieron hechos inéditos para la lucha indígena en la Argentina: el reclamo se trasladó al centro porteño, cinco meses de un acampe, huelga de hambre, más ataques contra la comunidad, sospechosos accidentes que terminaron en muertes. Se instaló La Cámpora con Andrés "Cuervo" Larroque, como fuerza de choque, con el respaldo oficial a un gobernador feudal como Gildo Insfrán. Las tierras más fértiles de la provincia y el agravio público de la Presidenta Cristina Fernández Vda. de Kirchner contra el cacique Félix Díaz, representaron la crónica de tres años de una lucha que evidenció los límites del gobierno nacional y su manera de entender los derechos humanos.

El corte de rutas visibilizó el conflicto que se desarrollaba en Formosa. La represión lo ubicó en la prensa porteña. Las empresas periodísticas alineadas con el gobierno nacional evitaron hablar de la alianza incondicional Insfrán-kirchnerismo. Muchos medios opositores eludieron referirse al modelo de agronegocios que avanzaba sobre Formosa, verdadero trasfondo de la represión sobre campesinos e indígenas.

Frente a la Rosada

El cacique Félix Díaz, -líder de la comunidad aborigen "La Primavera"- se encadenó en marzo último frente a las puertas de la Casa Rosada. Estuvo 20 días sin respuesta al pedido de audiencia con el presidente Alberto Fernández, a quien intentaba detallarle el trato discriminatorio con el que Insfrán trata a los aborígenes, y el secuestro de documentación que poseían los Qom en las oficinas de la Secretaría de Derechos Humanos, en la ex ESMA. El cacique qom también cuestionó la decisión de la Secretaría de Derechos Humanos, al mando de Horacio Pietragalla Corti, de interrumpir el trabajo del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, creado por decreto presidencial del Ing. Mauricio Macri en 2016.

A pesar de las denuncias sobre falta de libertades, cierre de caminos, desapariciones y muertes durante la cuarentena eterna, Alberto Fernández compartió en marzo del presente año un acto con Insfrán en la Casa Rosada, revalidando con su presencia la alianza política con quien conduce Formosa desde 1995.

A todo esto, la Dra. Victoria Donda Pérez, Interventora del INADI, abogada, activista de derechos humanos y dirigente política, -imputada por ofrecerle un cargo público a su empleada doméstica y aún continúa en su cargo- estuvo AUSENTE. La Dra. María Magdalena Odarda, abogada y política, que se desempeña como presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, también estuvo AUSENTE.

La mancha voraz en el sur

El RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) desconoce el Estado Argentino, su bandera, su organización, sus leyes, e instituciones tratando de imponer sus ideas de no pertenencia a la Nación Argentina por la fuerza y el temor. Es un grupo radical de reivindicación de tierras mapuches que se caracteriza por actos de violencia. Meses atrás quemaron maquinarias de Joe Lewis rechazando la presencia del magnate y reclamando la libertad de Facundo Jones Huala, lonko (jefe) de la Comunidad Lof Resistencia Cushamen, quien estaba preso en Esquel, por causas referidas a quema de propiedades y fue trasladado a Chile, donde lo vinculan con la guerrilla colombiana.

Las ocupaciones de tierras en la Patagonia por parte de grupos “mapuches” son frecuentes y también las tensiones con la población y la policía, donde los enfrentamientos de violencia, con la quema de propiedades, vehículos y campos, se parecen a los registrados en el sur de Chile. La toma de Villa Mascardi y la de El Bolsón tienen en común su ubicación en zonas muy turísticas, de alto valor económico y ecológico, lo que aumenta el rechazo local.

La llamada RAM se originó hace unos diez años –con “olor a Montoneros y Sendero Luminoso”- como grupo de choque para apoyar las tomas de tierras en las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén, especialmente en la zona de los lagos de la Comarca Andina. Estimulada desde el Estado, comenzaron a atacar emprendimientos privados, refugios de montaña, empresas, material rodante, etc. Ahora se extendieron a la Provincia de Buenos Aires, donde la “comunidad Mapuche” radicalizada, que nunca tuvo presencia histórica ni reclamos ancestrales, realiza “acciones” en las localidades de General Viamonte, Necochea, Balcarce, Agustina y Bragado.

