Jorge Quispe C. / La Paz
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió ayer al Estado boliviano, a través de un comunicado de prensa, promover el diálogo para la generación de consensos, reconciliación y garantías para el desempeño del trabajo periodístico en el país. La organización solicita además al Gobierno sancionar a los autores de los delitos cometidos durante el último paro contra la Ley 1386, abrogada luego por el Gobierno.
La CIDH “expresa su preocupación ante situaciones de violencia reportadas durante recientes manifestaciones en Bolivia y llama al Estado y a la sociedad boliviana a atender las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI)-Bolivia, en el sentido de promover diálogos para la generación de consensos dentro del Estado Plurinacional”, indica el comunicado. La entidad, con sede en Washington, Estados Unidos, es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Añade que hicieron seguimiento de las movilizaciones que gremiales, transportistas y cívicos iniciaron el 8 de noviembre con la exigencia de la abrogación de la Ley 1386 o Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo. Habla además de “presuntos excesos de la Policía”.
“La CIDH tomó nota de reportes de la Defensoría del Pueblo, quien denunció y lamentó la muerte de una persona en Potosí durante una manifestación; según la información disponible, ese hecho se encuentra bajo investigación de la Fiscalía Departamental; además de las denuncias de presuntos excesos de las fuerzas policiales”, agrega.
Trabajo periodístico
La Comisión indica que tuvo conocimiento de los comunicados de la Defensoría que denunciaron “agresiones y obstáculos para el ejercicio de la labor periodística, enfrentamientos entre personas ciudadanas, amenazas a personas con liderazgos sociales o funciones públicas y actos de hostigamiento afectando a la Casa de la Mujer, en Santa Cruz, entre otros”.
Ante ello, la CIDH exige a las autoridades del Estado garantizar la libertad de expresión. “Reitera que la protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los periodistas puedan cubrir hechos de interés público como las referidas a manifestaciones sociales de forma libre y segura”. Un recuento que hizo Página Siete identificó al menos ocho ataques a la prensa desde el 29 de octubre, siete de ellos durante el paro.
La CIDH recuerda la importancia de crear “un ambiente que fomente un proceso de diálogo, reconciliación y la desactivación de las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad boliviana, y se une al reciente llamado al diálogo de la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
Recuerda que el GIEI-Bolivia en su conclusión 8 del Informe Final habló de la importancia “de construir un espacio de diálogo democrático e inclusivo que combine mecanismos de la democracia representativa con la participación directa en una deliberación pública pacífica”.
La CIDH llamó también al Estado a investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables intelectual y materialmente de los delitos cometidos en este contexto (el paro), observando las reglas del debido proceso.
7 ataques sufrió la prensa durante el periodo de conflicto entre movilizados y Gobierno.
“Exige que las autoridades aseguren condiciones necesarias para que los periodistas puedan cubrir hechos de interés público”.
Informe de la CIDH
Fuente: www.paginasiete.bo
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