A todo esto, en el Chaco, funciona la llamada Guardia Comunitaria Washek donde comenzaron como un grupo de referencia Wichi, organizado para proteger a su comunidad de las acciones del Gobierno y en su “evolución”, se uniformaron, se armaron, controlan rutas y luego de un acuerdo con el Gobierno de Jorge Capitanich fueron cuasi oficializadas. Se relacionaron con otro grupo que empezó a crear escuelas “públicas” con uniformes con reminiscencias cubano-chavistas y actos recordatorios de la “Guerra Revolucionaria” del Che Guevara, en el barrio de Resistencia llamado “Emerenciano” en honor al dirigente social kirchnerista Emerenciano Sena. Estas escuelas están autorizadas, oficialmente, por el Ministerio de Educación bajo la dirección del Dr. Nicolás Trotta.

Por otra parte, la autodenominada “Brigada Internacionalista José Muñoz Alcoholado” se referencia con el grupo UKAMAU (Bolivia) y con el grupo terrorista chileno MIR de estrechos lazos con Venezuela y Cuba. Durante el último año, como ellos mismos lo referencian, estuvieron dando “charlas” en Mendoza, Córdoba, Norte Argentino y Provincia de Buenos Aires con el acompañamiento del Frente Popular Darío Santillán.

A todo esto, dos menores de nacionalidad argentina, fueron las únicas víctimas mortales reportadas tras el enfrentamiento el pasado 2 de septiembre entre la Fuerza de Tarea Conjunta del gobierno paraguayo y guerrilleros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Declarada marxista-leninista, “con los ideales del padre de nuestra patria, el Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia y el Mariscal Francisco Solano López", estarían relacionadas con las FARC de Colombia, y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile y destacan que “La miseria y el olvido han llevado a parte del movimiento popular a hacerse escuchar y a defender sus intereses de clase con las armas". La diplomacia de Paraguay informó que “el EPP es una organización terrorista que no discrimina, secuestra con fines extorsivos, mata y siembra el terror usando todos los medios, incluidos el reclutamiento de niños”. Las menores vivían en la provincia de Misiones y tienen DNI argentino y se las identificó como Aurora, hija de Magna Meza; y Liliana, hija de Liliana Villalba, dos líderes del EPP. El gobierno paraguayo insiste en demostrar que las niñas eran parte de la guerrilla y que estaban desde hace tiempo en ese país.

Alberto Fernández incorporó a nuestro país al Foro de San Pablo, uno de los principales instrumentos para que la alianza conspirativa y antidemocrática de Chávez y Castro tenga aspecto de política. Reivindica como parte de sus logros la expansión de lo que llama gobiernos de izquierda como los de Lula da Silva en Brasil, Correa en Ecuador, Ortega en Nicaragua, Morales en Bolivia, los Kirchner en Argentina, Lugo en Paraguay, Funes en El Salvador, Humala en Perú, Fernández de República Dominicana y Nicolás Maduro en Venezuela.

La postura del oficialismo

El Dr. Alberto Fernández apuesta por el diálogo para resolver los conflictos de tierras en los que están involucradas comunidades indígenas, y campesinos, pero hay diferencias dentro de la coalición gubernamental que han recibido duras críticas de la oposición.

La tensión entre los grupos “indígenas” que reclaman tierras y vecinos que los acusan de usurpadores y violentos se mantiene viva, mientras las acciones políticas se enmarcan en discursos militantes que cuestionan los criterios jurídicos vigentes según los cuales un reclamo territorial es legítimo sólo en el caso en que pueda probarse que antepasados directos vivieron en ese preciso lugar y fueron ilegalmente despojados. Además, recordemos que en 2007 -durante el gobierno de Cristina Fernández Vda. de Kirchner, fue sancionada la Ley Antiterrorista que podría abarcar las protestas sociales o políticas que ocurran en el país, por lo que -como ocurrió en 1947- las víctimas, -en este caso los propietarios- podrían llegar a ser criminalizadas…

Estamos naturalizando todo, la corrupción, la inseguridad, la falta de salud, la falta de educación, la violación de los DDHH, la honrabilidad de los funcionarios, la ineptitud, la falta de meritocracia y el avasallamiento a las instituciones. Todo un país signado por la necesidad de impunidad de una familia, y la destrucción absoluta de la Argentina. El relato oficial, basado en las cadenas ideológicas para fijar vocabularios y sentidos en los lenguajes, han tenido y tienen una particular y específica tracción tanto política, como jurídica. Todos los días somos víctimas de una guerrilla informativa (mentiras, relato, obsecuencia, y distracción) con acontecimientos, de los cuales el ciudadano no se da cuenta o prefiere hacerse el distraído y tanto nuestra Democracia, como nuestra sociedad, se ve amenazada -silenciosa y sistemáticamente día a día- por el desmembramiento.

“No te mientas a ti mismo; el hombre que se miente a sí mismo y escucha sus propios engaños, acaba por no poder distinguir su propia verdad”. Fyodor Dostoyevsky